Crisis migratoria | Repercusión en la política nacional

El repunte migratorio en Canarias pasa a ser un ‘problema’ de Estado

El fenómeno copa los discursos y la atención de los líderes políticos de todo el país como consecuencia de la polémica surgida con los traslados a la Península

Un grupo de migrantes espera por desembarcar en el puerto de Los Cristianos, en Tenerife.

Un grupo de migrantes espera por desembarcar en el puerto de Los Cristianos, en Tenerife. / Europa Press

Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

El que avisa no es traidor. El Gobierno canario lleva meses alzando la voz para que desde Madrid se reconozca el fenómeno migratorio hacia el Archipiélago como una cuestión de Estado y para que ocupe una posición prioritaria en la agenda política del Ejecutivo central. Canarias exigía desde el principio una respuesta de conjunto a la cuestión. Pero los días pasaron, el flujo se intensificó y la crisis que hasta ahora sufrían las Islas en soledad ha tocado a la puerta del resto de comunidades por los traslados continuos que el Ejecutivo central ha activado hacia la Península para evitar el colapso en la red de acogida canaria. Ha bastado que se produzca un reparto por comunidades para que el fenómeno adquiera protagonismo en el debate político nacional y haya pasado a convertirse en un problema de Estado. La queja más repetida y que comparte Canarias con el resto de comunidades es la «descoordinación» mostrada en la gestión. Un descontrol que se podía haber evitado si Madrid hubiera escuchado desde el principio las peticiones que se hacían desde el Archipiélago. 

Durante toda la semana dirigentes del Partido Popular y del PSOE en el panorama autonómico y nacional han recurrido al fenómeno para lanzarse ataques diarios. Los comentarios de los populares, encabezados por Alberto Núñez Feijóo y la madrileña Isabel Díaz Ayuso, exigían «coordinación» y criticaban la falta de información previa sobre los traslados a la Península. Algunos dirigentes locales del partido fueron más allá y vincularon la llegada de estos grupos de personas con supuestos riesgos de aumento de la inseguridad ciudadana o, incluso, de transmisión de enfermedades. Lo que despertó las críticas de los socialistas que tildaron de «xenófobos» y «poco solidarios» a los populares.

Y en medio de todo esto un Ejecutivo canario que reclama poner el acento en los cientos de personas que cada día se juegan la vida en el mar. «El cruce de reproches está generando desinformación sobre el drama humanitario y se está entrando en un juego político peligroso», lamenta el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, quien señala a la «investidura» como uno de los factores determinante para entender el «circo» que se ha montado alrededor del fenómeno en las Islas. «Están inmersos en una polémica constante fruto del debate de investidura y nosotros entendemos que la migración no debería entrar en eso», añade. Para el portavoz del Ejecutivo isleño el contexto de investidura provoca, además, que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, esté «ausente» y que sus preocupaciones sean otras «diferentes» a la crisis migratoria. 

El Ejecutivo canario cree que Sánchez no atiende la crisis por tener la cabeza en la «investidura»

Según el portavoz, en Canarias siempre se ha huido de lo que está ocurriendo ahora en la política nacional. «Hemos tratado de mantener un tono alto con la suficiente prudencia para no tratar determinados asuntos que pudieran generar problemas de sentimientos hacia las personas que llegan», recuerda. Y es que el foco se ha desviado en los últimos días hacia la polémica entre partidos, cuando la importancia reside en las personas que se juegan la vida en las barcas y los motivos que las llevan a tomar esa complicada decisión. «Se está perdiendo humanidad», lamenta Cabello. 

La crispación en el resto de comunidades autónomas se produce, entre otras cuestiones, por un factor que desde Canarias llevan meses reclamando: la falta de comunicación del Estado. «La descoordinación se ha ido contagiando por el resto del país», advierte Cabello. Una de las peticiones más repetidas por el Gobierno autonómico es la puesta en marcha de un mando único de gestión tal y como se hizo con la crisis de los cayucos en 2006. Con esta fórmula, el Ejecutivo considera que se evitarían «cruces de información» entre los seis ministerios implicados -Defensa, Interior, Migraciones (Inclusión), Exteriores, Transportes y Derechos Sociales- y se lograría agilizar la gestión. 

Uno de los choques de «criterio» más evidentes entre los ministros implicados se apreció en los discursos paralelos que defendieron en sus visitas a las Islas el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El primero defendió el buen trabajo hecho hasta el momento bajo la idea de «tenerlo todo bajo control», mientras su compañero declaró la situación de emergencia por el repunte de llegadas. 

El problema que se está dando en las comunidades, según el portavoz canario, es que «falta información y coordinación» por lo que considera que se podría abordar las derivaciones «de una mejor manera». Aun así, Cabello rechaza las declaraciones «desafortunadas» de algunos miembros del PP que relacionaron a los que llegan con «animales» o «con la propagación de enfermedades». «Algunos incluso rayaron la estupidez», lamenta. 

Cabello: «El cruce de reproches genera desinformación sobre el drama humanitario»

Escrivá, por su parte, defendió el pasado viernes que las comunidades autónomas y los ayuntamientos «son informados de los traslados que se van a realizar» y aseguró que han sido entre 5.000 y 6.000 los migrantes derivados en las últimas semanas a la Península con el objetivo de descongestionar los centros de primera acogida en el Archipiélago -con una capacidad teórica máxima de 7.000 personas- ante las incesantes llegadas de cayucos. El ministro subrayó que en estos momentos hay 13.000 migrantes en la red de acogida estatal: 6.000 en las Islas y 7.000 en la Península, aunque «no todos vienen de Canarias», precisó.

El revuelo político que se ha montado en la Península ha servido, al menos, para poner sobre la mesa el fenómeno migratorio al que, según Cabello, el Estado no puede responder «a golpe de crisis o emergencia». «Todo esto tiene que servir para conformar una red estructura que se pueda activar y desactivar según las necesidades», aclara el portavoz, quien recuerda que las Islas han convivido «siempre» con la llegada de pateras. El Ejecutivo canario espera que el foco que ha adquirido el fenómeno los últimos días sirva para presionar al Gobierno para que solicite a la Unión Europea (UE) la activación con carácter inmediato del Mecanismo de Protección Civil comunitario para responder con mejores medios al fenómeno migratorio que tiene origen en el África occidental.

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El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, viaja mañana a Senegal para analizar con las autoridades de Dakar el control de las rutas migratorias y reactivar las devoluciones periódicas de sus migrantes tras un mes de llegadas récord de pateras a las Islas. En los últimos cinco años, el ministro ha viajado a Senegal en otras dos ocasiones y a Mauritania en cinco, la última hace tres semanas, una visita que precedía a la cita en Dakar el día 16 y que fue aplazada porque el titular de Interior se trasladó a Canarias para presidir la reunión de la Autoridad de Coordinación. En 2006, tras la crisis de los cayucos en la que llegaron más de 31.000 personas, España puso en marcha un mecanismo de cooperación con países de origen, entre ellos Senegal y Mauritania, donde en la actualidad están desplegados agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Esta colaboración con ambos países ha impedido, según explicó Grande-Marlaska en su última visita a las Islas, la salida este año de 12.500 personas rumbo a Canarias. | Efe

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