Canarias aspira a reducir de 28 meses a siete la espera por ayudas en dependencia

Canarias tiene una tarea pendiente con la dependencia. Es la comunidad autónoma en la que más tiempo transcurre entre que un ciudadano que necesita apoyo para realizar tareas básicas hace una petición de ayuda hasta que se resuelve. Según datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, este nudo burocrático tarda en desenredarse una media de 847 días, casi 28 meses. Un problema que el Archipiélago lleva años arrastrando y que el Gobierno de Canarias quiere solucionar con un decreto que lo simplifique todo en un solo trámite y una sola visita a realizar a las oficinas –frente a las dos que se necesitan ahora–. Francisco Candil, viceconsejero de Bienestar Social, considera que la nueva norma permitirá que el acceso a la dependencia en las Islas se produzca siete meses después de que se solicite, lo que supondría reducir la espera en más de 20 meses.  

Ahora mismo, la persona que inicia un trámite para solicitar una prestación debe pasar por dos fases: una en la que se valora el grado de dependencia que tiene y otra en la que se elabora una propuesta de cuál es la prestación concreta que puede recibir. Ambos procesos tardan actualmente poco más de un año en resolverse y dos años y tres meses si se suman. Al unir estos dos trámites, Candil señala que se logrará «un procedimiento monofásico que abarcará, como mucho, una espera de siete meses» y que supondrá «un avance importante en la gestión de la dependencia».

Plazos del decreto

Fue el pasado martes, 12 de septiembre, cuando la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias sacó a consulta pública el reglamento para la aprobación del nuevo decreto que regulará el acceso al reconocimiento de la dependencia. Este procedimiento, que culmina en 15 días, servirá para recoger las alegaciones con las que trabajar en el primer borrador del decreto. Un texto inicial que la Consejería espera tener terminado «antes de Navidad».

Tras esto, el objetivo marcado es que el decreto se apruebe «en verano de 2024» con el fin de que «una vez entre en vigor, Canarias comience no solo a salir de la cola de la dependencia en España sino a prestar un servicio de mayor calidad y más justo con la gente». La confianza en que la nueva norma funcione radica –según el Ejecutivo– en que se tomará el ejemplo de comunidades autónomas en las que ya funciona un procedimiento único similar, como son los casos de Castilla y León y el País Vasco.  

«Estamos satisfechos porque en el plazo de dos meses ya hemos empezado a dar los primeros pasos y podemos afirmar que en no más allá de un año tendremos un decreto que facilite el acceso a la dependencia en Canarias», se congratuló el viceconsejero.

En principio, esta desburocratización «no va a suponer invertir en más personal» aunque desde Bienestar Social señalan que es una «intención» del Gobierno regional hacer un refuerzo en ese sentido. No obstante, Candil garantiza que el solo hecho de agilizar procedimientos repercutirá positivamente en la organización del personal, entre otras cuestiones. «Estamos apostando por una solución que nos ayudará a reestructurar los recursos humanos que dedicamos a dar altas en dependencia», avanzó.  

Candil no está precisamente contento con el número de altas en el sistema de dependencia que en estos meses de Gobierno se están produciendo y son «conscientes de que hay que mejorar». Así, entre julio y agosto de este año apenas se han concedido 723 prestaciones. 

Apuesta por las revisiones

Además de tratar de facilitar el acceso al sistema, el Ejecutivo canario se ha fijado el reto de aumentar las revisiones de aquellas personas cuyo grado de dependencia puede haber cambiado con el tiempo. Candil señala que es necesario atender la realidad de «esa persona que empieza con un pequeño grado de Alzheimer y, lamentablemente, con el tiempo empeora». Si se ignoran ese tipo de casos, «el trato que ofrece la Consejería se vuelve injusto». Estas revisiones habitualmente derivan en cambiar el tipo de ayuda que se da al ciudadano, que en un principio pudo tener ayuda a domicilio y tras su empeoramiento puede precisar de una plaza en un centro sociosanitario.

La idea de Candil es cambiar la visión del anterior Gobierno, «que se centró exclusivamente en dar altas, y apostar también por las revisiones». De hecho, esta misma semana el Ejecutivo regional informó de la reactivación de 417 procedimientos de revisión del grado de dependencia «que llevaban cuatro años paralizados».

Según Bienestar Social, las modificaciones del grado de dependencia ni siquiera aparecían hasta ahora en las estadísticas macro que se manejan en materia de dependencia.

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