En alerta contra una financiación a ‘la carta’ o a demanda de Cataluña

El Gobierno central está todavía lejos de poder poner sobre la mesa una propuesta concreta para la reforma del sistema de financiación autonómica comprometida por Pedro Sánchez en su investidura, pero el debate sobre sus posibles efectos sobre el conjunto del sistema y en los diferentes territorios aflora con frecuencia. Canarias mira de manera constante y con cierto temor los movimientos que se producen en el ámbito político sobre el calendario y el contenido de esa reforma anunciada, todavía de forma bastante especulativa, porque sería catastrófico para sus intereses que cualquier modificación no resuelva su déficit de financiación, ni asuma algunos de los criterios de reparto que necesita. Es una mirada muy extendida en realidad entre la mayoría de comunidades autónomas, sobre todo las peor financiadas en el modelo actual, y que se fundamenta en el hecho de que, en el contexto político en que va a producir de un Gobierno central sometido a las exigencias de sus socios catalanes, pueda suponer una reforma ‘a demanda’ de Cataluña que reste recursos para los otros territorios.

Ese es el temor expresado por ejemplo por los expertos de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) en un reciente estudio sobre los problemas del actual sistema y algunas propuestas para su reforma, pero también teniendo en cuenta los condicionantes políticos que hay en el horizonte.

Aunque la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que cualquier modificación requiere un pacto previo entre los dos grandes partidos estatales, el PSOE y el PP, y con acuerdo entre el conjunto de comunidades autónomas, muchos territorios temen que se busque algún subterfugio para satisfacer a sus socios catalanes y vascos (a PNV y Bildu con otros tipo de cesiones dado que el País Vasco tiene financiación diferencial por el llamado ‘cupo vasco’) a cambio de su apoyo parlamentario. En los pactos parlamentarios para la investidura, por ejemplo, se cerraron aspectos como que el Estado se haga cargo del 50% del coste del sistema de atención a la dependencia, o la condonación del 20 % de la deuda de Cataluña con el Tesoro Público por los créditos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Defensa del REF

Lo cierto es que el horizonte de la legislatura está ahora en entredicho por la pugna entre el PSOE y Junts per Catalunya respecto a la ley de amnistía, y que, por otra parte, Gobierno y PP están a años luz de un escenario de entendimiento incluso en políticas de Estado. En todo caso, el compromiso de Sánchez es el de presentar una propuesta «que garantice los recursos económicos que necesitan las comunidades autónomas basándonos en los principios de la equidad, la autonómica financiera y la corresponsabilidad fiscal», y que el criterio básico de distribución será el de población ajustada, como ya recogía la propuesta del Ministerio a finales de 2021. Ese documento, por cierto, levantó suspicacias en Canarias porque no aclaraba si los recursos del REF quedarían excluidos del conjunto de fondos que conforman el sistema de financiación, y porque la insularidad perdía ponderación.

El informe de Fedea, firmado por director ejecutivo de la entidad, Ángel de la Fuente, hace un diagnóstico sobre los principales problemas del actual sistema que lleva prorrogado una década, y sugiere que presenta tres lagunas fundamentales: El sistema es «excesivamente complicado y poco transparente» e «incomprensible para el ciudadano medio»; que su diseño «no responde a un criterio claro de reparto y nivelación»; y que «existe un déficit de autonomía en el ingreso y, sobre todo, de responsabilidad fiscal que limita innecesariamente la capacidad de actuación de las administraciones y tiende a generar un exceso de gasto». Para más inri, hay hasta 25 puntos porcentuales de distancia entre las comunidades mejor y peor tratadas, y «no es que las regiones pobres, o las ricas, estén sistemáticamente bien o mal financiadas, sino que hay un poco de todo».

Canarias defiende sus singularidades mientras vigila las demandas de vascos y catalanes

El estudio parte de una tabla de «financiación efectiva a competencias homogéneas» del año 2021 (el último liquidado) de las comunidades del régimen común en la que Canarias se encuentra entre las mejor tratadas, la quinta, con 3.173 euros, y un índice de financiación relativa de 107,1 %, es decir, siete puntos por encima de la media. Sólo la superan Cantabria (115,3), Baleares (114,6), La Rioja (112,7) y Extremadura (110,9).

Con todo, Canarias denuncia un déficit de financiación respecto al coste de los servicios que presta, sobre todo teniendo en cuenta los condicionantes de la lejanía y la insularidad y el hecho de que el actual modelo no excluye los recursos del REF en los criterios de reparto. De hecho, el Gobierno regional considera que en la liquidación de 2021 publicada por el Ministerio de Hacienda Canarias percibió 1.145 euros menos por habitante que la comunidad mejor financiada, Cantabria, y 377 euros menos que la financiación media per cápita estatal, situando al Archipiélago a la cola, superando solo a Baleares, con un déficit respecto al coste de los servicios de más de 700 millones.

Para muchos dirigentes políticos, la cuadratura de la futura financiación pasa por un incremento de las aportaciones estatales de en torno a 18.000 millones, pero Canarias exige sobre todo un reconocimiento y anclaje constitucional de su condición de región ultraperiférica, absoluta separación de los recursos del REF, y que recoja el peso que debe tener la insularidad o los parámetros de pobreza.

Regla de gasto

Además, las Islas ponderan otro elemento esencial para su financiación, y que exigen al Estado, como es la reforma de la regla de gasto para que puedan destinar más recursos propios no a amortizar deuda, sino para cubrir gasto en educación, sanidad y servicios sociales, o incluso a inversión. Esto le daría ventaja respecto a la mayoría de las comunidades por tener sus cuentas más saneadas y ser la de menor deuda por habitante. Es una batalla canaria paralela a la de la reforma del sistema de financiación que incidiría directamente en sus recursos disponibles.

De cara al futuro, la alarma que dibuja Fedea en estos tiempos inciertos en los que la dependencia del Gobierno de los partidos nacionalistas puede haber enrevesado más que nunca el camino hacia el consenso, ya no la enciende tanto la perspectiva de una reforma que se ve cada vez más distante, como el riesgo de que los desequilibrios del modelo vigente puedan incluso llegar empeorar a través de una «financiación a la carta». Así llama Fedea en su informe a la deriva «inadmisible» hacia una eventual negociación bilateral con algunas comunidades «que limitaría artificialmente la contribución de éstas a la redistribución regional y a la financiación de los gastos comunes del Estado». En principio, el experto señala el objetivo al que hay avanzar: un reparto más equitativo de recursos que garantice el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos en condiciones de razonable igualdad, y una mayor responsabilidad fiscal que obligue a las comunidades a considerar los costes de sus actuaciones.

Pero sugiere algunas fórmulas llamativas que cambiarían el paso al debate que ha dominado en los últimos tiempos, porque implica de manera directa a las dos comunidades con regímenes forales. Y es que propone una reforma coordinada del régimen común junto a los de País Vasco y Navarra, adaptando estos a la realidad del actual sistema para lograr una participación efectiva de ambos territorios en los mecanismos de nivelación y de solidaridad interterritorial. Además propone revisar la división de competencias entre las diferentes administraciones públicas y una reforma en varias fases.

La primera incluiría la creación temporal, hasta la reforma del modelo de un «fondo complementario de nivelación», calculado en 3.277 millones para el último año liquidado, a repartir entre las únicas cuatro comunidades cuya financiación está por debajo de la media.

Para la segunda fase, la propuesta de Fedea plantea la necesidad de una negociación previa entre los partidos políticos y más tarde entre comunidades autónomas, y es en este terreno en el que aparecen los temores sobre los posibles efectos del actual contexto político y configuración parlamentaria sobre el horizonte de la reforma. Así, señala el informe que los pactos de investidura alcanzados por el PSOE con los partidos nacionalistas podrían desbordar los límites de la cohesión territorial y social que debe inspirar cualquier nuevo modelo de financiación.

A partir de esta premisa, el informe señala que «podría iniciarse un sistema de financiación a la carta negociado de forma bilateral con algunas comunidades autónomas que limitaría artificialmente la contribución de éstas a la distribución regional y a la de los gastos comunes del Estado» algo que, resalta Fedea, «no sería admisible». Aunque esta situación ya existe en el caso de los territorios forales, y al respecto se apunta la necesidad de una corrección de la misma, el informe recalca que «no podemos permitir que el problema se extienda a otras comunidades de mayor peso económico» porque eso «privaría al Estado de los recursos para ejercer con efectividad sus funciones esenciales», entre ellas las de garantizar la cohesión territorial y social.

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