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La inflación cuadruplica el número de obras públicas que quedan desiertas en Canarias

El alza de los materiales y la energía deja sin adjudicar 47 proyectos por valor de 24 millones | El Gobierno admite que tendrá dificultades en los próximos meses

Obras en la TF-24 en La Laguna. Carsten W. Lauritsen

Cada vez más obras públicas no tienen quien las construya. El número de contratos que quedaron desiertos en Canarias en estos primeros meses del año se ha cuadruplicado respecto a 2022. Los motivos de este incremento hay que buscarlos en la elevada inflación que dispara no solo el precio de los materiales sino también de la electricidad y los combustibles necesarios para llevar a cabo los trabajos. Ante esto, las empresas constructoras deciden no presentarse a los procesos puestos en marcha por las administraciones, debido a la dificultad de llevar a cabo los encargos por el importe fijado en la licitación. 

En concreto, y según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, las administraciones públicas canarias –Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y otras entidades asociadas– dejaron sin adjudicar entre el 1 de enero y el 28 de junio un total de 47 contratos vinculados a obras, por un valor de 24 millones de euros. Un año antes, en ese mismo periodo, solo once licitaciones quedaron desiertas y con un montante total de 4,3 millones.

La mayor parte de las obras públicas que han quedado sin adjudicar en el arranque del año se corresponden con proyectos vinculados a entidades locales. Las de hay de todas las cuantías posibles, incluso varias cuyo presupuesto supera el millón de euros. El proyecto que cuenta con una mayor financiación y que no encuentra quien lo construya es la ampliación del centro sociosanitario para mayores del municipio tinerfeño de La Matanza de Acentejo, así como la construcción de un centro de rehabilitación. Pero también ha quedado el desierto el contrato para la reforma del auditorio municipal Alfonso García Ramos de Los Silos o la obra para realizar las instalaciones técnicas y canalizaciones en la calle Tomás Morales de Puerto del Rosario. 

Pero tampoco se libran de quedar sin adjudicar otras obras más pequeñas, con un presupuesto incluso menor de 50.000 euros, como la reforma de las oficinas del centro de mayores San Isidro, en Ingenio o la adaptación y acondicionamiento de miradores para la contemplación astronómico en Artenara. 

Pero aunque los ayuntamientos parecen ser los que están teniendo mayores problemas para adjudicar sus obras, el Gobierno de Canarias no es ajeno a esta situación. Así lo reconoció ayer la consejera de Educación, Manuel Armas, quien en una comisión parlamentaria admitió que el Ejecutivo regional va a tener dificultades a la hora de contratar obras debido al encarecimiento de los precios y las dificultades en el transporte de materiales de construcción.

Lo hizo como respuesta a una pregunta en relación al retraso de unas obras para techar la cancha del CEIP Valverde, en El Hierro. Unos trabajos que según apuntó no tenía conocimiento de que sufrieran ningún retraso, aunque sí puntualizó que «no solo Educación sino el Gobierno general» va a tener problemas, ya que hay mesas de contratación que están quedando desiertas debido al alza en los precios de las materias primas y el encarecimiento y retrasos en el transporte, lo que también está ocasionado que algunas empresas adjudicatarias se estén retirando.

Las patronales de la construcción llevan meses advirtiendo de que esta situación se podía producir. Los precios de algunos materiales, como el cobre o el petróleo se ha duplicado, mientras que el de otros como el acero o el aluminio está también disparado. Algo que se une a los elevados precios de la electricidad, los carburantes y los fletes, necesarios para traer las materias primas hasta el Archipiélago. Unos sobrecostes que aseguran están haciendo inviable la ejecución de algunos contratos públicos. 

«No nos presentamos a las obras porque la administración sigue sacando concursos con unos precios anticuados», sostiene Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife. 

Asegura que el acuerdo del Gobierno canario para la revisión excepcional de los contratos de obras del sector público ha supuesto «un balón de oxígeno» pero no ha resuelto el problema, ya que aunque se aplica a los concursos públicos de ámbito regional, las administraciones insulares y locales deben decidir por ellas mismas si se adhieren. «¿Cuál es el problema? Hay administraciones que ni tienen medios humanos para hacer las revisiones ni cuentan con presupuesto para realizarlas», lamenta Izquierdo, sobre todo en el caso de los municipios más pequeños. 

Pero el presidente de la patronal tinerfeña insiste en que se debe buscar una solución porque los precios incluidos en muchas de las licitaciones son «inasumibles» por «mucho sacrificio que hagan las empresas» y deben ajustarse a la coyuntura actual para evitar una parálisis de la obra pública. 

7,5

Millones en La Matanza

  • La obra más cara que ha quedado desierta en estos meses es la ampliación del centro de mayores de La Matanza y la construcción de un centro de rehabilitación. 

1,5

Millones en Puerto del Rosario 

  • También se ha declarado desierto el contrato para colocar las instalaciones técnicas y canalizaciones en varias calles del municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

1,6

Millones en Breña Baja

  • Tampoco se ha podido adjudicar la construcción de once viviendas protegidas en el Zumacal, en el municipio palmero de Breña Baja, por un valor de 1,6 millones de euros.

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