La AUGC pide a la Audiencia de Tenerife que corrija a la juez del 'caso Mediador' y le permita acusar sin el PSOE, PP y Vox

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido a la Audiencia Provincial de Tenerife que corrija la decisión de la juez que investiga el denominado 'caso Mediador' y le permita ejercer la acusación popular sin el PSOE, PP y Vox en la causa que se sigue contra el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', como presunto líder de una supuesta trama que se dedicaba a cobrar mordidas a cambio de favores políticos, y contra el general retirado de la Benemérita Francisco Espinosa.

En un escrito, presentado este mismo lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación ha incidido en que "forzar" una acusación unificada "supone contravenir el ordenamiento jurídico, hacer incumplir la ley a una asociación profesional de miembros de la Guardia Civil", convertir en "inexistente" el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y "despojar a la AUGC de la posibilidad de ejercer el derecho fundamental de asociación".

El movimiento de la asociación tiene lugar después de que a principios de mes la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, la juez Ángela Lorenzo-Cáceres, confirmase su decisión de rechazar la petición de los partidos políticos PP, PSOE y Vox, de la propia asociación de guardias civiles y de la Organización de Usuarios y Consumidores de Agua (Aguaiuris) de ejercer la acusación por separado.

Ahora, la asociación ha presentado un recurso de apelación para anular la negativa de la juez al considerar que la resolución que dictó es contraria al derecho fundamental a la obtención de tutela judicial efectiva, que carece de "motivación" y que no aborda las cuestiones que la propia AUGC planteó en su recurso inicial.

Los agentes de la Benemérita han afeado a la juez que el auto de 4 de abril que ahora recurren "no aporta nada nuevo en relación con el auto primigenio, recurrido en reforma". Así, han criticado que la titular del juzgado haya desaprovechado "la ocasión de motivar las decisiones judiciales".

Ve "absurdo" compartir acusación con partidos políticos

En este nuevo recurso, la AUGC ha reiterado su oposición a que en este procedimiento se acuerde una "acción popular unificada" en el que las seis acusaciones populares --PP, PSOE, Vox, Fuerza Canaria Unida Democrática, la Organización de Usuarios y Consumidores de Aguas (Aguaiuris) y la propia AUGC-- estén todas bajo la dirección de un solo letrado.

"Que sea bajo un único letrado resulta no solo absurdo sino además limitativo del derecho de defensa y de que las partes procesales puedan elegir libremente cómo y qué medios son los que consideran más idóneos para ejercer el derecho fundamental de defensa", ha precisado la asociación al tiempo que ha incidido en que el auto de la juez "resulta contrario al ordenamiento constitucional".

Para la asociación de agentes de la Benemérita "es notorio" que cuatro de las entidades que pretenden ejercer la acusación popular son partidos políticos. Por ello, ha recordado que la propia ley orgánica que regula los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil establece que los agentes "no podrán fundar ni afiliarse a partidos políticos o sindicatos ni realizar actividades políticas o sindicales".

Al hilo, la AUGC ha subrayado que incumplir o rebasar dichos límites legales podría llevarles a incurrir "supuestos disciplinarios muy graves" que podrían traducirse en la anulación de su inscripción en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de la Benemérita.

Así las cosas, la asociación ha insistido en que el artículo 13 del Código de Conducta del personal de la Guardia Civil les obliga a tener una "neutralidad política" que se "extiende a la ideológica". Por ello, ha recalcado además que tampoco podría ejercer una acusación popular "unificada" con Aguaiuris porque esta "tiene su propia configuración institucional e ideológica" con la que no pueden verse "identificados" si quieren "preservar la ineludible obligación de neutralidad política e ideológica".

Investigación pendiente de testificales

El recurso de la AUGC es uno de los últimos movimientos del conocido ya como 'caso Mediador', donde se investiga la presunta existencia de una red encabezada por 'Tito Berni', su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte y el general Francisco Espinosa que se habría dedicado a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

La trama estaría integrada por una organización criminal "formada principalmente por tres pilares y un claro nexo de unión entre todos los investigados". Contaría con "una jerarquía perfectamente estructurada y definida, con clara división de funciones y dedicada a la comisión de delitos relacionados con la corrupción como el cohecho y tráfico de influencias".

Según los investigadores, el grupo perseguía "un evidente fin lucrativo mediante la obtención de un enriquecimiento económico así como diferentes beneficios personales a raíz de acciones ilícitas".

Está previsto que el próximo 13 de abril la juez tome declaración a dos testigos, la examante del general Espinosa --que permanece en prisión-- y un empresario que tenía una relación de amistad con el investigado.

El Gobierno niega reuniones con investigados en la trama

Por otro lado, el Gobierno de España ha señalado que "no ha habido ninguna reunión" con los investigados "a día de hoy" en el 'caso Mediador' y el PP ha censurado que el Ejecutivo no quiera contestar si "implicados" en esta trama que afecta al exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias 'Tito Berni', visitaron edificios del Ministerio del Interior.

En una respuesta parlamentaria fechada el 5 de abril, consultada por Europa Press, el Gobierno señala que "no ha habido ninguna reunión" con los que "a día de hoy se conoce que han sido llamados como investigados en la causa" del Juzgado de instrucción número 4 de Tenerife.

El PP quería saber si la "camarilla" relacionada con cargos del PSOE "implicada" en el 'caso Mediador' había visitado edificios del Ministerio del Interior, pero sobre esta cuestión en concreto el Gobierno precisa "que la palabra implicado no permite saber con precisión a quién se refieren sus señorías, máxime cuando la investigación está en curso".

"No obstante, respecto de quienes a día de hoy se conoce que han sido llamados como investigados en la causa, no ha habido ninguna reunión", añade el Gobierno en su breve respuesta.

Marlaska, reprobado y condenado

"El Gobierno oculta si 'Tito Berni' y la camarilla del PSOE implicados en 'Mediador' visitaron edificios del Ministerio del Interior", ha denunciado en su cuenta de Twitter la portavoz del PP en materia de Interior, Ana Vázquez.

La portavoz 'popular' ha censurado a Grande-Marlaska por "ocultar información" y ha aprovechado para recordarle que es un ministro reprobado por el Congreso y "condenado", esto último en referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.

Además del Ministerio del Interior, el PP había reclamado datos sobre el registro de entrada de visitas en otros departamentos ministeriales, como el de Asuntos Económicos o el de Cultura.

El pasado 30 de marzo el Gobierno contestó a otra tanda de preguntas de diputados del PP sobre el 'caso Mediador' recordando que se trata de una investigación judicial y que el Ejecutivo "siempre muestra un escrupuloso respeto por el Estado de derecho, las instituciones del Estado y la separación de poderes".

"El Gobierno, como no puede ser de otra manera y como ha realizado siempre, colaborará con los órganos judiciales en todo lo que sea requerido", añadía, subrayando que la documentación solicitada "se encuentra bajo control del órgano judicial".