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Ofensiva en las Cortes para que Albares aclare el acuerdo con Rabat

CC, NC y ASG tratan de forzar la comparecencia del titular de Exteriores para que explique las consecuencias del giro en Sáhara para Canarias

José Manuel Albares el pasado 7 de abril en Rabat tras alcanzar un a cuerdo con el gobierno marroquí. EFE

El pleito entre España y Marruecos por la delimitación de los espacios marítimos en el Atlántico frente a Canarias está muy lejos de encauzarse en términos distintos a los que se discutían hasta ahora al menos por parte de los entornos oficiales del gobierno marroquí. El reciente acuerdo alcanzado por ambos países para reactivar el grupo de trabajo para la delimitación de esas áreas y la mediana marítima entre las costas marroquíes y las canarias parecía abrir un nuevo marco de negociación sin apriorismos respecto a las actuales posiciones de las partes, pero lo cierto es que parte de la prensa oficialista del país vecino insiste en negar a España derechos sobre gran parte de los espacios en disputa. Se agrandan en las Islas, pues, las dudas acerca de las consecuencias para Canarias del pacto alcanzado entre Madrid y Rabat. CC, NC y ASG, como primera medida, ya han puesto en marcha la maquinaria legislativa para que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, despeje las incógnitas tanto en el Congreso como en el Senado donde nacionalistas y gomeros han registrado ya una ‘avalancha’ de iniciativas.

Y es que no faltan medios afines al gobierno marroquí que apelando al derecho marítimo internacional surgido de la Convención de Montego Bay (1982), que es justamente la que esgrime España para negociar un estatus que supere las actuaciones unilaterales por parte de Rabat, atribuyan a Marruecos capacidad de exploración y explotación de recursos más allá de las 200 millas de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) e invadiendo así tanto aguas saharauis como canarias.

Es lo que se desprende claramente en artículos publicados, por ejemplo, en el diario Le Matin citando a especialistas que sostienen esa interpretación que ha llevado al régimen de Mohamed VI a aprobar sendas leyes, en 2020, para ampliar sus espacios marítimos a las áreas en disputa con España.

Esta posición de medios oficialistas abren dudas sobre la efectividad del mencionado grupo de trabajo bilateral y sobre las posibilidades de un acuerdo consistente que ponga fin al pleito sobre las fronteras marítimas, una de las principales razones por las que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha terminado por aceptar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como «la base mas seria, realista y creíble para la resolución del contencioso» de la excolonia española. Una de las críticas de la totalidad de las fuerzas políticas españolas, salvo el PSOE, a este giro de la posición española es la falta de compromisos concretos por parte de Rabat en la mayoría de los asuntos de interés para España, entre ellos el de las fronteras marítimas.

Le Matin, en un artículo el pasado 13 de este mes, una semana después de la entrevista de Sánchez con el monarca alauí y de la declaración conjunta de ambos países, insiste en rechazar lo esencial de las reclamaciones españolas en esta materia. Citando a un profesor de Relaciones Internacionales, el artículo defiende que «el solapamiento entre la plataforma continental ampliada de Canarias y la de Marruecos hace que este país, como cualquier firmante de la Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar [UNCLOS, en sus siglas en inglés], pueda llevar a cabo la ampliación de su plataforma continental, más allá de las 200 millas siguiendo el artículo 76 de este texto internacional». Y considera en este sentido que «la superposición de zonas marítimas debe resolverse de conformidad con el derecho internacional», implicitando de esta forma que a Marruecos le asiste ese derecho de ampliación de su plataforma continental así como de exploración y explotación de los recursos no biológicos (minerales y energéticos) del suelo y del subsuelo «de las áreas bajo su jurisdicción» tanto «en la ZEE como en la plataforma continental».

El entorno mediático del gobierno marroquí considera que «el origen de este diferendo entre ambos países data del Real Decreto español de 1978 [antes por tanto de la Convención de Montego Bay] por el que se establece una ZEE frente a las costas canarias al tiempo que a estas islas como archipiélago» pese a que, añade Le Matin, «el derecho internacional no permite designar como archipiélago a un territorio que se identifica como conjunto de islas que forman un todo geográfico, económico y político o que históricamente se considera como tal».

Las suspicacias que levantan este tipo de informaciones son las que han llevado a varios de los representantes canarios en las Cortes a plantear distintas iniciativas para que José Manuel Albares explique el qué y el cómo del acuerdo al que se llegó el 7 e abril con el Mohamed VI.

La primera de ellas tendrá lugar la próximas semana en la Cámara alta, donde el senador de ASG, Fabián Chinea, realizará una pregunta oral en el pleno del martes para que el ministro exponga la hoja de ruta con la que acudirá España a esa negociación con Marruecos «dado que se trata de un asunto que es de vital importancia para Canarias». Y en la que reclama una representación de las Islas. Chinea solicitará también al ministro de Exteriores que aclare si en dicho grupo se debatirá también sobre las aguas que corresponden al Sáhara Occidental.

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, por su lado, registró ayer una interpelación urgente en el Congreso a Albares sobre esta misma cuestión, mientras que el ministro tiene pendiente una comparecencia urgente solicitada hace dos semanas por el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo.  

El PP avisa de «nefastos» efectos para las Islas 

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, «reprocha» al Gobierno de Pedro Sánchez que no haya tenido en cuenta las consecuencias para Canarias de su «inesperado e incomprensible» cambio de rumbo político respecto al Sáhara. En una rueda de prensa ayer, el líder de los populares isleños denunció que «Sánchez, de manera unilateral, y sin consultar al Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, al que una vez más ningunea, ha alterado la posición tradicional de España en asuntos sensibles con Marruecos, que está teniendo importantes consecuencias; nefastas para nuestro país, en general, y para Canarias en particular». En su opinión, «la aceptación de que el Sáhara es parte de Marruecos implica también modificaciones en las reivindicaciones de soberanía sobre la aguas frente a sus costas, que afectaría a las llamadas aguas canarias, lo que supone una amenaza sobre nuestra territorialidad». Esa «claudicación» de Sánchez ante el régimen alauita, sostiene el PP, está generando otras políticas de hechos consumados como la que se ha puesto de manifiesto con el anuncio de prospecciones petrolíferas cerca de Lanzarote y Fuerteventura. «Desde el PP de Canarias tememos que esas prospecciones no cuenten con las suficientes garantías ni controles de seguridad. Sin el paraguas de la UE, conllevan un elevado riesgo medioambiental». 

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