Nuevas denuncias de vulneración de derechos a los migrantes en Canarias

Un nuevo informe, elaborado por el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos (Irídia) y Novact (Instituto Internacional por la Acción No Violenta), denuncia que en Canarias tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como Frontex «vulneran derechos fundamentales» de las personas migrantes cuando arriban a las Islas: «falta de información sobre derechos, incluido el derecho a solicitar asilo, y ausencia de asistencia letrada y de interpretación de calidad».

Este informe, que se confeccionó con la colaboración de abogadas independientes y activistas, la Red de Solidaridad con las Personas Migrantes de Lanzarote, la Asociación Derecho y Justicia y APDH Canarias, insiste también en «el uso de establecimientos que no reúnen las condiciones mínimas como Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), sustracción de pertenencias y falta de infraestructura para una adecuada recepción, junto con prácticas disuasorias por parte de la Policía».

Las conclusiones de este documento son prácticamente las mismas que incluyó el Defensor del Pueblo en el estudio que llevó a cabo en 2021, cuando dictaminó que «los miles de personas que, durante meses, pasaron por el muelle de Arguineguín, estuvieron privadas de una asistencia letrada con las más mínimas garantías, por la falta de acceso a las instalaciones durante varios meses de los letrados y, una vez accedieron, por la carencia de un espacio que reuniese las condiciones mínimas para una asistencia individual».

Por tanto, dos años después la situación parece no haber cambiado, pese a que el Estado, como se recuerda en el informe de Irídia y Novact, «tiene la obligación y el deber de garantizar los derechos fundamentales establecidos en su legislación sin discriminación», máxime cuando el artículo 17.3 de la Constitución establece que «toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención», además que garantiza «la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales».

Afirman que los CATE son espacios en los que «parecen diluirse» las garantías legales

Asimismo, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal especifica que la persona detenida tiene, cuando se trate de un extranjero que no comprenda o no hable el idioma, «el derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete».

Las principales vulneraciones de derechos que recoge este informe señalan que las personas que llegan por vía marítima a Canarias «son detenidas sistemáticamente en los CATE, cuando organismos internacionales como ACNUR recomiendan buscar alternativas a la detención, teniendo en cuenta que entre las personas que llegan hay niños, niñas, bebés y mujeres, potenciales solicitantes de asilo y personas en situación de vulnerabilidad».

Según el informe, los centros de atención temporal «se han consolidado como un espacio de aplicación excepcional de la ley donde la garantía de los derechos fundamentales parece diluirse cuando se trata de personas migrantes».

Además, se afirma, como ya denunció el Defensor del Pueblo, que «en numerosas ocasiones la asistencia letrada se lleva a cabo en espacios sin privacidad como pasillos o habitaciones y el servicio de traducción e interpretación muchas veces se lleva a cabo por teléfono y de manera grupal».

Muchas llegadas y pocos asilos

Como recuerda el propio informe de Irídia y Novact, «tampoco se ha hecho efectiva la recomendación del Defensor del Pueblo sobre incluir la información sobre el derecho de asilo en el momento de lectura de los derechos del detenido, mermando nuevamente el acceso y las garantías al derecho de asilo».

Concretamente, se denuncia expresamente que «en Tenerife, no existe un sistema uniforme de registro en el CATE de las expresiones de voluntad de solicitar protección internacional» y que, por lo tanto, «cuando las personas detenidas expresan la voluntad de solicitar asilo, ésta voluntad no se registra de manera sistemática y, por tanto, no quedan registradas como tales y no se suspenden sus órdenes de devolución».

Pese al récord de llegadas, solo un 3% piden asilo en Las Palmas y el 2% en la provincia occidental

Quizá por ello, y en relación con la protección internacional, en el informe se afirma que hasta el mes de octubre se habían presentado en todo el Estado 137.918 solicitudes de asilo, siendo el 33% de las mismas presentado en Madrid, mientras que pese al elevado número de llegadas a Canarias solamente se han registrado en la provincia de Las Palmas el 3% y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el 2% del total nacional de solicitudes.

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