La ‘cara B’ de la agenda canaria

Con el inicio efectivo de la legislatura tras la formación hace dos semanas de nuevo Gobierno se abre el calendario y se pone en marcha el reloj para el desarrollo de la agenda canaria pactada entre CC y el PSOE y que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, asumió personalmente en la sesión de investidura. «Por supuesto que vamos a cumplir con la agenda canaria», afirmó el presidente en su respuesta a la diputada de CC, Cristina Valido, ante al advertencia de esta de que en caso contrario «en la bajadita nos encontraremos». Sin embargo, con apenas unos días transcurridos desde entonces, todos los actores políticos de este acuerdo reconocen que trasladar del papel a la realidad de los hechos sus contenidos concretos y específicos entrañan bastante dificultad.

El hecho de que, entre la investidura y el arranque de la legislatura tras la apertura solemne de las Cortes por el Rey el pasado miércoles, se haya producido el nombramiento del canario Ángel Víctor Torres como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, induce a pensar que se abren más opciones para un efectivo desarrollo de la agenda canaria, pero lo cierto es que su capacidad de intervención en la mayoría de los asuntos pactados es muy limitada. Políticamente sí podrá presionar a sus compañeros del Consejo de Ministros a poner en marcha las medidas contempladas en el documento firmado entre CC y el PSOE, pero él mismo es consciente de que muchas de ellas están sujetas a otros imponderables y circunstancias sobre las que no podrá actuar.

Otros actores

Todos reconocen así que pasar de las musas al teatro en relación a la agenda canaria requiere de la participación de otros actores, desde los técnicos de los ministerios implicados y la Abogacía del Estado, a los partidos políticos y grupos parlamentarios que deben dar el visto bueno o ponerse de acuerdo sobre determinadas medidas, pasando obviamente por las limitaciones presupuestarias que se van a hacer patentes en la nueva etapa con las exigencias de Bruselas para retomar las reglas fiscales de deuda y déficit que se habían suspendido en 2020 para afrontar las consecuencias de la pandemia. Hay por ello una sensación de que la agenda canaria tiene una cara B que se irá descubriendo a medida que la política real vaya abriéndose paso y superando los elementos más políticos y mediáticos de la negociación para la investidura.

Algunos de los riesgos de que la hoja de ruta teórica sobre la acción del Gobierno central en relación con Canarias contenida en esos acuerdos no se llegue a desarrollar, o que al menos se quede lejos de los objetivos perseguidos, son la amplitud de medidas contempladas y la limitada concreción de muchas de ellas. Fuentes socialistas señalan por ejemplo que el documento es excesivamente voluntarista y que está muy condicionado por el hecho de que CC lograra inicialmente que lo asumiera el PP sin cambiar una coma para el apoyo de Valido a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, a sabiendas de que no la lograría y que por tanto en nada comprometía al líder popular.

Luego, constatado el interés de Sánchez por robarle a la derecha el voto de CC y sumarlo al de sus otros socios parlamentarios porque le puede ser imprescindible a lo largo de la legislatura, al PSOE no le quedaba otro remedio que asumir el mismo documento de máximos. No hubo de hecho negociación entre nacionalistas y socialistas sobre el documento (quizá sí en otras materias relacionadas con la política regional) solo un puro acto de firma.

Complicado cumplimiento

Dos de los puntos más importantes del acuerdo como la mejora de la financiación autonómica para Canarias o la reforma legal para que los menores migrantes no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas a las que llegan ya han sido identificados como de complicado cumplimiento. El propio ministro Torres comentó el mismo día de tomar posesión que veía «muy difícil» que se vaya a poder hacer una nueva financiación en el actual clima político, mientras que el presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, ha venido a reconocer que el único ingreso extra que recibirán las comunidades por ese concepto no será probablemente como consecuencia de la reforma del sistema, sino por el de la condonación a los territorios de una parte de la deuda, una medida pactada por PSOE y ERC para Cataluña pero que el Gobierno central dice que aplicará a todas las comunidades. El debate se sustancia ahora en cómo aplicar esa medida para que todas las regiones se beneficien en la misma proporción y Canarias exige en este sentido que la quita se aplique sobre toda la deuda de la comunidad (percibiría unos 1.200 millones) y no solo sobre la que tiene con el Estado (la condonación alcanzaría los 250).

En relación con la reforma de la ley sobre menores migrantes, Torres acaba se reconocer que pese a la voluntad política de impulsarla, «no será fácil» porque implica una compleja mayoría parlamentaria en las Cortes. El rechazo de algunas comunidades a esta medida podría ser determinante para que los partidos que las gobiernan la apoyen en el Congreso. De hecho, este punto tiene una muy distinta redacción en los documentos presentados por CC a PP y PSOE, porque en el de los populares era muy vago respecto a lo del cambio legislativo y no mencionaban el cambio de titularidad de las competencias en menores extranjeros. Las comunidades gobernadas por el PP, salvo Andalucía, se opondrán con toda probabilidad.

Transporte, Estatuto y REF

Hay otros elementos que en los primeros compases de entrada en vigor del documento ya se están presentando hándicaps, como la participación canaria en las mesas de negociación con Marruecos, o las medidas relacionadas con el control de los precios de los billetes aéreos y contra las tarifas abusivas, además de establecer un calendario para el desarrollo del Estatuto con el traspaso de más de una decena de competencias que siempre están sujetas a complejas negociaciones entre ambas administraciones. El conflicto aún sin resolver en el traspaso de la gestión de Costas es un ejemplo en este sentido. El voluntarismo expresado en el documento sobre el cumplimiento del REF se topará asimismo con las interpretaciones restrictivas que el Ministerio de Hacienda siempre tiende a plantear, mientras que las referencias a la cofinanciación y las inversiones en Dependencia son también muy genérica

Asumiendo esta cara oculta de la agenda canaria y con muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno de Sánchez de aguantar toda la legislatura, desde CC y desde el propio Ejecutivo regional se pone el foco por ahora en comprobar de qué forma el Ejecutivo central traslada el acuerdo a los presupuestos estatales de 2024 que ya elaboran los ministerios. Precisamente el hecho de que el documento no contemple apenas partidas concretas para ninguno de los elementos pactados (pese a los cual los nacionalistas cifran en más de 1.200 millones su coste anual) deja muy en el aire su proyección presupuestaria, pero CC deja claro que su compromiso firmado para apoyar las cuentas públicas de los tres próximos años dependerá en este primer ejercicio de la mejora de la ficha financiera del Archipiélago.

Buena parte de la valoración económica del acuerdo que hagan los nacionalistas dependerá de la consignación presupuestaria por parte del Estado este primer año para los convenios en costas, obras hidráulicas, carreteras, vivienda e infraestructuras turísticas y educativas, que esperan encauzar ya en 2024. En espera de cómo evolucionan otros aspectos de la agenda canaria, el más crematístico expresado en ese escueto punto 13 de menos de tres líneas del documento, marcará los primeros pasos de la estrategia de CC en Madrid y de las relaciones entre Canarias y el Estado en los próximos meses.

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