Las patronales tienden la mano al Gobierno canario para evitar que se pierdan fondos europeos

Las patronales canarias tienden la mano al Gobierno regional para intentar agilizar la parálisis en la gestión de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), una de las patas más potentes de los recursos Next Generation dotados para la transformación económica de Canarias. La baja ejecución de estos fondos –en 2023 solo se gestionó un 30%, en torno a 254 millones de los 584 consignados– no solo preocupa al propio Gobierno de Canarias, que está elaborando un plan de impulso para invertir estos recursos que se deben justificar ante Bruselas en 2026, sino a los empresarios.

Las patronales ven que la lluvia de millones concedida por Europa a España para aplacar los daños de la pandemia no está llegando, ni por asomo, a las empresas de las Islas. Remarcan que el embudo en la burocracia administrativa, por la farragosa elaboración de convocatorias o en la larga justificación de los expedientes debido a las exigencias comunitarias y estatales y a que no hay suficiente personal, requiere de una agilización urgente de estos fondos para no perderlos si no se ejecutan entes de finalizar 2026.

Por ello, esperan sentarse con el Gobierno para analizar la gestión y buscar mecanismos en los que puedan participar. Salvo el Servicio Canario de Empleo y el de Salud, con un 83% gestionado, el resto de áreas –Transición Ecológica, Justicia, Derechos Sociales, Educación, Vivienda o Agricultura– tienen un nivel de gestión muy bajo, según datos de la Consejería de Hacienda, que aún está cerrando el presupuesto del año pasado. Es más, desde 2021 han llegado 1.584 millones a Canarias para el período 2021-2024 procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La estimación de gasto actualizada es de aproximadamente 550 millones, y quedan por invertir en torno a 1.034 millones. En la Ley de Presupuestos canarios de 2024 está previsto un gasto de 460 millones de euros de los fondos MRR. Esto significa que en 2025 y 2026 la previsión de gasto será de 300 millones al año. Si no se cumplen los plazos ante Bruselas, se corre el riesgo de perder estos recursos muy vinculados a la transformación de las Islas, en materia de sostenibilidad, innovación o digitalización.

Inseguridad jurídica

Pero para los empresarios los problemas de gestión administrativa, bien por falta de personal o porque los efectivos contratados desconocen cómo gestionar con celeridad fondos de este tipo, no es solo la causa de la baja ejecución: la inseguridad jurídica que generan los cambios en la normativa del Estado, como ahora la decisión «unilateral de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o la propuesta de reducción de la jornada laboral», por poner ejemplos, provocan que las empresas se retraigan en las inversiones, remarca el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega.

Su homólogo de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, abunda que «no hay que olvidar que por cada euro de Europa las empresas aportan dos o tres», por lo que si no están claras las reglas del juego los empresarios prefieren no invertir. Para Alfonso hace falta personal cualificado para la gestión y subraya que la baja ejecución presupuestaria «lo que está haciendo es retrasando la recuperación económica en Canarias», porque aunque las Islas están recuperando el pulso con el sector servicios, sobre todo por el turismo, se está «desaprovechando la oportunidad de diversificar la economía» con los fondos MRR. Ortega, por su parte, recuerda que la inversión extranjera cayó un 30% el año pasado en España.

A juicio del vicepresidente ejecutivo de la CCE, José Cristóbal García, «es un problema de credibilidad, de la falta de confianza que hay en España por los cambios que se producen constantemente sobre normativas».

Por tanto, al menos en Canarias, los empresarios creen necesario que el Gobierno se siente a hablar con las patronales y buscar fórmulas más eficaces de gestión adaptadas a las singularidades isleñas, aseveran. La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, Salud Gil, lo tiene claro: « lo que hace falta es la gestión concertada con la iniciativa privada, es la única forma posible».

«Los fondos europeos son difíciles de gestionar» por todos los indicadores que pide Bruselas para justificarlos, expone. «La normativa europea choca con cuestiones como el desconocimiento de cómo se gestionan los fondos europeos y, por tanto, genera incertidumbre en quien tiene que aprobarlos porque el desconocimiento da miedo y lo que se hace retraerse y no se sacan los expedientes», explica Salud Gil. Y, por otro lado, la administración demora hasta un año los expedientes pidiendo documentos durante el proceso. «Ellos tardan meses en reclamar documentación pero a los empresarios les dan pocos días para entregarlos», reseña.

En opinión de Gil, al menos en el sector de la construcción se ven capacitados para llegar a convenios con el Gobierno canario para gestionar los fondos, como lo han hecho en áreas como la rehabilitación de edificios, precisa. «Lo que hace falta es metodología y conciertos con la empresa privada», pero sería necesario que su gestión fuera de «principio a fin», y no solo en elaborar bases o presentar expedientes que a «mitad de camino» pasan a la administración, y ahí es donde se produce el colapso, apunta.

Garamendi

Precisamente este martes el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), se reúne en Madrid con el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, para abordar los retos que tiene la comunidad canaria en los próximos meses, encuentro donde estarán presentes los presidentes de las dos patronales Pedro Alfonso y Pedro Ortega. Clavijo quiere dar un impulso al «gran acuerdo por la productividad en Canarias» que promueve el Gobierno autonómico. Aparte de los partidos –el PSOE canario se ha mostrado proclive a apoyar ese pacto–, el presidente busca también el refrendo de los empresarios y sindicatos. Entre los asuntos a abordar en este encuentro figuran los Presupuestos del Estado, las reglas de gasto, la convalidación de la deuda en los distintos territorios y seguir trabajando para aminorar la brecha que existe entre Canarias, el Estado y la Unión Europea en cuanto a la renta per cápita. La renta media disponible de un canario es 25 puntos inferior al de un ciudadano que vive en la Península, recordó este lunes Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno.

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