La puesta en marcha del nuevo Registro Civil digital lastra el trabajo en Justicia

El nuevo Registro Civil entró en vigor hace ya dos años con el objetivo de simplificar los trámites de los ciudadanos, pero su implementación progresiva y cargada de «complicaciones» está provocando dolores de cabeza a los funcionarios de Justicia y retrasos en la atención al público. Así lo explican desde la Asociación SOS Registro Civil y desde el sindicato de Trabajadores de la Administración de la Justicia (STAJ) en Canarias. El nuevo sistema «único y electrónico» permite unificar la información de cada persona –nacimiento, matrimonio o defunción– sin importar el lugar donde ocurre el hecho permitiendo así una gestión territorializada con acceso universal, pero son muy pocos los territorios en España que ya han culminado el proceso de cambio, lo que está generando problemas en el trabajo diario.

La nueva herramienta sobre la cual se tramitan los expedientes del Registro Civil, conocida como Dicireg, solo está implantada de forma completa en la Oficina General de Madrid y la de Barcelona, lo que se traduce, según SOS Registro Civil, en que menos de un 30% de la población «disfruta» del nuevo sistema. En Canarias ni siquiera existe fecha para su implantación por lo que todavía se trabaja con el sistema anterior.

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Hasta que no culmine el proceso de implementación, que el Ministerio de Justicia fecha en 2025, los ciudadanos de todo el país se encuentran sujetos a dos legislaciones –la ley 20/2011 de la que nace el nuevo Registro Civil y la legislación preconstitucional vigente hasta ahora– y a tres procedimientos diferentes: la herramienta Dicireg, el Sistema de Información del Registro Civil (Inforeg) y los manuales que aún no se han digitalizado.

Tiempos de espera

Esta mezcla de plataformas dificulta la labor de los trabajadores y aumenta los tiempos de espera de los ciudadanos en las oficinas. «Esta convivencia produce contradicciones e imposibilidades», advierte el presidente de SOS Registro Civil, Gabriel María Pérez Castillo, quien asegura que el nuevo programa ha dado «muchísimos problemas». Defienden que es una herramienta en desarrollo que necesita adaptaciones y correcciones diarias durante la jornada de trabajo. «Se cuelga constantemente y diariamente e interrumpe las actividades en curso», denuncian.

Los funcionarios de Justicia se quejan, además, de la falta de información del nuevo sistema en las administraciones públicas y páginas oficiales y también denuncia la escasa formación que se imparte a los trabajadores. «Pasamos de la pluma de ganso a ser expertos de la Nasa y solo con un curso de tres meses», afirma el representante de la asociación. Además, critica que las «clases» se imparten de forma paralela al trabajo diario lo que, según su opinión, dificulta la formación e impide a los trabajadores aprender los entresijos del nuevo sistema «al 100%».

En el Archipiélago, además, existen algunos Registros Civiles con equipos de trabajadores muy reducidos que se encargan de realizar numerosas funciones lo que podría complicar el proceso de formación. «Nosotros en Madrid somos muchos y estamos teniendo problemas e intentando solventarlos entre todos, no me quiero ni imaginar lo que puede pasar cuando quieran implementar el nuevo sistema en un territorio pequeño», apunta Pérez.

Desde el sindicato STAJ en Canarias temen que el nuevos sistema vaya a provocar una merma en los puestos de trabajo. «Nadie nos ha asegurado que los funcionarios de Justicia vayan a mantener su puesto y las condiciones tal y como están establecidas en el sistema antigua», afirma el portavoz del sindicato, Luis Suárez. Desde SOS Registro Civil van más allá y reclaman un aumento en la plantilla de funcionarios judiciales. Solo 15 de los 8.131 municipios con funciones en Registro Civil disponen de personal con funciones exclusivas de Registro Civil.

Carga extra

Los registros de las Islas cuentan, además con una carga de trabajo añadida desde que se aprobara la nueva ley de Memoria Democrática en octubre del pasado año. Una norma que establece que todo hijo o nieto de españoles exiliados durante el franquismo tiene derecho a adquirir la nacionalidad española. Un trámite que inicia el Registro Civil con las partidas de nacimiento. «Les están bombardeando y muchos no están digitalizados y hay que buscarlos a mano, hoja por hoja», explica Pérez.

El proceso de implementación, además, conlleva un cambio en los sistemas informáticos. El Dicireg necesita de un lector de códigos que hasta ahora no era necesario ya que los expedientes ahora son electrónicos. Esto implica que otros actores como la Policía Nacional o la Seguridad Social también deban contar con estas herramientas y conocer todas las características del nuevo Registro Civil. Algo que, según denuncian, tampoco está ocurriendo. «Nadie les ha informado, no saben que ha entrado en vigor la nueva ley y siguen aplicando la información del sistema preconstitucional», aclara Pérez.

La falta de información es otro de los principales que problemas que observan los trabajadores de Justicia al entender que se trata de un proceso que debería contar con publicidad por parte del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas. Además, se han repartidos fondos europeos específicos para el desarrollo de esta herramienta digital.

SOS Registro Civil trasladó estas quejas al Defensor del Pueblo en mayo de 2022 y la Institución reclamó al Ministerio de Justicia la información pertinente. Más de un año después, la asociación sigue sin recibir respuesta. Desde la oficina del Defensor del Pueblo afirman haber solicitado la información a la Secretaría de Estado de Justicia y ante el silencio aseguran que «volverán a solicitarla».

Además de Madrid y Barcelona, el Ministerio de Justicia ya ha iniciado o puesto fecha a la implementación del nuevo sistema en otras oficinas del Registro Civil de España. Tudela, Pamplona, Pontevedra o Valladolid. Estos son solo algunos de los territorios que tienen prevista la puesta en marcha de la herramienta para los meses de septiembre y octubre. Pero realmente Euskadi ha sido la primera comunidad autónoma del Estado en implantar el nuevo modelo de registro civil electrónico único, tras haber completado esta semana la puesta en marcha del nuevo sistema Dicireg en todas las oficinas generales y oficinas colaboradoras de los 14 partidos judiciales de la región.

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