La empresa de 'Mon' que contrata la Administración nunca rinde cuentas

Ramón Tejera de León 'Mon' fundó la sociedad limitada Angrasurcor cuando faltaban cinco días para finalizar el año 2013. Su relación con el Registro Mercantil desde entonces es prácticamente nula, hasta el punto de que el incumplimiento de la obligación de depositar cada año sus cuentas le costó –septiembre de 2019– el "cierre de hoja registral". Intentar conocer la salud de la empresa se convierte así en un acto de fe, en creer o no a 'Mon', lo que, sin embargo, no ha impedido que diferentes niveles de la Administración, Guardia Civil o el Ejército de Tierra le hayan adjudicado obras.

Solo durante los últimos cinco años, hasta en 23 ocasiones se han pagado trabajos con dinero público a Angrasurcor. Los estamentos que lo han hecho no han podido constatar si la mercantil goza de solvencia operativa o resulta un riesgo poner en sus manos fondos procedentes de los impuestos que liquidan los ciudadanos. Al menos, no lo han logrado más allá de una confianza generada a base de boca a boca, o de lo que Tejera de León pueda decirles; información oficial no hay.

La investigación del departamento de Asuntos Internos de la Guardia Civil explicita que desde el momento en que se constituyó (26 de diciembre de 2013), la empresa «no presenta depósito de cuentas en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio social». Debería hacerlo en el de la provincia de Las Palmas, ya que su domicilio social está en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote).

La Ley de Contratos del Sector Público define las "condiciones de aptitud" (artículo 65) que han de atesorar quienes aspiran a ser elegidos en una licitación pública. «Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar (...) y acrediten su solvencia económica (..)».

Incumplimiento

Ese precepto legal colisiona de con el "cierre de hoja registral" del que, en aplicación "del artículo 378.1 del reglamento del Registro Mercantil", fue objeto la empresa de Mon por incumplir "la obligación de depositar sus cuentas", tal y como reza en un aviso del propio órgano.

Esa sanción hurta la posibilidad de que ayuntamientos, Instituto Armado o Ejército procedan con el celo requerido a la hora de trasladar al sector privado dinero público mediante la realización de obras. No pueden contar con información plenamente fiable, sellada por el Registro Mercantil correspondiente. En definitiva, no existe la transparencia requerida para la fiscalización de los potenciales adjudicatarios; un precepto que se da por supuesto en el ejercicio de la función pública. 

Es más grave aún esa carencia si se tiene en cuenta que el próximo 12 de abril Ramón Tejera de León se sienta en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife (Lanzarote) acusado de cometer un delito contra la Hacienda Pública. Precisamente por presuntos artificios fiscales en obras que realizó en cuarteles de la Guardia Civil de la Península y Canarias entre los años 2013 (cuando se creó Angrasurcor) y 2019. La Fiscalía de Las Palmas solicita para él tres años de prisión y 488.000 euros de multa.

Un informe de la Guardia Civil resalta la ausencia de datos en el registro

Por ello el propio Instituto Armado se hace eco de la ausencia de cuentas depositadas en el informe que ha elaborado en el marco de la investigación que se sigue en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en la adjudicación de casi dos centenares de obras realizadas en trece comandancias de toda España, el conocido como caso Cuarteles. Nadie sabe qué criterio se siguió para elegir frente a otras a una empresa que no rinde cuentas cada año.

En cualquier caso, es el mismo o similar al que han mantenido la Administración del Estado en numerosas ocasiones y las entidades locales en otras tantas solo durante el último lustro. La última de ellas este mismo mes.

Ayer, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, rechazó que "algunos garbanzos negros enturbien el nombre" del cuerpo, en referencia a estas supuestas irregularidades. Además, sostuvo que el Instituto Armado "está lleno de personas honorables, honradas, que hacen su trabajo con entrega absoluta".

Gámez subrayó también que es la primera interesada en que se destape cualquier tipo de irregularidad o de ilegalidad y "que pague quien tenga que pagar"», informa Efe. Según la información que hasta ahora tienen, hay "un general que es el que ha podido inducir a otros para estas contrataciones", pero reiteró que el caso está en manos de la justicia y "que pague quien no lo haya hecho bien".

La directora del Instituto Armado, María Gámez, exige «que pague quien tenga que pagar»

Angrasurcor ganó desde su creación esas casi dos centenares de licitaciones de la Guardia Civil. Cuando la investigación del caso Cuarteles se inició, 'Mon' optó por diversificar la cartera de clientes.

Una explicación a la cantidad de contratos que quedaron en manos de Angrasurcor se halla en la propia ley. Cuando la licitación es inferior a 80.000 euros, los aspirantes no tienen la obligación de acreditar solvencia económica. Ese conocido como procedimiento supersimplificado, recogido en el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, rige en gran parte de los concursos a los que 'Mon' se presentó. 

La solvencia en esos casos se da por supuesta, lo que no basta para obviar el mínimo ejercicio de comprobación. Es más, si se da el caso de que el elegido resulta ser insolvente, el contrato se considera nulo, lo que invita aún más a las administraciones a poner los cinco sentidos en la gestión.

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