Prisas para construir 1.000 viviendas en Canarias por el riesgo de perder fondos de la UE

El Gobierno tiene que gastar 140 millones de euros antes de junio de 2026 para edificar casas de alquiler asequible o, en caso contrario, tendría que devolver esta cantidad

Pisos en construcción en una imagen de archivo.

Pisos en construcción en una imagen de archivo. / EP

En dos años y medio Canarias tendrá que ejecutar 140 millones de euros de fondos europeos en la construcción de un millar de viviendas de alquiler asequible, si no quiere verse obligada a devolver la financiación a Bruselas. La espada de Damocles se cierne sobre el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ya que hasta ahora no se ha licitado ninguna promoción, aunque los fondos están en poder de la Comunidad Autónoma desde finales de 2020 y principios de 2021. El plazo límite para construir, finalizar y certificar el millar de pisos es junio de 2026 de forma improrrogable.

El Gobierno regional se ha marcado el propósito de poner en marcha la construcción de unas 2.000 viviendas de promoción pública en los dos próximos años, la mitad a cargo del Plan de Vivienda 2020-2025 y la otra mitad con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La certificación de las partidas del Plan son más laxas y existen mecanismos para ampliar los plazos, de hecho recientemente acabó la construcción de una promoción de casas en El Hierro procedentes del anterior plan de vivienda. Pero la Comisión Europea es más exigente con la supervisión y cumplimiento de las fechas previstas y para los MRR –fondos extraordinarios habilitados a raíz de la pandemia del Covid para la recuperación y diversificación económica– se ha puesto como plazo límite el año 2026.

El director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, lamenta que el Ejecutivo anterior no licitara ninguna obra del programa europeo, lo que provoca que ahora estas viviendas se tendrán que licitar por la vía de urgencia una vez redactados los proyectos y que pase por el trámite de la Intervención General. Además de la obra nueva, los fondos Next Generation también contemplan más de 100 millones de euros para la rehabilitación y reforma del parque público de viviendas, con el fin de dotarlas de instalaciones de eficiencia energética, un programa prioritario para Bruselas, pero que también deben gastarse en el tiempo estipulado por los organismos comunitarios.

También hay más de 100 millones comunitarios para rehabilitar unos 4.000 pisos

«Si no se alcanzan los hitos ese dinero hay que devolverlo al Estado y repartirlo entre las comunidades autónomas que sí cumplan con los objetivos, por lo que vamos con el tiempo muy ajustado para ejecutar los fondos», advierte el director del Icavi. Se trata de más de 900 viviendas de protección oficial para alquiler asequible, de las que se benefician aquellas familias de clase media que por su renta se quedan fuera de las casas de promoción pública, pero tampoco tienen capacidad económica para acceder a los alquileres del mercado privado. «Los fondos están desde finales del año 2020 y finalizan en junio 2026. Tenemos dos años y medio para construir 1.000 viviendas en Canarias y rehabilitar todos los edificios que se han presentado», añade Antonio Ortega. Según las cifras oficiales la previsión es rehabilitar poco más de 4.000 viviendas.

Las nuevas casas, tanto el Plan 2020-2025 como las del plan europeo, están repartidas por diferentes municipios de las Islas y no se concentran solo en los cuatro más habitados –Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde– ya que el criterio es hacerlas allí donde los ayuntamientos y los cabildos hayan puesto suelo a disposición de la Comunidad Autónoma para tal fin. Ingenio, Gáldar, Telde, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Yaiza, Puerto del Rosario, La Oliva, La Orotava, Granadilla, Güímar, Santiago del Teide, El Sauzal, Guía de Isora, Arona, Adeje, Breña Baja, Tijarafe, Puntallana o Tazacorte son algunos de los municipios donde hay proyectos cuyos expedientes se encuentran en diferente estado de tramitación. Ortega explica que el criterio básico para ubicar los proyectos de las promociones de pisos ha sido la disponibilidad del suelo, por lo que los municipios son aquellos que hayan aportado terreno apto para construir. «El Icavi no compra suelo sino que se lo cede cabildos y ayuntamientos», añade.

El pacto CC-PP critica que el Ejecutivo anterior no licitara nuevas promociones

Los últimos datos evidencian que en Canarias hay unos 25.000 demandantes de vivienda, una realidad que se ha convertido en uno de los principales problemas que tienen que afrontar las administraciones públicas canarias. Entre 2024 y 2025 se pondrán en marcha la construcción de unas 2.000 viviendas de promoción pública y el objetivo de la legislatura, que acaba en 2027, es que haya 3.000 nuevas viviendas tanto sociales como de alquiler asequible, una cifra que sigue sin resolver las necesidades de las miles de familias que no tienen capacidad para alquilar o comprar una casa en el mercado privado.

Ante este escenario «la preocupación es máxima», según admite el director del Icavi ya que no solo se tienen que acelerar los procedimientos para poner en marcha las promociones vinculadas a los fondos europeos, sino para dar respuesta a las necesidades más perentorias de la población, donde cada vez hay más jóvenes sin posibilidad de acceder a una vivienda por la carestía de los alquileres. «Estamos poniendo en marcha todos los mecanismos disponibles para afrontar esta situación», agrega Ortega.

[object Object]

Los fondos europeos destinados a viviendas suman 252,6 millones de euros, con 140 millones para nuevas viviendas y el resto para rehabilitación del parque público.

[object Object]

La movilización de recursos públicos y privados para construción y rehabilitación de viviendas suman 664 millones de euros procedentes de las distintas administraciones.

[object Object]

El objetivo que se ha marcado el Ejecutivo regional es construir más de 3.000 viviendas en esta legislatura, que abarca hasta 2027, entre casas de promoción pública y privada.

‘Ofensiva’ legislativa

El frente abierto para impulsar la construcción de nuevas viviendas se ve complementado con una ofensiva legislativa, ya que se están ultimando varios decretos relacionados directamente con el Instituto Canario de la Vivienda. El primero de ellos se aprobará este mes o a más tardar en enero para agilizar la búsqueda de suelo y modificar algunas leyes que inciden sobre el planeamiento, con el fin de introducir salvedades que posibiliten la suspensión de planes generales o parciales y así poder actuar sobre terrenos necesarios para construir viviendas. Asimismo se modificarán los módulos al alza para que sea más atractiva la construcción de viviendas protegidas. De esta forma se pasará de 1.700 euros por metro cuadrado a unos 2.200 y, a la vez, se equipara con el precio medio en el resto del país. El Ejecutivo quiere tener el decreto en vigor en el primer trimestre de 2024. | R.A.D.