Las empresas constructoras canarias y las adjudicatarias de obras públicas de la Administración autonómica ya pueden revisar los precios de licitación hasta un 20% por encima de la adjudicación del contrato por la carestía que han experimentado algunos de los materiales que se utilizan y cuyos precios han aumentado entre un 50% y un 100%. Se trata de una revisión excepcional que también abarca a los cabildos y ayuntamientos que así lo acuerden en sus órganos de gobierno. De esta forma, la Comunidad Autónoma traspone el real decreto ley del 2 de marzo de medidas en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras.
Las empresas avisan que el decreto se queda corto porque los costes superan el 50%
El Consejo de Gobierno adoptó este miércoles esta iniciativa ante las reclamaciones de las patronales de la construcción de las Islas, que se están viendo con serias dificultades en obras que están en marcha por los incrementos sobrevenidos de los materiales. La medida es tanto para aquellas obras que en están en ejecución pero también las que se encuentren en el proceso de contratación, licitación, adjudicación o formalización. El decreto estatal permitía a las comunidades autónomas asumirlo en sus ámbitos territoriales y, a su vez, que también lo apliquen las corporaciones locales, si bien el acuerdo aprobado este miércoles por el Ejecutivo condiciona este hecho "al previo acuerdo de los órganos competentes de dichas administraciones públicas, a los efectos de que puedan valorar el impacto de la medida en sus respectivos presupuestos".
El texto hace referencia a materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, aunque se deja la puerta abierta a otros adicionales. Los incrementos de precios alcanzan hasta el 106% con respecto a los precios fijados en 2020 y que durante 2021 han subido de forma exponencial como las mezclas bituminosas para las carreteras con aumentos medios del 85%, aluminio con un 56% de incremento, el petróleo (106%) o el cobre (102%). La Administración autoriza repercutir la subida de costes en el periodo de un año desde la entrada en vigor del decreto estatal.
Las patronales de la construcción advertían desde finales del año pasado que los costes de las obras se habían disparado en torno a un 25% debido al alza de las materias primas, la electricidad, el transporte y la mano de obra. Con la guerra de Ucrania la situación no ha hecho más que empeorar. La subida llega de media al 40% y continúa. Según las sectoriales, las empresas están recibiendo escritos de los proveedores cada 48 horas con alza de los precios, lo que hace que la situación sea insostenible.
Ayuntamientos y cabildos también deberán ajustar contratos en función de sus presupuestos
Según la norma estatal, la cuantía de la revisión de precios no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato y exigirá la previa solicitud del contratista, después será el órgano de contratación el que emitirá una propuesta de revisión de la que se dará audiencia al contratista. Transcurrido el plazo de alegaciones, se resolverá de forma motivada por parte de la Administración, que abonará las cuantías resultantes del alza de los precios y que haya reclamado el constructor con los certificados de obras pertinentes. Asimismo, el contratista deberá repercutir en los subcontratistas la parte proporcional.
El acuerdo aprobado este miércoles por el Gobierno canario busca responder al incremento del precio de las materias primas necesarias para la construcción que se viene registrando desde inicios de 2021 y que afecta al desarrollo de las obras contratadas por la Administración pública y a los procesos de contratación, quedando algunos proyectos desiertos por no resultar atractivos para los contratistas a los precios actuales de estos materiales.
Otros acuerdos del Consejo
Seguridad
Policías en prácticas
- El Consejo de Gobierno acordó ayer transferir a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad un crédito por importe de 973.247,80 euros, fondo necesario para atender los costes salariales del personal funcionario de nuevo ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), actualmente en periodo de formación y prácticas. Son medio centenar de efectivos y el crédito está calculado para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2022.
Contratación
Vigilancia judicial
- El Ejecutivo autorizó ayer el gasto correspondiente a la contratación del servicio de vigilancia y seguridad física de los edificios adscritos a las sedes de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma, por un importe total de 16,9 millones de euros.
La Palma
Ayudas al alquiler
- La reunión del Gabinete dio su visto bueno al gasto plurianual del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) para financiar ayudas económicas para el alquiler de vivienda destinadas a la residencia habitual de familias afectadas por la erupción del volcán de La Palma. El montante global de la partida es de 4,2 millones de euros y forma parte de las acciones que se realizan para mitigar el impacto que la erupción provocó en aquellas familias que se quedaron sin vivienda habitual.
Subvención
Depósito de agua
- El Consejo de Gobierno aprobó ayer una transferencia de crédito de 250.000 euros para la rehabilitación, mejora y puesta en funcionamiento del depósito agua de abastecimiento público del barrio de La Caleta de Interián, en el municipio de Los Silos, en la isla de Tenerife.
