Hacienda da entrada a auditores privados para fiscalizar los fondos europeos

La Consejería de Hacienda allana el camino para que auditores privados fiscalicen los fondos europeos Next Generation ante la insuficiencia de medios con que cuenta la Intervención General de la Comunidad Autónoma. El Ejecutivo regional tiene que ejecutar hasta 2026 alrededor de 1.000 millones de euros adicionales procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que supone una dificultad añadida porque son recursos finalistas que hay que controlar, ejecutar y certificar correctamente para no tener problemas con la Comisión Europea. El departamento que dirige Matilde Asián quiere imprimir más celeridad a la ejecución de los fondos en el trienio 2024-2026 y uno de los factores esenciales para agilizar los procedimientos es contar con más medios humanos y materiales para el control y fiscalización de los recursos públicos.

Pero Hacienda quiere ir más allá y que los despachos de auditores y censores de cuentas colaboren de forma más regular en el control del gasto y las subvenciones del sector público de la Comunidad Autónoma bajo la supervisión de la Intervención, a través de una formación específica, incentivos y honorarios destinados a esta labor y unas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad acordadas con los profesionales, que deben guardar el secreto de su actividad con las cuentas públicas.

La consejera del área avala esta propuesta de la Intervención General. La legislación permite que los auditores privados puedan colaborar en la fiscalización de las cuentas anuales y desde el Estado la regulación limita a este ámbito la intervención del sector privado en la fiscalización del gasto público. La propuesta de la Consejería de Hacienda es reformar la normativa técnica para que la colaboración se extienda a otros trabajos de control más allá de las auditorías de las cuentas anuales. Uno de los argumentos de Hacienda es la complejidad de la estructura de la Comunidad Autónoma en la que conviven con la Administración organismos autónomos, agencias, consorcios, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas y fundaciones con sus propias normativas y regímenes de control.

Los fondos europeos adicionales provenientes del instrumento Next Generation han supuesto una mayor sobrecarga de trabajo sobre la Intervención General autonómica, que no cuenta con los medios suficientes para hacer frente a toda la fiscalización de forma ágil y diligente con el fin de cumplir los plazos fijados por la Unión Europea.

Colaboración público privada

La propuesta de Hacienda de introducir a los auditores privados en la fiscalización del gasto público forma parte de la estrategia del Ejecutivo de incentivar la colaboración público privada. Durante la inauguración de las I Jornadas de Auditoría y Fiscalidad en Canarias, la consejera Matilde Asián defendió que «lo importante es que los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos sean ágiles y eficaces, no importa tanto el órgano que los presta». La titular de Hacienda añadió que la normativa emanada tras la pandemia del Covid de la Unión Europea y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) supone que las administraciones públicas deben reorientar sus procedimientos con el fin de aliviar la carga burocrática que contienen sin menoscabar la seguridad jurídica de los mismos.

Asián defiende que la colaboración del sector público con el privado no solo supondría más agilidad y eficacia en la gestión, sino también poder acudir a la financiación privada ante la escasez de recursos públicos y controles de estabilidad presupuestaria, aprovechar los conocimientos y métodos de funcionamiento del sector privado y dar respuesta a los retos a los que se enfrenta la Administración de forma urgente y con soluciones viables.

A la propuesta de Hacienda de hacer más regular la participación privada en el control del gasto público se une otros ámbitos como el de las obras públicas y la vivienda, donde el Ejecutivo está fomentando la participación del sector privado para simplificar y dar más agilidad a la construcción de viviendas públicas.

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