Cataluña ‘se cuela’ en la agenda canaria

Casi todos los caminos de la legislatura que acaba de empezar conducen a Cataluña, más allá de la ley de amnistía y del ‘efecto Puigdemont’ en toda la nueva etapa política en España. Incluso la agenda canaria que el PSOE ha pactado con CC para obtener su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez se está viendo afectada por los debates que tienen en esa comunidad autónoma el centro de atención y que están marcando la dinámica política y parlamentaria desde el día siguiente de las elecciones del 23-J. La aritmética del Congreso y el peso que los partidos soberanistas catalanes, Juntes pe Catalunya (JxC) y ERC, tienen en ese marco han imprimido una ‘óptica catalana’ a buena parte de la acción política del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, y contamina muchos otros aspectos de la agenda del Ejecutivo en relación con otros territorios.

Durante las últimas semanas se están visibilizando algunas de estas derivaciones hacia Cataluña de asuntos que tienen especial relevancia en Canarias y que, de facto, forman parte de alguna manera de ese programa estatal hacia el Archipiélago pactado entre socialistas y nacionalistas canarios. CC está empezando a mirar con inquietud esta dinámica para que el valor estratégico de su voto en el Congreso no se diluya luego en el magma de la amplia y variopinta pléyade de socios parlamentarios del Gobierno, y que, como consecuencia, algunas de las cuestiones a las que Sánchez se ha comprometido sobre Canarias queden luego mermadas o condicionadas a acuerdos con otras formaciones de ámbito territorial.

Desde la formación canaria están empezando a comprobar cómo las exigencias y las estrategias políticas de los partidos soberanistas catalanes podrían acabar afectando, directa o indirectamente, por acción u omisión, al cumplimiento o calendario de sus propias reclamaciones para el Archipiélago. O que algunas de las propuestas del Ejecutivo en materia de política territorial con afectación en todo el Estado, pero de especial incidencia en las Islas, como la reforma de la financiación autonómica, acaben siendo nuevas ‘picas en Flandes’ de ERC y JxC en sus relaciones con el Gobierno en beneficio de Cataluña. 

Condonación de la deuda, gestión de la migración y negociación presupuestaria, los principales riesgos para cuadrar el sudoku territorial del Gobierno y sus socios

CC es consciente de que Sánchez tiene que negociar «con todos, todos los días» para cuadrar el sudoku parlamentario, pero teme que a la postre el ‘efecto Puigdemont’ acabe condicionando en exceso los compromisos con Canarias por la excesiva dependencia que está demostrando respecto a la política catalana y las cesiones a los soberanistas. Aunque la respuesta inmediata a esa dinámica fuera la retirada del apoyo al Gobierno de la diputada de CC, Cristina Valido, la consecuencia práctica sería un frustrante abandono de la agenda canaria por parte del Estado, un desastre político para los nacionalistas canarios. La conexión canaria del Gobierno para tratar de gestionar posibles contradicciones entre la agenda isleña y las relaciones con otros socios, en especial los catalanes, es el ministro de Política Territorial y Memora Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha hecho de su salto a la política nacional su principal argumento de cara a su futuro nuevo asalto a la presidencia de Canarias. Un fracaso del pacto con CC en Madrid o del programa isleño de Sánchez también sería desastroso para él.

Competencia en inmigración

Un ejemplo muy claro de cómo Cataluña está determinando debates de especial interés para Canarias es la gestión del fenómeno migratorio, pero hay otros de importancia que también pueden afectar a los intereses de las Islas como la mencionada reforma de la financiación autonómica; la condonación de la deuda autonómica y en general las relaciones financieras entre el Estado y las comunidades autónomas, donde Canarias reclama como comunidad con sus cuentas saneadas flexibilizar la regla de gasto para poder destinar el superávit a gasto corriente; o la propia negociación de los presupuestos estatales para este año, cuyo anteproyecto se está ya retrasando por la espiral competitiva entre JxC y ERC sobre qué aspectos deben primar en él en relación con Cataluña, y qué se puede apuntar cada uno de estos partidos. 

En relación con la política migratoria, apareció la semana pasada el polémico acuerdo entre el PSOE y JxC para ceder a Cataluña la «gestión integral de la inmigración» a cambio del voto del partido de Puigdemont a los decretos que el Gobierno llevó al Congreso. Aunque ha quedado claro en los días posteriores a ese acuerdo que en el mismo no se especifica qué tipo de competencias el Estado delegaría a Cataluña y que, en todo caso, pasaría por la tramitación de una ley orgánica que necesitaría el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara baja, también deja la duda sobre si esa comunidad autónoma pretende tener capacidad para rechazar la acogida de migrantes que llegan a Canarias. O incluso a negarse al reparto obligatorio de menores no acompañados cuando esa medida se contemple en la reforma legislativa que el Gobierno está dispuesto a llevar a cabo.

Más allá de las dudas que todavía ofrece ese traspaso de competencias del Estado a Cataluña, comunidad sobre la que cabe recordar, sin embargo, que por ahora es la que más migrantes derivados acoge, o sobre la inspiración xenófoba que supuestamente la alimenta, lo que está claro es que es un asunto que va a marcar el debate político y parlamentario de los próximos meses y sobre el que Canarias tendrá estar muy vigilante por su afectación a la agenda canaria en esta materia. Sin embargo, también cabe apuntar en este sentido que no es solo Cataluña sobre la que hay que poner el foco teniendo en cuenta que desde Madrid, con su presidenta Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, son muy frecuentes las alusiones contra el traslado de migrantes desde Canarias a esa comunidad, incluso asegurando que «transmiten enfermedades» o vinculando directamente a este colectivo con la delincuencia.

Deuda y presupuestos

En materia de deuda autonómica, Cataluña está en el origen del debate surgido desde la firma de los pactos para la investidura de Sánchez por el compromiso socialista de condonar el 20 % de la deuda de esa comunidad con el Estado (del Fondo de Liquidez Autonómica), aunque el Gobierno se apresuró a aclarar que la misma medida se aplicaría al resto de territorios. Canarias tiene una batalla abierta desde hace tiempo por ganar su derecho, por ser la comunidad con menor deuda por habitante y tener las cuentas saneadas, a gastar el superávit en inversión y financiar servicios públicos, una demanda que entrará de lleno en las negociaciones entre el Estado y las comunidades autónomas sobre cómo extender la quita de la deuda pactada con Cataluña al resto de territorios.

También en materia presupuestaria Cataluña se va a colar en la agenda canaria a cuenta de la compleja negociación que el Gobierno tiene abierta con los grupos parlamentarios para aprobar las nuevas cuentas estatales. El Ejecutivo, además de cuadrar las distintas exigencias económicas de los partidos de ámbito territorial, tiene que lidiar con las rivalidades políticas entre cada uno de ellos, lo que complica los acuerdos y complicará la tramitación. Canarias es, de facto, una de las pocas comunidades, junto a Cataluña y el País Vasco, cuyo propio Gobierno regional interviene de una u otra manera el la negociación. Será el propio presidente, Fernando Clavijo, quien lidere las negociaciones de CC con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y está pendiente de que se le convoque en los próximos días, algo que se está aplazando precisamente por las desavenencias entre los partidos catalanes sobre su protagonismo en relación en el peso de Cataluña en las cuentas estatales. 

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