Canarias formará a los migrantes extutelados y fomentará su contratación

El Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural pone sobre la mesa 61 medidas para fortalecer la diversidad de la sociedad canaria y facilitar la integración de quienes llegan desde otros países. Uno de los colectivos en los que pone especial atención es el de los jóvenes migrantes extutelados por el Gobierno de Canarias, quienes se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad al cumplir los 18 años, ya que carecen de una red social de apoyo que les facilite el paso hacia la vida adulta. El programa contempla la puesta en marcha de «itinerarios formativos duales con inserción laboral obligatoria» en sectores en los que exista una alta demanda de mano de obra, con el fin de integrar al mayor número posible de estos jóvenes en el mercado laboral. Además, se implantará una línea de «incentivos a la contratación» destinada a las empresas que contraten a extuteladas a lo largo de los próximos tres años.

El documento, que se encuentra en fase de última revisión, verá la luz en el primer semestre del año, según anunció Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social en comisión parlamentaria, y se empezará a implementar este mismo año. Actualmente, esta consejería cuenta con un sistema de recursos de acogida para jóvenes extutelados, pero el nuevo plan va más allá y quiere impulsar un programa de emancipación, que garantice su inserción en todos los ámbitos.

Uno de los ejes de esta iniciativa es la educación, pues en las Islas el alumnado de nacionalidad extranjera muestra una tendencia creciente frente al alumnado de nacionalidad española, mucho más acusado en las etapas de la educación obligatoria, en las que uno de cada diez estudiantes son foráneos. En lo que respecta a la educación postobligatoria, durante el curso académico 2021-2022, en las diversas modalidades de bachillerato, la población extranjera representaba el 7,29% del total de alumnado; y en la formación profesional, el 5,7% de los estudiantes son de otros países.

El plan canario, promovido por el Gobierno autonómico y la Universidad de La Laguna, propone perfeccionar el proceso de incorporación de los migrantes en el sistema educativo, para lo que plantea establecer un protocolo de inserción de este alumnado «con la supervisión de profesionales de la mediación intercultural» antes del próximo curso escolar. Además, apuesta por mejorar el proceso de homologación de titulaciones académicas, «estableciendo un protocolo con los consulados de los países de origen» para facilitar los trámites y la obtención de documentos oficiales.

Sanidad universal

El ámbito de la sanidad se enfoca desde «la promoción de la igualdad de trato». El programa insta a crear una sola tarjeta sanitaria universal que permita el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud y a la atención sanitaria con cargo a los fondos públicos a todas las personas extranjeras que tengan o no su residencia legal en Canarias. También aboga por formar al personal del Servicio Canario de la Salud (SCS) y elaborar guías para mejorar el diagnóstico y tratamiento de afecciones de los migrantes, así como sobre enfermedades con alta prevalencia en los países de origen de las principales procedencias. 

El programa busca mejorar la integración del alumnado extranjero en las aulas

El Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural toma los Derechos Humanos como marco y lo asume como eje transversal. Ante las dificultades administrativas que encuentran las personas migrantes para acceder a las ayudas sociales, el proyecto apuesta por traducir a diferentes idiomas la información sobre las prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales municipales y «elaborar protocolos para mejorar la coordinación entre los profesionales que atienden a los migrantes». En Canarias, el 14% de las personas que reciben la renta mínima de inserción social es de origen extranjero; y el 0,5% de la población foránea de las Islas percibe rentas mínimas, frente al 0,6% de la población española. 

El 20,4% de los habitantes del Archipiélago es de origen extranjero. Casi la mitad, el 49,7%, proceden del continente americano, mientras que el 35,6% es europea y el 9,4% africana. Según señala plan, dos de cada diez trabajadores de las Islas son foráneos y la tasa de paro entre los migrantes es del 19,6%. Por esto, busca fomentar «el acceso igualitario al empleo como elemento de inclusión social» y propone la creación de «un servicio itinerante de asesoramiento laboral vinculado con los ayuntamientos y los cabildos insulares». En lo que respecta a las viviendas en Canarias, dos de cada diez cuentan, al menos, con una persona de origen extranjero. En los últimos siete años el porcentaje de hogares con, al menos, una persona migrante, se ha incrementado en 31.000 viviendas. Así, otro de los objetivos que se marca el proyecto es el de promover el acceso igualitario a la vivienda.

Crisis migratoria

Para la gestión de la crisis humanitaria desatada por la numerosa llegada de cayucos, el plan defiende la mejora de la planificación institucional ante los flujos migratorios, para lo que quiere establecer un protocolo de actuación a lo largo de este año. Además, de cara a 2025, plantea elaborar una «guía de emergencia» para el alojamiento de personas en recursos públicos del Gobierno de Canarias y de las corporaciones locales de acuerdo con los estándares de la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Además, habilitará un servicio regional para supervisar el estado de los centros y los servicios en los que se acoge a las personas migrantes.

Las Islas tendrán un protocolo común para las pruebas de determinación de edad

También proyecta agilizar el proceso para determinar la edad de los jóvenes migrantes que llegan al Archipiélago de manera irregular. Para esto, propone la elaboración de un protocolo de intervención que unifique criterios antes de 2025, ya que ahora no existe una guía común para los dos Institutos de Medicina Legal de las Islas y cada uno realiza las pruebas de manera independiente. Además, apuesta por trabajar en un protocolo para «garantizar el mantenimiento de las relaciones de parentesco positivas durante el proceso de atención humanitaria».

La lucha contra la discriminación es otro de los pilares del plan canario. Entre 2015 y 2021, se realizaron en Canarias 187 llamadas telefónicas alertando sobre incidencias de carácter racista, lo que supone un 3% del total de llamadas realizadas en todo el territorio nacional. En cuanto a los hechos conocidos como delitos de odio de índole racista, en las Islas se registraron 142 entre 2015 y 2021, y se detuvieron a 34 personas acusadas por delitos de odio de tipo racista. En este ámbito, el proyecto manifiesta la necesidad de trabajar para mejorar la identificación y reparación de situaciones de discriminación en el desarrollo de las políticas públicas y sus procedimientos administrativos, así como «mejorar la respuesta de las administraciones a la diversidad etnocultural de la sociedad canaria». 

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