Sombras en residencias de mayores

Las residencias de personas mayores se han convertido, sobre todo a raíz de la pandemia, en recursos sensibles a los que prestar mucha atención para evitar situaciones indeseables en los usuarios. Así lo plantea la Plataforma Residencias Dignas, que demanda un mayor control del funcionamiento cotidiano de dichos centros. Esta organización explica que el Gobierno de Canarias dispone de tres inspectores para realizar tal función, lo que resulta, desde su punto de vista, absolutamente insuficiente para verificar qué ocurre en los recintos de todo el Archipiélago, en los que se concentran 6.331 plazas. Pero faltan otras 16.000. Las portavoces del colectivo, Ofelia Aguiar y Asunción Cívicos, lamentan que, a pesar de que hace varios años el anterior Ejecutivo autónomo anunció que iba a elevar a once la plantilla, la cifra no ha variado.

En un escrito presentado ante la Consejería de Bienestar Social el pasado 8 de febrero, la entidad solicitaba a las autoridades «ejercer la función de inspección y supervisión que tiene la administración autonómica encomendada», ante la «constatada falta de visitas por los servicios de inspección a centros».

Desde la Consejería de Bienestar Social, que dirige Candelaria Delgado Toledo, explican que una de las soluciones aplicadas para hacer frente a la actual carencia de inspectores es incorporar a agentes de la Policía Autonómica para garantizar el buen funcionamiento de recursos públicos y privados destinados a la atención de menores, personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia.

Hasta la firma del mencionado acuerdo entre los departamentos de Bienestar Social y Seguridad el pasado mes de marzo, integrantes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) sólo tenían encomendada la inspección de centros privados para mayores. Este nuevo convenio contempla que los agentes autonómicos acompañarán al personal técnico, seguirán la actividad de los recursos e investigarán posibles infracciones.

Desde la plataforma Residencias Dignas cuestionan esta medida, aunque sus representantes se muestran expectantes para ver si tiene validez. En cualquier caso, consideran fundamental para conocer la realidad de cada recinto que las inspecciones sean por sorpresa y no anunciadas previamente.

En el amplio listado de demandas expuestas a Bienestar Social hace dos meses y medio figuran algunos asuntos clave. Uno de ellos es que las residencias de personas mayores cuenten con «personal suficiente y cualificado, con remuneración de acuerdo a las funciones que desempeñan».

Por ejemplo, Ofelia Aguiar y Asunción Cívicos creen necesario aumentar la ratio de auxiliares de enfermería y geriatría, para que haya un profesional por cada cuatro residentes en turno de mañana y tarde, así como uno por cada diez en horario de noche, con presencia en el centro y según el grado de dependencia.

«Somos conscientes de que se están usando sujeciones mecánicas y farmacológicas, principalmente por falta de personal y formación», señalan ambas portavoces de la Plataforma. Por eso reclaman la aprobación de un manual de buenas prácticas, mediante el que se logre la eliminación de ese tipo de procedimientos.

Cívicos y Aguiar apuntan que «conocemos la vulnerabilidad de las personas en situación de dependencia institucionalizadas (residentes en centros sin apenas salir), muchas de las cuales carecen de familiares o personas que les den voz y denuncien las situaciones que sufren, relacionadas con la falta de libertad, el incumplimiento de otros derechos humanos y la falta de cuidados».

En opinión de la Plataforma, algunas empresas hacen «publicidad engañosa y falsa» de residencias de mayores, pues, aunque varias tienen «infraestructuras de lujo», la «atención personal y humana es mucho más pobre». Como ejemplo de la falta de personal, indican que se dan casos en que un auxiliar de enfermería debe atender a 30 residentes en dos plantas.

Para Asunción Cívicos, sobre el papel se habla de un modelo de gestión centrado en la persona, pero en la práctica existe un «interés prioritario en cubrir plazas y obtener beneficios económicos», con lo que «queda evidenciado que el modelo de gestión se centra en el servicio».

Desde la perspectiva de Ofelia Aguiar, las dos principales vías para la obtención de beneficios en los centros geriátricos se halla en tener plantillas reducidas y en la cantidad y calidad de la comida que se sirve. Y señalan que hay casos de «clara desnutrición y deshidratación».

También hablan de ingresos masivos. Citan un caso de 23 personas en un mismo día, a pesar de que a cada una de ellas hay que hacerle la valoración geriátrica integral, con el «consiguiente abandono del resto de residentes y privación de determinados servicios periódicos de psicología, fisioterapia o medicina por los que están pagando».

Dos empresas fueron consultadas para tratar de conocer su versión, pero, hasta ahora, ninguna ha respondido a la Plataforma.

Una vulneración reiterada de derechos y libertades, apuntan ambas mujeres, se halla en la restricción grave de la movilidad, «con el sentimiento de secuestro en algunos residentes sin deterioro cognitivo ni dificultades de movilidad». En el documento remitido al Gobierno se menciona que, un año después de la apertura de un centro, la inmensa mayoría de los usuarios seguían sin el programa individual de atención (PIA).

También exponen alguna situación trágica y que se pudo evitar con una atención adecuada. Aguiar y Cívicos recuerdan la muerte por atragantamiento de una persona y aclaran que no se puede servir una albóndiga sin desmigajar a alguien que tiene un deterioro cognitivo, come sola y carece de supervisión en ese momento.

Otras carencias están vinculadas con la falta de material adecuado. Por ejemplo, aclaran que, si no disponen de guantes de nitrilo, los trabajadores pueden negarse a bañar a determinados residentes, pues les ampara la Ley de Protección de Riesgos Laborales. Y esa circunstancia puede tener graves consecuencias, como la falta de higiene y el abandono de los cuidados necesarios a los mayores.

En base a testimonios recabados por la Plataforma entre familiares, señala que existen casos de confusión al administrar los medicamentos de los usuarios y, en ocasiones, la no administración de las medicinas prescritas por el facultativo de turno, o bien, no efectuar las valoraciones previas para ajustar el sintrom (medicamento anticoagulante, muy utilizado por ciudadanos con patologías cardiovasculares).

De todos los centros residenciales para mayores que existen en el Archipiélago, el 53 por ciento son propiedad de alguna administración pública, mientras que el 47% son de titularidad y gestión privada. No obstante, cabe aclarar que algunas administraciones recurren a empresas privadas para la gestión de sus infraestructuras. Por ese motivo, tan sólo 32 recursos pueden ser considerados 100% públicos, es decir, de titularidad y gestión pública.

Cabe recordar que un problema que afecta seriamente a la sanidad pública es que, en estos momentos, 566 personas de avanzada edad permanecen en camas de hospitales públicos canarios cuando, en realidad, deberían estar en centros sociosanitarios. Es una muestra de la carencia de plazas residenciales para mayores que se detecta en el Archipiélago.

Ofelia Aguiar fue profesora de Secundaria y ahora está jubilada, mientras que Asunción Cívicos desarrolló su labor como profesora de Trabajo Social en la Universidad de La Laguna. La creación de la Plataforma Residencias Dignas se produjo hace tres años, «después de observar irregularidades y no poder mirar para otro lado».

Ambas explican que el problema con los centros geriátricos es común en todo el territorio nacional. En septiembre del pasado año, esta organización social presentó en la Delegación del Gobierno 13.325 firmas recogidas en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro para demandar mejoras en la red de recursos públicos y privados.

Cívicos y Aguiar manifiestan que los familiares de las personas afectadas no quieren presentar quejas o denuncias «por temor» a que su ser querido reciba un peor trato si se descubre de dónde partió el escrito. Y trabajadores de los centros tampoco denuncian, bien para no perder su empleo, bien por un «mal entendido corporativismo». Pero aclaran que sí se pueden presentar denuncias anónimas en la Fiscalía y en la Inspección de Trabajo.