Fricción en la Cámara entre CC y PSOE por los bonos gratis para las guaguas

El Parlamento de Canarias dio ayer su visto bueno a las modificaciones en el Régimen Económico y Fiscal (REF) por la gratuidad de los bonos de guaguas a partir del 1 de enero y la mejora de los incentivos al cine. Lo hizo por unanimidad por más que durante el debate hubo momentos e intervenciones, sobre todo las de los portavoces de Nueva Canarias (NC) y el PP, que parecían más propios de la discrepancia que de la convergencia. No obstante, la fricción de mayor calado la protagonizaron una vez más Coalición Canaria (CC) y el PSOE. Algo que podía presagiarse al tener en cuenta que las cuestiones más relevantes sobre las que debía pronunciarse la Cámara autonómica, en especial la de los bonos gratis, son resultado de los compromisos arrancados por los nacionalistas en Madrid al Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, la portavoz del grupo parlamentario de CC, Rosa Dávila, no dudó en afirmar que el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres trata de «boicotear» la gratuidad de las guaguas y el tranvía lograda por su partido en las Cortes, con lo que echó varias gotas de vinagre en el ayer conciliador discurso del socialista Iñaki Lavandera: «Es muy fuerte decir que el Gobierno de Canarias está boicoteando la medida».

En total son cinco las disposiciones y enmiendas a los presupuestos generales del Estado (PGE) que requerían el parecer del Legislativo canario. El Parlamento debe ser consultado y evacuar un informe favorable o desfavorable cuando una nueva norma o la modificación de algún precepto en las Cortes afecta de alguna manera al REF. En esta ocasión, la Cámara tenía que aprobar dos informes, ya que las cinco disposiciones que afectan al fuero están incluidas en el proyecto de ley de los PGE, una parte, y en la proposición de ley que se tramita en el Congreso para implantar el polémico impuesto sobre las grandes fortunas, la otra. En ambos casos los informes fueron favorables y en ambos casos por unanimidad. Hubo tanta unanimidad como reproches cruzados entre bancadas.

En los incentivos al cine no se produjeron fisuras. No en vano, la Comunidad Autónoma ya logró incluir en la ley del REF que la bonificación fiscal a los rodajes que se lleven a cabo en las Islas tendrá un límite máximo un 80% superior al que se establezca como norma general. Como ese límite será ahora de 20 millones de euros en la Península y Baleares, en Canarias pasará a ser de 36 millones de forma automática. Eso sí, el portavoz del PP en materia económica, Fernando Enseñat, no desaprovechó la ocasión de recordar que el blindaje del diferencial fiscal del cine se consiguió después de que el Ministerio de Hacienda, a comienzos de 2020, se lo saltara de pe a pa al incrementar el tope del incentivo para el conjunto del Estado sin hacerlo en mayor medida para el Archipiélago. «¿Ya no lo recuerdan?», se preguntó de forma retórica en alusión a los escaños del Gobierno y el PSOE. «No deberían ponerse medallas; si el sector está como está no es gracias a ustedes, sino a pesar de ustedes», subrayó Enseñat. El socialista Iñaki Lavandera le respondió en su turno de intervención, que fue el que cerró la sesión plenaria, que el blindaje del diferencial fiscal del cine fue fruto del «consenso» y que se consiguió «en esta legislatura, con un gobierno del PSOE». Cabe recordar, no obstante, que medió un recurso de inconstitucionalidad del propio Parlamento.

El Ministerio ya no interviene en la mejora del incentivo a los rodajes en las Islas; es automática

Un segundo asunto fue el de la actualización de las tasas para la inscripción de empresas en la Zona Especial Canaria (ZEC). Al margen de la disconformidad del PP –«para nosotros es un error subir cualquier tasa», explicó su portavoz– y de un par de matizaciones jurídicas de la representante de NC en la tribuna, Esther González, el incremento de este tributo no dio para mucho más. Entre otras cosas porque más allá de la subida de las cuantías, se trata en todo caso de cantidades irrisorias. Poco más de mil euros de tasa tendrá que pagar la firma que aspire a estar bajo el paraguas de la ZEC para beneficiarse así de un tipo hiperreducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades. «Me pregunto si debe de ser objeto de debate que una empresa que aspire a pagar un 4% en el Impuesto sobre Sociedades tenga que abonar 1.200 euros de tasa», zanjó Lavandera.

Los logros de Coalición

Pero las cuestiones de mayor trasfondo político fueron las dos relativas a las ayudas al transporte aéreo y marítimo de mercancías –una para actualizar los costes digamos teóricos que determinan la subvención y acercarlos todo lo posible a los costes reales y otra para facilitar el anticipo a las empresas de la mitad de las ayudas– y la gratuidad de los bonos de guaguas. Sobre todo esta última. La razón es que estas disposiciones son la materialización de los logros de CC durante la negociación de los PGE en las Cortes Generales. La materialización de los compromisos arrancados por los nacionalistas al Gobierno central. «Son las enmiendas presentadas por Coalición Canaria, aunque a algunos se les hayan atragantado», remarcó Rosa Dávila, que encontró el apoyo argumental del PP y de alguna manera incluso el de Sí Podemos Canarias.

El portavoz del partido morado, Manuel Marrero –habida cuenta de que «se ha llegado a acuerdos con otras fuerzas», con lo que se ahorró mencionar a CC–, expuso que lo ideal sería que la gratuidad de los bonos y tarjetas multiviaje de guaguas y tranvía se prolongara más allá de 2023 en el marco de un «plan de movilidad sostenible». Marrero mencionó de pasada las dificultades para implantar la medida, un problema en el que sí se detuvo la portavoz de NC. De hecho, Esther González aseguró que su partido «analizó y estudió» esta posibilidad pero la «descartó». La diputada se apoyó en las advertencias de las empresas de guaguas para avisar que a partir del 1 de enero, cuando entrará en vigor la gratuidad de los bonos, «puede generarse frustración» si al final la falta de medios materiales y humanos, es decir, la falta de chóferes y de vehículos, da lugar a situaciones como que algún conductor no pueda hacer más paradas porque la guagua vaya repleta.

Hay que recordar, y así lo hizo el popular Enseñat en el pleno, que el descuento concedido por el Ejecutivo estatal a los pasajeros habituales de la guagua y el tranvía antes del acuerdo con CC era del 50%. Un 50% aquí y un 100% para los viajeros en los trenes de cercanías de la Península, donde el uso del autobús es muy inferior. Hay que puntualizar, sin embargo, que el coste para las arcas estatales de ese 50% en las guaguas del Archipiélago era superior al del 100% en los trenes peninsulares, aunque al fin y al cabo aquí el usuario tenía que pagar la mitad y allí, nada. El logro de CC es que también aquí se llegue al 100%, pero si esto dispara la demanda, las empresas que prestan el servicio tendrán problemas, avisan.

La portavoz de CC apuntó que la medida «se está aplicando sin problemas en la Península y Baleares» e incluso le pidió al Ejecutivo regional que «no siga boicoteándola». Rosa Dávila se refirió así al «absurdo» de conseguir la gratuidad de los bonos y al mismo tiempo pedir a los ciudadanos que eviten coger la guagua en horas punta para evitar a su vez el colapso del servicio el 1 de enero. Lavandera le contestó que el PSOE elevó en su día una enmienda transaccional apoyada por todos los grupos del Parlamento para que se estudiara la conveniencia de los bonos gratis. «Es muy fuerte», continuó, que se diga que el Gobierno boicotea la medida. «Es desleal», afirmó.

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