El laberinto de los Kokorev: 20 años a la espera de juicio

La familia Kokorev lleva casi dos décadas enredada con la justicia por el supuesto blanqueo de 109 millones de euros, que habría ganado a través de la venta ilícita de armamento a Guinea Ecuatorial. El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, plasmado en 543 folios, concluye que la familia de origen hispano-ruso y con residencia en la capital grancanaria, habría construido un entramado empresarial con sede en varios países para lavar el capital procedente del tesoro público ecuatoguineano. A lo largo de los últimos 20 años, según la defensa de la familia, la Fiscalía ha presentado «tesis de lo más variopintas tanto en sede policial, como judicial pero, sobre todo, a los medios de comunicación». La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará mañana la vista oral del recurso presentado por una de las defensas, que desde el inicio ha insistido en que la Audiencia Nacional es el tribunal competente, ya que el supuesto delito que se les achaca no se cometió en Las Palmas y tiene ramificaciones en terceros países. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opone a trasladar el caso a la Audiencia Nacional.

¿De qué se les acusa? La Fiscalía Anticorrupción acusa a la familia Kokorev, encabezada por Vladimir Kokorev, de blanqueo de capitales. Según el Ministerio Público, el patriarca «es la fuente generadora de riqueza ilícita y tiene conexión con una organización criminal de comercio corrupto e ilegal de material militar de defensa y doble uso». También apunta que tiene vínculos con un ciudadano ruso condenado por tráfico ilegal y contrabando de armas con capacidad de carga nuclear en China e Irán. Además de Vladimir Kokorev, también forman parte de la causa su mujer, Julia Maleeva, y su hijo, Igor Kokorev.

La defensa de la familia alega que las tesis de la Fiscalía «no guardan relación con la realidad»

¿Cómo blanqueaban el dinero? Según se desprende de la investigación, las facturas de la venta de armamento al régimen de Teodoro Obiang contenían recargos de entre el 30 y 40% sobre el precio real del material militar, que incluía buques, helicópteros de combate, vehículos blindados, corbetas, patrulleras, fragatas así como aviones caza bombarderos. Este intercambio se realizaba con la complicidad de cinco altos cargos guineanos, algunos de ellos familiares del dictador –en el poder desde 1979–, quienes recibía una mordida del margen económico obtenido de la operación. Supuestamente, los Kokorev adquirían ilegalmente el armamento en Ucrania, inflaban el precio y falseaban las facturas a cargo de los fondos públicos de Guinea Ecuatorial. Para blanquear los beneficios que les quedaban de la venta, los Kokorev tejieron presuntamente una red empresarial formada por 45 sociedades diferentes, algunas de ellas constituidas en territorios offshore como el estado norteamericano de Delaware o las Islas Vírgenes (Reino Unido). La investigación, según detalla la Fiscalía, recoge 59 transferencias efectuadas desde 2005 a 2012, y el importe ingresado en las cuentas bancarias a nombre del entramado societario de los encausados asciende a cerca de 679 millones de euros.

El supuesto cabecilla de la trama pasó dos años y medio en prisión, con «serios problemas de salud»

¿Lo hicieron solos? Para crear esta estructura empresarial, según apunta el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, la familia Kokorev contó con la colaboración «fundamental y decisiva» del abogado y asesor fiscal y financiero canario Juan José Arencibia, quien ideó junto a los investigados el soporte de sociedades. Además, el letrado utilizó a sus hermanas como testaferro y las puso al frente de algunas sociedades, a cambio de una remuneración.

¿En qué invertían el dinero? La estructura empresarial se consolidó entre España, Panamá, Antillas Holandesas, Islas Seychelles y Delaware. Los acusados, detalla la Fiscalía, nunca facilitaron a las entidades financieras en las que ingresaban los pagos millonarios procedentes de Guinea Ecuatorial que ese dinero obedecía a la compraventa de armamento militar. «La consigna era eliminar cualquier referencia militar en los conceptos bancarios, plenamente conscientes, de que su tráfico era ilegal», destaca la fiscal del caso. El capital viajaba desde las cuentas receptoras del banco Nordea Bank de Dinamarca hasta otras entidades radicadas en los países en los que tenían sociedades. «Una vez introducido en el tráfico económico legal bajo un título jurídico aparentemente legal –venta de barcos, préstamos inter societarios, auto contrataciones, contratos de consultoría y asistencia técnica, asesoramiento de marketing, compraventa de acciones– el dinero se destinaba a su conversión en propiedades inmobiliarias», explican desde la Fiscalía. 

¿A cuánto ascienden las ganancias? El Ministerio Público estima el dinero ilícito en 109 millones de euros. Solo en inversiones inmobiliarias en el extranjero se detallan adquisiciones por un importe total de 67 millones de euros, que se destinaron a la compra de edificios en Londres, Panamá, Santo Domingo y Nueva York.

Uno de los letrados defensores solicita el traslado de la causa la Audiencia Nacional

¿Qué alega la familia? Antonio José García Cabrera, uno de los miembros de la defensa de la familia, sostiene que ninguna de las tesis de la Fiscalía «guardan relación alguna con la realidad», por lo que espera que el juicio comience «lo antes posible», para que la familia pueda demostrar los hechos. Además, señala que el patriarca y supuesto cabecilla de la trama, Vladimir Kokorev, ya tenía «serios problemas de salud» antes de su detención en 2015, pero «los dos años y medios de prisión, el posterior confinamiento en la isla durante más de cinco años, vivir en la incertidumbre respecto de su propio futuro y el de su familia han acabado con él, física y mentalmente».

¿Cómo se plantea la defensa? La instrucción, según García Cabrera, fue «plagada de irregularidades muy graves». A su juicio, la policía actuó sin ningún tipo de control judicial, constatándose la manipulación de una prueba digital, parcialmente reconocida por los propios agentes que la llevaron a cabo, y produciéndose constantes vulneraciones de derechos fundamentales. Algunas de estas vulneraciones ha sido denunciadas ante y por diversas organizaciones internacionales, tales como el Parlamento Europeo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Organización para Cooperación y la Seguridad en Europa, según García Cabrera.

¿Cuál fue el inicio de la causa? La investigación comenzó después de que una subcomisión del Senado de Estados Unidos detectara 16 transferencias que sumaban unos 20 millones de euros desde una cuenta del Banco Riggs de Nueva York, de la que el Gobierno de Guinea Ecuatorial figuraba como propietario, a otra cuenta de la empresa Kalunga Company –a nombre de Kokorev–, domiciliada en una oficina del Banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria. En septiembre de 2015, la familia Kokorev fue detenida en Panamá, en virtud de una orden de arresto emitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. 

¿Cuándo presentó la Fiscalía su escrito de acusación? El 28 de mayo de 2021, la Fiscalía Anticorrupción presentó el escrito de acusación de 543 folios. Antes, en febrero de 2020, interesó la ampliación de la extradición de los encausados por el delito de tráfico ilegal de armas como delito precedente del delito de blanqueo de capitales. En la extradición inicial se concedió por el delito de malversación de caudales públicos como precedente del blanqueo de capitales. El 19 de junio, el presidente panameño, Laurentino Cortezo, amplió la extradición de los ciudadanos encausados a petición de la Fiscalía Anticorrupción y la Magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria.

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