Güímar otorga una ayuda de 6.600 euros a cada afectado del desalojo de Las Bajas

El gobierno municipal de Güímar aprobó una subvención de 6.600 euros (con cargo al presupuesto de este año) a cada afectado por el desalojo y cierre de Las Bajas, que tuvo lugar el 10 de marzo de 2021, debido al riesgo de desprendimiento del talud situado sobre las viviendas del poblado. Se trata de la segunda ayuda para alquiler otorgada a los vecinos desde entonces y responde a que «nuestro compromiso con los afectados es total y absoluto desde el primer momento», señala el Ejecutivo local. Este apoyo económico está vigente desde el pasado día 9, a través de un decreto.

El grupo de gobierno también apela a la responsabilidad de la población «para evitar riesgos». El temporal marítimo registrado en la madrugada del 10 de abril pasado destrozó el acceso a Las Bajas, anegó y causó daños de relevancia en las viviendas del poblado. Un informe de la Policía Local (19 de abril) especifica que se realizaron trabajos «con pala mecánica» y «encargados por particulares para facilitar el acceso al Camino de Las Bajas», actuación que «carecía de título habilitante».

Trámite de audiencia

Por este hecho, también vía decreto, el Ayuntamiento concede a varias personas –localizadas en los inmuebles de Las Bajas ese día– trámite de audiencia al entender que «incumplieron la prohibición de acceso al citado ámbito», señala el Consistorio. Cierre vigente desde el día en que los vecinos abandonaron sus residencias para realizar los trabajos (inconclusos) de consolidación del talud.

«No podemos permitir esta actitud, porque arriesgan su vida con esta decisión, por lo que les instamos a que sean conscientes y acaten la medida que se adoptó (...), que no fue fácil, pero la inseguridad derivada del riesgo de desprendimiento, amenazando la integridad de bienes y personas, hacía necesario actuar con celeridad para evitar desgracias», apunta el gobierno local.

Reposición del vallado

El mismo temporal produjo la caída del vallado del acceso. El Ayuntamiento contrató, por la vía urgencia, un cierre perimetral de casi 350 metros «con un vallado especial y reforzado», por 34.700 euros. Se ejecuta según «los condicionantes técnicos marcados por el Gobierno de Canarias y el Servicio Provincial de Costas», apunta el grupo de gobierno.

Situado en el margen mar de los túneles de la Autopista del Sur (TF-1) al paso por Güímar, Las Bajas es un poblado de una veintena de casas, cuevas o casas-cueva, con una población permanente de ocho familias.

Antecedentes

Mediante decreto, el 12 de marzo de 2021, el Ayuntamiento adjudicó la obra de emergencia de refuerzo y consolidación del talud, contrato suscrito el 6 de mayo de ese año con presupuesto inicial de 342.865 euros. El 9 de junio de ese ejercicio, un temporal de mareas vivas incomunicó la obra al destrozar el camino de acceso. Costas autoriza ampliar la zona de emergencia con el proyecto acondicionamiento provisional del camino de las Bajas para acceso de maquinaria a la obra de emergencia, por importe de 94.656 euros.

Desde el Consistorio se explica que la dirección facultativa de la obra informa que estos trabajos «persiguen minimizar la peligrosidad y la exposición de personas y bienes que (...) permitirán que la vía retorne a un nivel de seguridad apropiado para recobrar su uso».

Paralización de la obra

En junio de 2021, la dirección facultativa de las obras emite un informe extraordinario en el que cuntifica el coste de las obras en 1.037.180 euros, apunta el gobierno municipal. Acto seguido, la Secretaría General y la responsable del contrato remiten una providencia solicitando a la Alcaldía «que ordene la no continuación de las obras». El alcalde decreta (26 de agosto de 2021) y «ordena la suspensión provisional de las obras de refuerzo de consolidación de talud con carácter inmediato». La empresa adjudicataria interpone recurso-contencioso administrativo contra la resolución del contrato por incumplimiento, asunto pendiente de resolución judicial.

Las Bajas es un núcleo sujeto en la actualidad a 19 expedientes de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar.