Victoria Rosell regresa 'a casa' tras cuatro años en Madrid

Victoria Rosell vuelve 'a casa'. La ya ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sustituida el pasado 8 de diciembre por la andaluza Carmen Martínez Perza, regresa a la capital grancanaria tras cuatro años en Madrid. Lo hará para asumir su plaza de magistrada en La Audiencia Provincia de Las Palmas después de haber cesado en el cargo que mantenía desde enero de 2020 en el Ministerio de Igualdad y solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su reingreso al servicio activo en la carrera judicial. Es el segundo regreso de Rosell a la magistratura tras dos saltos previos a la política, actividad que ha ejercido en la órbita de la formación política Podemos y que la ha reportado una notable visibilidad como personaje público.

El regreso de Rosell a su anterior puesto de magistrada estaba cantado desde que se supo que Irene Montero no continuaría como ministra de Igualdad en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. El mismo día en que su cese se publicaba en el BOE, Rosell solicitó al CGPJ su reingreso en la magistratura, algo que la Comisión Permanente del gobierno de los jueces acordó el día 13 dándole 20 días hábiles desde la fecha de solicitud para tomar posesión, paso que la interesada no ha dado aún. Rosell se reincorporará como magistrada a la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas con efectos económicos y administrativos a partir del 8 de diciembre, y desplaza del puesto al magistrado Francisco Luis Liñán.

La jueza canaria concluye así, por el momento, un periodo de cambios en su vida profesional desde que en 2015 dio el salto a la política de la mano del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, que la ‘fichó’ para las elecciones de ese año como una de las incorporaciones independientes con las que se quería resaltar el mensaje de regeneración política con el que la formación morada se estrenaba en unas legislativas nacionales. Desde entonces ha sido una de las personas del entorno más cercano de Iglesias que todavía quedaba en activo en la política nacional junto a la que ha sido su jefa en los últimos casi cuatro años. Pero este podría ser su adiós definitivo a esta actividad. Como persona de la máxima confianza de la ministra Montero ha permanecido casi cuatro años al frente de la Delegación contra la Violencia de Género y siempre alejada de los avatares políticos en el seno de la formación, tanto en el ámbito interno como en las batallas con Sumar, la plataforma de la ahora vicepresidenta segunda del Gobierno central, Yolanda Díaz. Su nuevo adiós a la política y su regreso a Canarias coincide con el de la diputada de Podemos por Las Palmas, Noemí Santana, para hacerse de nuevo con las riendas de la formación morada en las Islas. Ambas se conocen bien y han compartido proyecto político, en especial durante al anterior etapa de Santana al frente de Podemos Canarias, entre 2017 y 2020.

En esta última etapa política de Rosell desde enero de 2020, la única que ha ejercido en el ámbito gubernamental, la magistrada en excedencia asumió la tarea de poner en marcha el Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en 2017 con medidas como mejorar y ampliar la formación de jueces y juezas, la verificación y recuento de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y ex parejas, y avanzar en la aplicación del Convenio de Estambul, que España firmó en 2004, para confeccionar una nueva estadística de violencia machista paralela a la existente que incluya víctimas que no tenían relación directa con sus asesinos.

Ley del ‘solo sí es sí’

Pero la medida que ha marcado toda esta etapa, como la de todo el ministerio liderado por Irene Montero, ha sido la ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del ‘solo el sí es sí’, una controvertida normativa que eliminó la distinción entre el abuso sexual y la agresión sexual, poniendo la carga de la prueba en el consentimiento de la víctima, y que supuso una rebaja de penas para agresores que cumplían condena y la puesta en libertad de cientos de ellos. El efecto de la aplicación de la ley obligó a una revisión de la misma que Rosell, como todo el ministerio y la formación morada, rechazó por entender que eliminaba el consentimiento como factor fundamental y regresaba al “viejo sistema de la violación o la intimidación”.

Más allá de la polémica sobre la calidad formal y técnica de esta ley y de su contribución a la estructuración legal de la misma, lo cierto es que Rosell quedó señalada políticamente por esta norma prácticamente en la misma medida que la propia Montero y que todo el equipo del Ministerio de Igualdad. Fue uno de los factores, junto a la batalla entre las dos sensibilidades feministas del Ejecutivo, que llevó al PSOE a forzar quedarse con ese departamento durante la negociación con Sumar para formar el nuevo Gobierno. Y fue también el elemento clave para que Sumar descartara desde el inicio llevar a Montero en las listas de las elecciones de julio, o que pudiera mantenerse en el Ejecutivo con una nueva cartera.

Rosell quedó señalada políticamente por la norma que, en la práctica, rebajó la condena de cientos de agresores, en la misma medida que su 'jefa' Irene Montero

Lejos queda ya para la magistrada canaria aquel tiempo en que se subió al carro de Podemos en los inicios de la crisis del bipartidismo en España. Pablo Iglesias la convenció inicialmente para que asumiera liderar la lista morada al Congreso por Las Palmas en las elecciones de 2015, pasando por encima de los resultados de las primarias, y consiguió uno de los dos escaños obtenidos por la formación morada en esa circunscripción, siendo designada por su grupo parlamentario portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso.

El ‘caso Alba’

En esa ocasión su carrera política sufrió un parón por el contratiempo que le supuso una querella contra ella por parte del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, del PP, por un caso que había dirigido como jueza y cuya demanda fue admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Esto la llevó a renunciar a volver a presentarse a las elecciones de 2016, que se tuvieron que celebrar en junio de ese año por el bloqueo político producido en las anteriores, en cumplimiento con el código ético de Podemos, que impide concurrir a cualquier imputado. En diciembre de 2016 la causa contra Rosell fue sobreseída sin apreciarse delito, mientras que, por el contrario, la anomalía que suponía que Soria conociera detalles sobre el caso, al que no estaba vinculado, hizo que comenzara una investigación contra el juez Salvador Alba, quien posteriormente fue condenado por el TSJC a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental.

Tras su 'rehabilitación política', Rosell volvió a dejarse seducir por los dirigentes de Podemos y concurrió, de nuevo como cabeza de lista por Las Palmas, a las elecciones de abril de 2019. Antes de volver a la política y todavía en su función de magistrada, Podemos la propuso como candidata en el intento de renovación del CGPJ en noviembre de 2018, pero que finalmente se frustró. Contaba con el aval de Juezas y Jueces para la Democracia, organización profesional progresista a la que pertenece, y era una de las cuatro vocales que la formación morada reclamaba en su negociación con el PSOE para dar su aprobación en el Congreso a la nueva composición del pleno judicial. La entrada en liza como candidato a presidir el CGPJ del magistrado canario Manuel Marchena frustró primero que Rosell optara a una vocalía, y más tarde todo el proceso de renovación del órgano interno de los jueces. Atascada la renovación del órgano de los jueces desde entonces, un posible acuerdo entre PSOE y PP para propiciarlo en el inicio de la nueva legislatura la descartaría en esta ocasión como posible candidata. 

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