Canarias ya acumula 600 millones de euros en subvenciones sin justificar

599.029.563,65 euros. Casi 600 millones. Es el importe sin justificar de las subvenciones concedidas por la Administración autonómica, es decir, por los distintos departamentos del Gobierno de Canarias y todo su entramado de entes dependientes, incluidos los organismos autónomos, desde 1981. Dinero público que el tejido institucional de la región les entrega a empresas, colectivos, asociaciones u oenegés para que lleven a cabo una determinada actividad, con un objetivo también determinado, y del que, sin embargo, nada se sabe. No se sabe si los beneficiarios efectivamente gastaron los fondos en aquello para lo que se les concedieron; tampoco si se lograron los objetivos que se pretendían; y, por supuesto, también se desconoce si, por ejemplo, sobró dinero y, en tal caso, qué se ha hecho con este. Una cuantía de 600 millones de euros es suficiente por sí sola para hacerse una idea de la dimensión de las subvenciones sin justificar, pero para ilustrar el tamaño del agujero basta con apuntar que equivale al importe consignado para infraestructuras en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024. O que sería suficiente para financiar todo el presupuesto anual para la atención de las personas dependientes –304,5 millones– y aún sobraría la mitad para, por ejemplo, el fomento del empleo –90,3 millones–, la promoción y gestión de vivienda pública –114,1– y el fomento de la inclusión social –102–.

El montante que la Administración regional canaria acumula en ayudas injustificadas lo puso negro sobre blanco la propia Intervención General de la Comunidad Autónoma (Igcac) en un informe preceptivo evacuado el 3 de mayo del año pasado. Se trata, en concreto, de «subvenciones pendientes de justificar» a 31 de diciembre de 2022, con lo que no sería de extrañar que la suma, una vez escrutados los datos de 2023, fuese aún mayor. En el informe de la Igcac, que la Audiencia de Cuentas de Canarias toma para su fiscalización de la cuenta general de la Administración autonómica de 2022 –la cuenta general incluye la situación de los bienes y derechos de los entes regionales y también la situación financiera y patrimonial a cierre de ejercicio–, se especifica que esos 600 millones de euros corresponden a ayudas concedidas desde 1981, esto es, ayudas concedidas durante los últimos 42 años. De ese total, la cantidad pendiente de justificar en subvenciones tramitadas por los departamentos del Ejecutivo canario –consejerías, direcciones generales...– asciende a, exactamente, 286,02 millones. Y si se incluye el importe sin justificar en ayudas dadas por los organismos autónomos, entonces el global se va hasta esos más de 599 millones.

La suma pendiente de acreditación por el Ejecutivo aumentó en casi cien millones la pasada legislatura

Con todo, lo más llamativo del informe de la Audiencia no es tanto esa extraordinaria suma cuyo buen uso aún no se ha comprobado –que también–, como la inacción generalizada en los departamentos del Gobierno y demás órganos administrativos. De esos 286 millones pendientes de justificar en subvenciones de los departamentos del Ejecutivo, apenas se ha solicitado el reintegro de 17 millones de euros, una cifra mínima, casi irrisoria. Así se expone en la fiscalización de la Audiencia, que puntualiza que se han dictado órdenes de reembolso «únicamente por importe total de 17,3 millones de euros, por lo que respecto de 268,3 millones existe el riesgo de que la Hacienda pública pierda el derecho a su recuperación». Si es que no lo ha perdido ya, claro.

Hay que precisar que aunque en el informe se habla de forma general del Ejecutivo, en realidad se hace referencia a los Ejecutivos que se han sucedido en el Archipiélago desde 1981. De hecho, el único del que no constan subvenciones sin justificar es precisamente del actual Gobierno, ya que el análisis abarca hasta el cierre de 2022 y el Gabinete presidido por Fernando Clavijo cogió las riendas en julio de 2023. En cuanto al anterior Ejecutivo, el del pacto de las flores, el montante sin justificar por el Gobierno se incrementó durante su mandato, en concreto entre 2019 y 2022, en 98,52 millones de euros, al pasar de 187,5 millones a los susodichos 286,02.  

La ley que regula las subvenciones públicas obliga al beneficiario, por un lado, a justificar que ha cumplido las condiciones impuestas, entre ellas haber destinado el dinero a la actividad y el fin para los que se le concedió; y a la institución otorgante, por otro, a «llevar a cabo la comprobación de la justificación documental de la subvención en el plazo máximo de dos meses» y a la «comprobación material de conformidad con el plan anual que está obligada a aprobar». Pues bien, la Audiencia de Cuentas avisa que del informe de Intervención «no se deduce si las subvenciones no justificadas lo son por la ausencia del cumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario o por la inactividad de los órganos de gestión de las mismas».

Para el control efectivo de estas ayudas, la Audiencia considera que debe obligarse a los órganos públicos que las concedan y/o tramiten a que, «en un plazo no superior a tres meses», aprueben planes de comprobación «en los que se aborde la verificación de las subvenciones, seleccionando prioritariamente las de mayor riesgo de prescripción».

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