El 12-M catalán irrumpe en las relaciones Canarias-Estado y de CC son Sánchez

Una clara sensación de nuevo reparto de cartas se ha instalado en la política nacional tras el adelanto electoral en Cataluña para el 12 de mayo y la posterior decisión del Gobierno central de renunciar, como consecuencia de ello, a presentar unos nuevos presupuestos. Cataluña marca de nuevo el devenir de la legislatura y a ello no se sustrae ningún aspecto de la agenda política, ni mucho menos ningún otro territorio del Estado. El impacto de esta situación en Canarias es claro tanto a efectos prácticos, como a efectos políticos, y trastoca gravemente las dos líneas de actuación que desde las islas se estaban desarrollando en el marco de la legislatura y la política estatales: las relaciones entre los gobiernos regional y central, y la estrategia de CC en Madrid de apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cambio del desarrollo de la agenda canaria que ambas partes pactaron en septiembre pasado.

Las elecciones catalanas en sí mismas son ya un elemento determinante respecto al futuro de la legislatura, pero si a ellas se les suman las vascas del 21 de abril y las europeas del 9 de junio, el resultado concreto es que se abre ahora un paréntesis que cuando se cierre a principios de verano dejará un escenario total de nuevo tiempo político en el que no cabe descartar nada, incluida una convocatoria electoral en el Estado para el otoño. Es un horizonte del que Sánchez y el PSOE tratan de escapar a toda costa, todavía atados a las consecuencias de la ley de amnistía, pero ni el presidente ni su partido están dando muestras de poder controlar lo que pasa a su alrededor desde hace tiempo.

El golpetazo al tablero político nacional que han supuesto el adelanto electoral en Cataluña y la prórroga presupuestaria en el Estrado han provocado una enorme inquietud tanto en el Gobierno de Fernando Clavijo en las Islas, como en las filas nacionalistas. De alguna manera, uno y otros habían atado buena parte de sus respectivas estrategias, obviamente complementarias entre sí, al menos durante dos años, a su capacidad de poder lograr un amplio desarrollo de esa agenda canaria que incluye una larga lista de reivindicaciones canarias en sus relaciones con el Estado. Y el presupuesto de 2024 era precisamente la pista de aterrizaje principal para hacerla efectiva, objetivo para el que las negociaciones estaban muy avanzadas. Todo se ha ido al traste en este ámbito.

Gestionar la contrariedad

Tanto el gabinete de Clavijo como la dirección de CC están tratando en estos primeros compases del nuevo tiempo de gestionar la contrariedad y la inquietud que les ha provocado la definitiva prórroga de los presupuestos estatales de 2023. Evitan entrar en pánico porque sería tanto como reconocer un fracaso de la agenda canaria y los nacionalistas quedarían en muy mal lugar: habrían apoyado la investidura de Sánchez a cambio de poca cosa o nada, y dejaría también el programa de gobierno de Clavijo muy vaciado de contenido.

La diputada nacional de CC, Cristina Valido, expresó el pasado jueves en el Congreso con pocas palabras y gesto preciso lo que realmente está pensando su partido: “El Gobierno ha repetido hasta la saciedad que los acuerdos con Cataluña no iban a afectar a otros territorios. Pero este miércoles se convocaron elecciones en Cataluña y hoy no tenemos presupuestos”, afirmó desde la tribuna. “Las reglas del juego han cambiado”, vino a reconocer. Sus palabras simbolizan muy bien la situación y el malestar de los nacionalistas. De alguna manera, sin presupuestos y sin agenda legislativa importante hasta después del verano su papel en Madrid queda un tanto en paréntesis. Y a saber qué escenario político se va a encontrar para entonces.

Las consecuencias prácticas en Canarias de la ausencia de nuevo presupuestos estatales están siendo resaltadas estos días por todos los agentes políticos y sociales de las Islas: pérdida de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica calculadas para el nuevo año respecto a las de 2023, aunque parece que el Estado garantiza algún tipo de corrección de este efecto; la no actualización de las ayudas ligadas al REF y otras partidas; y la eliminación de las inversiones previstas para el nuevo año. En un primer acercamiento del Gobierno regional a la nueva situación se está poniendo el énfasis, más que en la mera queja, en buscar una alternativa a negociar con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para recuperar, bajo alguna fórmula legislativa distinta a la ley de Presupuestos Generales del Estado, la mayor cifra de fondos y partidas posibles que den cobertura a los compromisos presupuestarios de la agenda isleña, que no estaban cuantificados, sin embargo. Ahora todo depende de qué se pueda salvar y, si la legislatura resiste a los procesos electorales de primavera, de la negociación para los presupuestos ya de 2025.

Clavijo cuida las formas

También desde el Ejecutivo regional y desde el propio Gobierno de Sánchez, se trata de aislar el efecto perverso de la definitiva prórroga presupuestaria del resto de los asuntos del documento firmado entre CC y el PSOE en Madrid, especialmente para intentar cerrar un acuerdo sobre la reforma legislativa necesaria que vehicule el traslado de menores migrantes no acompañados desde Canarias al resto de comunidades autónomas. Justo el día después de la decisión de Sánchez sobre renunciar a nuevas cuentas públicas, Clavijo y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, avanzan en la formulación de una propuesta. No es casual, en el marco del contexto político de las últimas semanas marcado por el caso de presunta corrupción del ‘caso Koldo’ y las polémicas contrataciones para el suministro de mascarillas durante la pandemia que hizo a la trama el gobierno canario entonces presidido por Torres, que Clavijo se haya mantenido al margen de las críticas y haya evitado pedir explicaciones o exigido responsabilidades políticas.

Pero las relaciones entre Canarias y el Estado van a verse sometidas sin duda al estrés de la situación política estatal y las consecuencias de los procesos electorales comentados, entre ellas la de la imposibilidad de poner sobre la mesa una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Otra vez, y van diez años de retraso. Y esa posible tensión por el posible impacto que todo ello vaya a tener en la ejecución de la agenda canaria cambiaría también el papel y la estrategia de CC en las Cortes, el de Valido en el Congreso y el de Pedro San Ginés en el Senado. El apoyo nacionalista a Sánchez se resquebrajaría, si bien tratarán de minimizar en un principio los desencuentros para evitar un reconocimiento del fracaso de su estrategia en Madrid.

En este mapa de relaciones entre territorios y gobierno central, y entre PSOE y socios parlamentarios, está claro que Cataluña es el hito que marca la pauta de la legislatura. Pero llama la atención el hecho de que todos los socios nacionalistas del Gobierno salvo CC están inmersos en procesos electorales en sus respectivos territorios (PNV y EH Bildu en el País Vasco, y ERC y Junts en Cataluña), o lo han estado recientemente (BNG en Galicia), y en todos ellos con expectativas (pasadas o futuras) de gobiernos de coalición con algunos de ellos. Prácticamente, en todos estos casos se pone en juego también el devenir o la dinámica de la legislatura estatal. Es decir, CC no está en disposición de jugar las mismas cartas que el resto de nacionalistas, mientras Sánchez tiene por ahora más razones políticas para mirar hacia otros territorios antes que a Canarias.