Yanes investigará el retraso en el uso del aparato para fijar la edad de los migrantes

El Diputado del Común, Rafael Yanes, anunció ayer la apertura de «una actuación de oficio» para conocer si el ortopantomógrafo que compró el Gobierno de Canarias para determinar la edad «de las personas migrantes que dicen ser menores» se pondrá próximamente en funcionamiento».

El equipo fue adquirido por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y se entregó en el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife el 25 de enero. Casi un mes después el aparato sigue en una caja pese a que resulta clave para agilizar las pruebas de edad de los migrantes, que padecen un considerable retraso. En la isla de Tenerife solo se puede realizar este examen en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. La situación de bloqueso no es igual en Gran Canaria.

Los representantes sindicales aseguran que el problema que paraliza la puesta en marcha del ortopantomógrafo es la falta de un espacio adecuado para instalarlo, mientras que el Ejecutivo autónomo argumenta que está a la espera de incorporar un ordenador para utilizarlo y que ya está tramitada la compra del equipo informático.

«La determinación de la edad de las personas sobre las que hay duda es fundamental para proteger sus derechos, en el caso de que sean menores», recordó el máximo responsable de la Diputación del Común en el Archipiélago tras la visita que realizó junto a Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna

El objetivo de la presencia de Gabilondo ese campamento era conocer de primera mano cómo es la recepción de las personas migrantes que llegan a la Isla.

Rafael Yanes se mostró agradecido por la implicación personal del Defensor del Pueblo con la complicada situación que se vive en Canarias respecto a la acogida de migrantes. «El Defensor del Pueblo ha estado en contacto permanente con nosotros para conocer los medios con los que cuenta el Estado para atender a estas personas, y especialmente la situación de los menores no acompañados». En la actualidad la Comunidad Autónoma tutela a más de 5.700 y se confiesa en el «límite», por lo que reclama al Ejecutivo central la reforma de las leyes de menor y de extranjería para obligar a reparto equitativo de estas personas por el resto regiones del país.

Al respecto, Yanes reveló que, apoyado por todos los defensores del pueblo autonómicos, «propuso a todos los gobiernos de las comunidades autónomas un reparto solidario en el caso de los menores no acompañados, y el cumplimiento de las competencias del Estado en materia de migración en el caso de los mayores de edad», señala en un comunicado.

El centro de acogida temporal de Las Raíces abrió sus puertas hace tres años en el marco del Plan Canarias del Estado. Desde entonces, ha vivido diferentes etapas. La más compleja se produjo en las semanas posteriores a su apertura, ya que hubo numerosas quejas relacionadas con la comida y otros servicios, así como diferentes peleas, en un recurso donde había un número considerable de migrantes, sobre todo de origen subsahariano. Actualmente, con las derivaciones constantes a centros de la Península, el CATE está a menos del 40% de su capacidad, cifrada en un máximo de 1.500 plazas.

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