Ramírez atribuye a "filtraciones malintencionadas" la difusión de la querella abierta por un delito de fraude
El presidente y accionista mayoritario de la UD Las Palmas emite su visión sobre la denuncia de la Fiscalía por fraude en la compra de mascarillas
Miguel Ángel Ramírez, presidente y accionista mayoritario de la UD Las Palmas, ha querido aclarar mediante un comunicado la querella por fraude a Hacienda por la compra de mascarillas que la Fiscalía ha interpuesto contra cuatro empresarios, entre ellos el propio Ramírez.
El empresario grancanario asegura que su labor "consistió únicamente en la intermediación, en un contexto de máxima dificultad y extrema urgencia, para satisfacer las necesidades de la sanidad pública", desmintiendo que "no se entregaran diez millones de euros en material contratado", como establece el Ministerio Público.
Comunicado de Miguel Ángel Ramírez
Ante las distintas informaciones que han venido apareciendo en diferentes medios de comunicación, derivadas de filtraciones malintencionadas que poco tienen que ver con la realidad, deseo aclarar lo siguiente.
- La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha interpuesto una querella únicamente por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública en materia de IRPF, en los ejercicios 2020 y 2021 contra mi persona.
- Consta en las actuaciones que la propia Fiscalía Europea, a quien se le dio traslado de los hechos objeto de la querella, decidió no investigar ningún otro delito, al no apreciar indicios de su comisión.
- Jamás vendí u oferté producto sanitario alguno al Servicio Canario de Salud, con el que nunca establecí relación comercial. Mi labor consistió únicamente en la intermediación, en un contexto de máxima dificultad y extrema urgencia, para satisfacer las necesidades de la sanidad pública
- Lamento profundamente que alguien pueda afirmar que no se entregaron diez millones de euros en material contratado a cualquiera de las empresas mencionadas.
Esta afirmación es rotundamente falsa. Se entregó todo el material contratado en perfecto estado, condición indispensable para satisfacer los pagos.
Esta es la tercera causa penal que se abre por compras de material sanitario en Canarias durante el estado de alarma: la primera examina una presunta estafa de 4 millones de euros en el suministro de mascarillas que ya costó el cargo al director del SCS, Conrado Domínguez, y la segunda analiza los cuatro contratos por más de 12 millones de euros adjudicados a la empresa relacionada con el llamado caso Koldo, también por la compra de cubrebocas.
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