Reconstrucción de La Palma | Las trabas jurídicas frenan la legislación

La falta de informe ambiental retrasará más años los decretos para recuperar La Palma

Barreto afirma que el Gobierno acelera el proceso corregir y aprobar los textos elaborados por el ‘pacto de las flores’ con todas las garantías jurídicas 

Panorámica de las coladas de lava y la carretera desde la montaña de La Laguna

Panorámica de las coladas de lava y la carretera desde la montaña de La Laguna / Andrés Gutiérrez

Salvador Lachica

La aprobación por parte del Gobierno de Canarias de los decretos urbanístico y agrícola para la recuperación de La Palma tras la erupción de 2021 podrían retrasarse varios años más, y no solo unos meses, toda vez que el Estado advirtió al Ejecutivo regional que los textos elaborados por el gabinete del Pacto de las Flores carecían, entre otras cuestiones, de una evaluación ambiental.

Así lo confirmó a este periódico la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, al afirmar que «de todas las salvedades que ha hecho el Estado, lo que más nos preocupa en estos momentos es la evaluación ambiental, porque eso podría llevar años y haría inviable poder aprobar pronto los decretos». 

Uno de esos textos paralizados, relativo a la recuperación residencial, permite pedir la licencia y construir tan pronto el ayuntamiento se la conceda y establece que quienes quieran dar su propiedad a la Administración podrán optar por permutarla o que se le compre al valor de mercado antes de la erupción. 

El llamado decreto agrícola contempla la reparcelación de toda la zona afectada por la lava al oeste de la antigua carretera Los Llanos-Puerto Naos, y permitiría que haya una redistribución nueva de la propiedad, teniendo en cuenta la nueva orografía, y un diseño más eficiente de las denominadas zonas comunes, caminos, vías, redes de riego e instalaciones eléctricas. Además, establece la posibilidad de una expropiación y una ayuda complementaria, con el fin de indemnizar con un valor más justo a estos propietarios. 

Valbuena asegura que todas las pegas del Estado fueron completamente subsanadas

Aunque la propia consejera aseguró que los expertos de las distintas consejerías involucradas «entienden que el requisito dela evaluación ambiental puede ser salvable», lo cierto es que Barreto afirmó que «ahora ya sabemos por qué, pese a su insistencia, los anteriores consejeros socialistas no aprobaron unos decretos que ahora nos exigen con tanta celeridad y es que, tal y como estaban, no se podían aprobar».

Invasión de competencias

Pero es que la falta de evaluación ambiental no es el único escollo, según explica Barreto, aunque el mismo sea «muy preocupante», ya que «las advertencias que hacía el Estado es que los decretos, tal y como estaban redactados, invadían competencias estatales, de legislación básica estatal, y existe además una posible inconstitucionalidad en materia de propiedad privada».

«Estamos acelerando el proceso para poder salvar todas las advertencias del Estado y aprobar los decretos lo antes posible, pero tenemos que armarlos jurídicamente muy bien para poder salvarlas», afirmó la consejera de Presidencia, motivo por el tampoco se arriesga a «dar una fecha concreta» en la que los documentos sean una realidad.

Sin embargo, , tanto el ex consejero de Transición Ecológica y Política Territorial, José Antonio Valbuena, como la ex titular de Agricultura, Alicia Vanoostende, han arreciado en sus críticas contra lo que, a su juicio, es un inexplicable retraso del Gobierno presidido por Fernando Clavijo para aprobar definitivamente unos decretos que las población palmera espera desde hace dos años y que ya ha afrontado ocho borradores distintos con diferentes modificaciones desde el año 2021.

Al respecto, Valbuena aseguró sobre la necesidad de evaluación estratégica ambiental que se modificaron las condiciones de recuperación y urbanización de suelo y que lo que se plasma en el octavo borrador de decreto-ley «es la recuperación de lo que había antes del 19 de septiembre de 2021, casuística para la que se exime del proceso de evaluación ambiental previa ya que se pretende recuperar el espacio territorialmente tras una catástrofe», habiendo sentencias anteriores de situaciones similares.

Por su parte, Vanoostende exigió al Ejecutivo de CC y PP que cumpla con las promesas que hicieron a los afectados y afectadas en época electoral, pero que sobre todo «cumplan con la isla de La Palma». 

Barreto: «ellos no aprobaron los decretos porque, tal como estaban, no se podían aprobar»

Lo cierto es que, como aseguró la consejera de Presidencia, «en la reunión que mantuvimos con el comisionado de La Palma, Héctor Izquierdo, en julio, nada más tomar posesión para ponernos al día de varios asuntos, fue cuando nos comunicó al consejero Agricultura, al director general de Agricultura, al director general de Ordenación, al viceconsejero de Recuperación Económica y Social de La Palma y a mí que había que corregir las advertencias que había hecho el Gobierno de España y de las cuales no sabíamos hasta ese momento que existían».

Según barreto, «ese documento en el que se hacían las advertencias no estaba en ningún lado, ni en Agricultura ni en Transición Ecológica, así que hubo que llamar de nuevo al comisionado para que lo remitiera» y empezar todo el proceso de susbsanaciones.

Las explicaciones de la consejera de Presidencia no satisfacen al ex consejero de Transición Ecológica y Política Territorial, pues insiste en que todos esos aspectos sobre los que la Administración General del Estado comunicó sus dudas se subsanaron ya en el séptimo borrador.