Los fraudes eléctricos, al alza: Endesa detecta 480 casos en Canarias
Estos casos elevan hasta 2.772 los expedientes abiertos por el uso ilegal del suministro eléctrico
Endesa, a través de e-distribución, su filial de Redes, ha detectado un total de 480 casos de fraude eléctrico en Canarias en los primeros ocho meses de 2023 que ha supuesto la sustracción irregular de más de 5 millones de KWh (kilovatios/hora).
Según informa la empresa eléctrica en un comunicado, estos fraudes, que "ponen en riesgo" tanto la seguridad como la calidad de suministro del resto de usuarios, eleva a 2.772 los expedientes abiertos por el uso ilegal del suministro eléctrico en Canarias desde el año 2021.
Del total de los casos de fraude detectados en los ocho primeros meses de 2023 en las islas, 206 expedientes se tramitaron por fraude eléctrico en la provincia de Las Palmas y 274 en Santa Cruz de Tenerife. Los municipios donde más energía se ha sustraído de la red ilegalmente han sido: San Bartolomé de Tirajana (659.318 KWh), Agüimes (539.614 KWh), Las Palmas de Gran Canaria (507.551 KWh), Arona (575.741 KWh) y San Cristóbal de La Laguna (407.094 KWh).
Desde el año 2021 Endesa ha tramitado 2.772 expedientes de fraude en Canarias, lo que se traduce en casi 27 millones de KWh defraudados.
La digitalización de las redes, el despliegue de sensores y la implantación de los contadores inteligentes hace que cada vez se obtenga más información del funcionamiento de los equipos de medida y de la red de media y baja tensión.
Este análisis de los datos, señalan, permite detectar desviaciones y comportamientos anómalos para orientar las inspecciones de manera "más eficiente" y "aumentar" el porcentaje de fraude detectado.
La aplicación de la inteligencia artificial sobre los datos y la mejora sistemática de estos modelos predictivos, señalan, está permitiendo a Endesa detectar de forma "eficiente todo" tipo de fraudes, tanto en suministros con contrato en vigor como en suministros sin contrato, desde los fraudes más simples hasta los más sofisticados, descubriendo un mayor volumen de casos de manera más precisa.
Finalmente aseguran que el fraude eléctrico supone un "perjuicio para toda" la sociedad, ya que se traduce en un incremento de la factura eléctrica del conjunto de los consumidores poniendo "en riesgo" tanto la seguridad como la calidad de suministro del resto de usuarios. Añade que "por encima de todo" las conexiones irregulares y manipulaciones de la instalación eléctrica "implican importantes riesgos" para la salud de la persona que las realiza y de las que le rodean, pudiendo provocar incendios, electrocuciones y descargas eléctricas.
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