La jueza indaga un fraude fiscal de Miguel Ángel Ramírez y otros tres empresarios con material sanitario en Canarias

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha abierto una investigación por un presunto delito contra la Hacienda Pública en dos ventas de material sanitario al Gobierno de Canarias por un importe de 22,9 millones entre 2020 y 2021. Están imputados por esta causa el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, el intermediario madrileño Noel Jammal Fernández y el empresario Christian Cerpa Espino. 

La jueza inició el 7 de febrero la instrucción tras detectar indicios de un presunto fraude fiscal por los beneficios obtenidos por las operaciones de compraventa. En el auto se detallan los presuntos delitos fiscales de Rodríguez, Bravo de Laguna y Cerpa, pero no los de Jammal. Las indagaciones se inician "sin perjuicio" de que en el desarrollo de la Instrucción puedan apreciarse indicios de otros delitos de blanqueo de capitales, corrupción y malversación, como acusan la Fiscalía y la Agencia Tributaria en sus respectivas querellas. 

La Fiscalía de Las Palmas elevó la denuncia a la Fiscalía Europea porque una parte del dinero que utilizó el Gobierno de Canarias para comprar el material sanitario procedía de fondos europeos. Sin embargo, la Fiscalía europea se inhibió a favor de la especializada en delitos económicos en Las Palmas, dirigida por Evangelina Ríos. 

La indagación inicial afecta solo a la dotación para la RIC de los beneficios de la compraventa

Las entidades Damco Trading Services y Tanoja Services fueron adjudicatarias en 2020 y 2021 por el Servicio Canario de Salud (SCS) para suministrar mascarillas, test de antígenos y otros materiales médicos a los hospitales de las Islas. Las empresas, con domicilio fiscal en Madrid y con Noel Jammal Fernández como administrador único, facturaron 15.891.610 euros en 2020 y 7.016.000 euros en 2021. 

La Fiscalía sostiene en su querella que una parte de las cantidades recibidas por el SCS fueron transferidas a Tabaiba Capital S. L. U., en la que ejerce Miguel Ángel Ramírez como administrador único, a B&M Sport Marketing S. L., con Lucas Bravo de Laguna como administrador único, y a Christian Cerpa. Sin embargo, el Ministerio Público mantiene que ninguno de los perceptores justificó haber realizado actividad alguna relacionada con las ventas de materiales sanitarios de las que derivaban los ingresos millonarios. 

La denuncia de la Agencia Tributaria añade que no se ha demostrado que fuera necesaria la intervención de los tres beneficiarios porque Damco Trading Services contrataba al Servicio Canario de Salud y a una tercera empresa las labores de transporte de mercancías, recepción y chequeo. Además, era quien asumía el riesgo en caso de que el material no llegara o a su retira si llegaba con defectos. 

Adjudicaciones millonarias

La querella recoge una primera transferencia en 2020 por parte del SCS a la empresa de Noel Jammal Fernández por un importe de 15.891.610 euros para la compra de suministros médicos. Esta entidad pagó 4.589.085 euros, según la acusación, a la empresa del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Con el mismo proceder, presuntamente derivó otros 252.000 euros a Christian Cerpa Espino. De la cantidad percibida por Ramírez, habría pagado 1.294.385 euros a la empresa de Bravo de Laguna, la cual derivó 311.305 euros a Cerpa.

La denuncia añade que en el año 2021 continuaron las adjudicaciones del Gobierno canario a Damco Trading Services para suministrar a los hospitales de las Islas los materiales necesarios, a los que además se suman nuevas adjudicaciones a nombre de Tanoja Services, entidad vinculada a la primera y gestionada una vez más por Jammal. De esta forma, Damco recibió 2.786.000 euros y Tanoja 4.230.000 euros del SCS, siempre según la acusación. 

En el transcurso de 2021, la Agencia Tributaria describe una transacción de 280.400 euros procedente de Damico Trading y de 86.210 euros procedente de Tanoja Services que habrían ido a parar a Christian Cerra Espino. A la entidad de Miguel Ángel Ramírez presuntamente derivaron cuantías de 2.338.000 y de 2.196.000 euros, de los que este pasó 1.059.349 euros a la empresa de Lucas Bravo de Laguna. Este último abonó otros 295.341 euros a Christian Cerpa. 

Tabaiba no tenía actividad en los tres años previos a que se cerraran acuerdos multimillonarios

La jueza determina para admitir la querella a trámite que Tabaiba no ha ordenado medios propios de producción o recursos humanos para las tareas encomendadas y, por tanto, los ingresos de Damco declarados por la entidad de Miguel Ángel Ramírez "no se consideran procedentes de una actividad económica y no serían aportos para dotar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)". 

Según las acusaciones, Tabaiba Capital S. L. U., pese a que tenía como objeto social la compraventa de valores inmobiliarios y el alquiler de viviendas, no realizaba ninguna actividad empresarial y presentó declaraciones del Impuesto sobre Sociedades a cero en los tres años anteriores a los hechos descritos. 

En el caso de B&M Sport Marketing, una entidad creada para captar patrocinios de la Unión Deportiva Las Palmas y organizar eventos deportivos, carece de trabajadores desde 2018. 

Christian Cerpa Espino, por su parte, trabajaba en colaboración con dos abogados para gestionar la tramitación de incapacidades y consigna rentas de 500 euros mensuales en sus declaraciones de IRPF correspondientes a los tres años anteriores a la pandemia.