La prisión Tenerife II sólo cuenta con tres médicos cuando deberían ser ocho

La Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip-UGT) denuncia que en el centro penitenciario Tenerife II debería haber ocho médicos, según la relación de puestos de trabajo (RPT), pero que, en realidad, sólo dispone de tres. Y eso a pesar de las diferentes agresiones que sufren los funcionarios de prisiones. El pasado jueves, un recluso violento estuvo a punto de cortarle el cuello a un jefe de servicio con una cuchilla de afeitar fijada a un soporte de plástico, mientras que a otro trabajador le rompió un palo de escoba afilado en un brazo que el empleado público puso para defenderse del ataque.

Pero la carencia de médicos no es exclusiva de Tenerife II. En las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias faltan 351 de los 515 que figuran en la relación de puestos de trabajo. Eso supone un déficit del 68,16 por ciento del total y representa siete puntos más que el año pasado en las mismas fechas. En el caso concreto de la prisión tinerfeña, tres profesionales deben atender a más de 930 internos en total, entre preventivos y condenados.

El pasado domingo, 3 de diciembre, se celebró el Día Internacional del Médico, unos profesionales que desarrollan una labor muy importante en la sociedad. Sin embargo, según Acaip-UGT, su trabajo encuentra muchas dificultades y se resiente si faltan facultativos.

Cada año, peor

Desde Acaip-UGT muestran su preocupación ante la carencia de medidas por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para solucionar un problema que, año a año, empeora la atención sanitaria de las personas que se encuentran privadas de libertad.

Una de las claves se halla en la elevada edad media de los médicos que trabajan en centros penitenciarios, mucho de los cuales se encuentran cerca de la edad de jubilación, lo que «hace previsible que el déficit» siga en ascenso, apunta el sindicato.

Dos décadas sin solución

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. Sin embargo, hace 19 años que se cumplió ese periodo de integración en el sistema autonómico y, hasta ahora, sólo Navarra ha asumido tal competencia, al igual que las regiones que tienen transferidas la gestión de las cárceles: Cataluña y País Vasco.

Para los responsables de Acaip-UGT, los centros penitenciarios no pueden seguir asumiendo el problema institucional creado, ya que éste repercute en la salud de los internos y en la seguridad de las prisiones.

Los facultativos tienen asignadas más funciones que las asistenciales. Por ejemplo, ante un altercado en una prisión, es preciso que el médico elabore un informe, donde valore la conveniencia o no de la aplicación de sujeciones mecánicas, así como establecer el protocolo que sea preciso en cada caso. Y estas situaciones no se pueden afrontar mediante la telemedicina, insisten desde Acaip-UGT.

Dos casos en una semana

En apenas una semana, entre el 23 y el 30 de noviembre, en Tenerife II hubo dos episodios de agresiones a funcionarios, en las que dos reclusos atacaron a cuatro trabajadores en total. En la más reciente, un preso violento utilizó un palo de escoba afilado con el que trató de golpear a un funcionario. Éste logró romper el objeto, al poner un antebrazo de forma defensiva para evitar un impacto mucho más peligroso. Y un jefe de servicio esquivó el intento del citado recluso de cortarle el cuello. El arma usada en este ataque consistió en una cuchilla de afeitar unida al soporte de un cubierto de plástico. En estos casos, los presos insertan la cuchilla en ese objeto de plástico. Y para fijar y unir ambas piezas las someten a fuego durante un determinado tiempo, según explica el delegado del sindicato CSIF en Tenerife, Bernardo Fernández.

Acaip-UGT señala que esa segunda agresión ocurrió «bajo el ambiente de un patio repleto de internos embravecidos y para los funcionarios no se dispone de la condición de agentes de la autoridad, que se nos viene negando durante años por nuestros gobernantes». Cabe recordar que, si la víctima de un ataque de este tipo tiene la condición de agente de la autoridad, las penas son más elevadas.

Problemas de salud mental

Aclaran los sindicalistas que, en un entorno en el que más del 30% de los internos tienen medicación psiquiátrica, «y un alto porcentaje padece patologías diversas, como hepatitis, VIH, diabetes y un largo etcétera, no se puede dejar caer el sistema sanitario».

Una cárcel puede albergar una «población flotante» de cerca o más de 1.000 internos, «que no podemos equiparar» con los habitantes de un pueblo «por las singularidades de los pacientes y las necesidades médicos-legales» de estos, según Acaip-UGT.

Doble pena

Para este sindicato, la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las comunidades autónomas para no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. «No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria», añaden dichos sindicalistas.

El CSIF como acusación particular

El sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de prisiones, que se define como mayoritario en la Administración General del Estado y en el centro penitenciario Tenerife II, aseguró que en el plazo de una semana ocurrieron dos agresiones a trabajadores de dicha cárcel, que sufrieron lesiones de diferente consideración. Para la mencionada organización sindical, ambos episodios de régimen interno de la cárcel fueron «objetivamente graves» y, por lo tanto, requieren de «una respuesta penal contundente». El CSIF manifiesta que, en ocasiones anteriores, «nuestros servicios jurídicos han conseguido sentencias condenatorias por los delitos de atentado y lesiones». Respecto al último de los episodios registrados en la prisión Tenerife II, añade la Secretaría General de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Madrid que «se valorará también la posibilidad de realizar una acusación por tentativa de homicidio, aparte de la responsabilidad civil que corresponda». Añaden que «ejerceremos la acusación particular», con independencia de la labor de la Fiscalía.