La conexión de la estación de bombeo de San Blas, en la costa de Candelaria, con la depuradora comarcal construida en Arafo se demora a causa de la modificación del proyecto impuesta por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. La medida supone un retraso que la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, espera quede superado en breve «para que se pueda licitar la obra en el año 2023».

Esta infraestructura, esencial para resolver el problema del tratamiento de aguas residuales de la zona más poblada del Valle de Güímar -la franja litoral entre Las Caletillas y la Basílica-, cuenta con proyecto desde mayo de 2021, redactado por el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf), y el Ejecutivo regional contempló casi siete millones de euros para financiar su ejecución en el Presupuesto del año en curso. Importe que aumenta debido a la actualización de precios y a las mejoras que se están introduciendo.

La alcaldesa así lo expuso ayer ante el Pleno en respuesta al interés mostrado por la portavoz de Coalición Canaria (CC), Ángela Cruz. Brito incidió en la relevancia de esta actuación y en que el gobierno municipal «es insistente» a la hora de reclamar celeridad en la culminación de la modificación del proyecto, ceñido a «un aspecto técnico» y del trazado. Con carácter previo, Candelaria también demanda la declaración de interés para completar el proceso de expropiación del suelo necesario para la obra, hoy pendiente de una propiedad situada en las inmediaciones de la estación de bombeo.

El Pleno amplía a cinco años la bonificación de instalaciones de placas solares

La Estación Depuradora de Aguas Residuales Urbanas (Edaru) construida en Lomo del Caballo, con una inversión final cifrada en 13 millones de euros, permanece en desuso debido a que necesita recibir un mínimo de 1.750 metros cúbicos para su puesta en funcionamiento. Está dimensionada para tratar 3.000 metros cúbicos de aguas negras al día «en una primera fase».

Último pleno

El Ayuntamiento de la Villa Mariana celebró el último pleno ordinario de 2022, en el que el interventor informó sobre la fiscalización de la cuenta general de 2020, realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias, sin que los grupos políticos plantearan discrepancias.

En la sesión, la Corporación aprobó de forma definitiva la modificación de la ordenanza de Bienes Inmuebles (IBI), tras desestimar las dos alegaciones presentadas al entender que una está incluida y la otra es meramente informativa. De esta forma, se amplía a cinco años las bonificaciones al aprovechamiento eléctrico de instalaciones solares al 30%, por lo que el gobierno local anticipa que se incrementará considerablemente el número de beneficiarios. El cambio de la ordenanza añade una bonificación del 30 % para la instalación de puntos de recarga eléctricos en edificaciones de uso residencial.