Irregularidades en la gestión del covid | Comisión de investigación en el Parlamento de Canarias
CC y PP señalan a Torres por todas las compras irregulares de material sanitario en pandemia
La investigación parlamentaria pondrá la lupa a la «trama de corrupción» de la etapa en la que el ahora ministro presidió "el gobierno más deshonesto y despilfarrador de la historia»
Luz Reverón y José Alberto Díaz Estébanez durante el resgistro de la solicitud de la comisión de investigación / Andrés Gutiérrez
Salvador Lachica
El Parlamento de Canarias no va a investigar ni el caso Koldo ni el caso mascarillas sino "el caso Torres", como lo bautizó la portavoz parlamentaria del PP, Luz Reverón. ¿El motivo? Que los dos primeros son meros capítulos de todas las "chapuzas para favorecer a amiguetes o recomendados del PSOE" que han dilapidado, según los cálculos de Reverón, 45 millones de euros y que se hicieron en la contratación pública de suministro de mascarillas y material sanitario durante la pandemia "bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres en el Gobierno más deshonesto y despilfarrador de la historia" de Canarias.
Un gabinete que, además, suscribió "un pacto de silencio" para impedir cualquier investigación parlamentaria sobre lo que es "una trama generalizada de corrupción" y cuyo último capítulo conocido es el caso Damco, relativo a la investigación judicial sobre dos ventas de material sanitario al Gobierno del pacto de las flores por un importe de 22,9 millones en las que están involucrados, entre otros, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el presidente de Unidos Por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna.
Estos son los argumentos esgrimidos por Reverón y el nacionalista José Alberto Díaz Estébanez y tras registrar en la Cámara regional la solicitud de crear una comisión que investigue "las responsabilidades políticas inherentes a la gestión de la contratación del Servicio Canario de Salud del Gobierno de Canarias del material sanitario para hacer frente a los efectos de la Covid-19".
Díaz Estébanez (CC) no descarta que comparezcan Román Rodríguez, Julio Pérez, Sebastián Franquis, Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna
Una investigación al margen del devenir judicial de los hechos que están siendo dilucidados y de las que se llevarán a cabo en el Congreso, el Senado y otros parlamentos autonómicos y a la que "parece lógico" que sean llamados todos los miembros del comité de gestión que en su momento abordó la compra del material sanitario debido a la emergencia pandémica: desde el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hasta José Julián Istúriz, pasando por el exvicepresidente Román Rodríguez y los exconsejeros Julio Pérez o Sebastián Franquis.
Hechos, no nombres
"No investigaremos nombres, sino hechos, y aunque centramos el tema en la operación de compraventa de material sanitario, más allá de los delitos societarios.no descartamos que venga cualquiera, también los empresarios", aseguró Díaz Estebánez en referencia a Ramírez y Bravo de Laguna.
Para CC y PP, "si hace 474 días no se nos hubiera impedido poner en marcha la comisión del caso mascarillas, posiblemente se habría conocido antes las irregularidades de la trama del caso Koldo".
"Todo hace pensar que el caso mascarillas es una operación llevada a cabo por un alumno aventajado que vio el éxito de la operación que llevó a cabo la mano derecha del exministro Ábalos con el SCS", insistió Díaz Estébanez.
Por ello, consideró que ante este cúmulo de indicios el Parlamento canario "no puede permanecer impasible ante la gravedad de los hechos que se van conociendo y actuará en consecuencia por decencia, dignidad y justicia".
Reverón (PP) insiste en que «se gobernó con ligereza, falta de diligencia y falta de control»
Por su parte, Reverón insistió en que la totalidad de las irregularidades detectadas demuestran que no se trata de «caso aislado», pues se concatenan «los tres millones de unidades de material inservible en los almacenes de hospitales, que costaron 6 millones, más los cuatro millones de las mascarillas que nunca llegaron, más los doce que se llevó el hombre de paja del exministro Ábalos y los 23 millones» que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega.
"Torres gobernó con ligereza, falta de diligencia y control y ya se ha acabado el pacto de silencio; tendrá que responder por las buenas o por las malas", concluyó.
La solicitud de crear la comisión investigadora deberá ser debatida y aprobada por el pleno de la Cámara, previsiblemente en la primera sesión ordinaria tras el Debate sobre el estado de la Nacionalidad que se celebrará del 12 al 14 de marzo.
‘Caso mascarillas’
Además de la compra de un millón de mascarillas por un importe de cuatro millones a la empresa RR7 sin que se hiciera entrega del suministro, el SCS autorizó gastos sin la autorización del Consejo de Gobierno: seis millones de guantes de nitrilo, 700.000 mascarillas KN95, 600.000 escobillones y 200.000 batas de aislamiento (6,9 millones de euros en total); un millón de mascarillas FFP2, 113.000 test rápidos, 748.700 guantes de nitrilo (4 millones), además de mascarillas, batas, hisopos y test PCR por importe de 2,8 millones de euros. De los 81,9 millones de eruros que el SCS concentró en contratos con 16 empresas, el 22,8% corresponde a tres cuyo objeto social no se corresponde con la venta de materiasl sanitario (RR7, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas e Innjoo Technology). El pasado mes de octubre el Tribunal de Cuentas arcchivó de forma provisional el caso porque, pese a reconocre el daño a las arcas públicas de cuatro millones de euros, constaba como acreditado que se había iniciado por parte del Servicio Canario de Salud el procedimiento tendente a la recuperación del dinero. Entre los investigados se encuentran, entre otros, el exdirector del SCS, Conrado Domínguez (que en su momento dimitió de su cargo debido al caso), por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, por presunta prevaricación administrativa y el administrador único de RR7, Rayco González, por presunta estafa agravada y blanqueo de capitales. Con todo, la causa penal sigue abierta en la Fiscalía Europea, que reclamó la competencia por el uso de fondos europeos.
‘Caso Koldo’
La empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, vinculada al exasesor y persona de confianza del exministro José Luis Ábalos, firmó varios contratos con SCS el 22 de abril de 2020. Uno ascendía a 2.095.018 euros para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 del tipo FFP2, en el que se cobraba 447.061 en concepto de servicio de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte, y otro de 4.775.500 también para la adquisición de mascarillas FFP2. El segundo investigado, fechado el 4 de mayo, tenía un importe de cinco millones de euros para suministrar dos millones de mascarillas KN95. Cerca de una cuarta parte todo lo que facturó la empresa con las administraciones públicas en 2020 fue en Canarias: 12,2 millones de euros. En ese momento el SCS estaba dirigido por Antonio Olivera, que en la actualidad es jefe de gabinete de Torres en el Ministerio dePolítica Territorial, y el consejero de Sanidad en funciones, por el cese de Teresa Cruz, era Julio Pérez.
‘Caso Damco’
Las entidades Damco Trading Services y Tanoja Services fueron adjudicatarias en 2020 y 2021 por SCS (siendo directores Antonio Olivera, Alberto Pazos y Conrado Domínguez) para suministrar mascarillas, test y otros materiales médicoss a los hospitales. Las empresas, con Noel Jammal Fernández como administrador único, facturaron 15.8 millones en 2020 y 7,1 millones en 2021. Una parte de las cantidades fueron transferidas a Tabaiba Capital, con Miguel Ángel Ramírez como administrador único, y a B&M Sport Marketing, con Lucas Bravo de Laguna como administrador único. La Fiscalía inició lainvestigación penal a raíz de la denuncia de la Inspección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), al observar una discordancia entre los pagos realizados a las compañías y el material suministrado.
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