El decreto de declaración de ruina inminente del edificio Iders, firmado el pasado 7 de junio por el edil de Ciudad Sostenible del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, David Hernández (ACP), cifra en al menos 800.000 euros el coste de demolición de este inmueble, que generará unas 9.800 toneladas de escombros. Los técnicos municipales detallan que derruir el edificio y retirar esa gran cantidad de residuos podría alcanzar un coste de a 1.254.537 euros, según Cype Ingenieros, aunque ellos lo rebajan a 798.396 euros, en un cálculo elaborado «con precios de 2021 de la Base de Datos de la Fundación CIEC de Canarias».
Reconstruir el Iders tendría un coste de unos 6,5 millones de euros, según este informe, por lo que «el valor del límite del deber de conservación queda establecido en 3.258.188 euros», advierten los técnicos. Esa cifra marca el límite de las obras que «deben ejecutarse a costa de los propietarios cuando la administración las ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano. Y se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original».
El decreto advierte de que el inmueble se encuentra en la situación legal de ruina urbanística, «ya que el coste calculado de las reparaciones necesarias (4.515.848 euros) para devolver la estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructurales a una edificación manifiestamente deteriorada, supera el límite del deber de conservación (3.258.188 euros)».
Respecto al estado del Iders, el área de Ciudad Sostenible establece que «el inmueble desalojado por sus propietarios desde hace 30 años se encuentra habitado u ocupado parcialmente por otras personas de manera irregular, por lo que lo primero que se percibe en la inspección son aspectos de inseguridad de utilización (faltan elementos de seguridad y hay evidencias de incendios), así como una insalubridad evidente: basura, restos de escombros, animales muertos, ratas...».
Añaden que «en cuanto al propio edificio, queda una estructura bastante dañada, con fisuras, grietas, pandeo y deformaciones apreciables a simple vista, pérdida del recubrimiento de protección de los elementos estructurales como los forjados, vigas y pilares. Además, está constantemente expuesta a la humedad, a las precipitaciones y al ambiente marino, al carecer de impermeabilización las cubiertas y no existir la carpintería exterior. Las carpinterías interiores y los elementos de seguridad, como las barandillas interiores y exteriores, sanitarios y acabados, han desaparecido o se encuentran en pésimo estado. Incluso las medidas provisionales de protección que en algún momento se tomaron (apuntalamiento y redes de protección), en la actualidad son una amenaza en sí mismas».
Desde la notificación, se da un plazo de diez días hábiles a los dueños para cerrar, limpiar y desratizar
Los técnicos señalan que «la propiedad no ha cumplido con el deber de mantener la edificación en un buen estado de conservación en todo momento, pero además no ha conservado en las condiciones necesarias las obras adicionales o provisionales realizadas tras su desalojo, como el apuntalamiento y las mallas de protección». Así que el inmueble «no cumple con los requisitos básicos de la edificación en cuanto a funcionalidad, seguridad y habitabilidad».
Daños muy graves
Los técnicos que elaboraron el informe de declaración de ruina inminente advierten de que “el sistema de apuntalamiento del edificio está seriamente dañado, sin función alguna, mostrando la mayoría de los puntales signos de corrosión y rotura. La malla de protección, con los desperfectos que presenta, tampoco puede impedir los posibles desprendimientos que se produzcan en la actualidad y en el futuro”. Añaden que “la estructura original del edificio presenta daños evidentes en los forjados, con armaduras vistas al desaparecer el recubrimiento de estas, y por lo tanto pérdida de la protección de dichos elementos estructurales". Apreciables de manera general en todo el edificio, "pero principalmente en los forjados de las plantas más altas y en las cubiertas de las terrazas laterales de planta baja". Los pilares que pudieron observarse "también presentan fisuras y desprendimiento de la capa de recubrimiento dejando el armado a la vista”. El edificio “carece de carpintería interior y exterior, ni vallado original de las terrazas exteriores o balcones, lo que es un problema para la seguridad de los ocupantes actuales de las plantas altas del inmueble. La inexistencia de carpintería exterior y de impermeabilización de la cubierta agrava la situación de la estructura, porque el agua de lluvia entra en las estancias de todas las plantas del edificio, afectando aún más al armado de los elementos estructurales". Además, "se observa que se han producido varios incendios en estancias de las plantas altas del inmueble, desconociendo la intensidad de los mismos y lo que el fuego, y el agua utilizada por los equipos de extinción, pudieron afectar a la estructura portante del edificio”.
En su parte dispositiva, este decreto ordena el desalojo inmediato, «en el plazo de 24 horas», de los ocupantes del inmueble «dado el grave peligro que existe, así como ordenar a los propietarios que, en un plazo de 10 días hábiles contados partir del día siguiente a la notificación, procedan a aplicar las medidas necesarias para que inmueble y alrededores no sea reocupado (vallado y vigilancia); eliminar mallas de protección y elementos de apeo sin conservar ni mantener, por el riesgo de caída inminente desde los volados; ejecutar acciones de limpieza y desratización».
«Dado el peligro inmediato que representa esta situación», se insta a los propietarios a presentar el preceptivo proyecto técnico de demolición en el plazo de dos meses, a contar desde la notificación, y se ordena a la propiedad a que proceda a su demolición «en el plazo improrrogable de un mes para iniciar la ejecución y seis meses para finalizarla, a partir del día siguiente de la autorización del proyecto de demolición» por parte del Ayuntamiento portuense.
Se advierte a la propiedad de que «el incumplimiento injustificado de los plazos indicados, habilita al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz a la ejecución forzosa mediante la ejecución subsidiaria de las actuaciones ordenadas, repercutiendo los costes en los titulares del inmueble». Se les concede un trámite de audiencia de diez días.
La amenaza de la judicialización
Algunos propietarios del edificio Iders barajan la posibilidad de recurrir en vía judicial la declaración de ruina inminente de este inmueble, desalojado en el año 1991. En la protesta de este martes, la Policía Nacional tuvo que retirar una pancarta en la que podía leerse el lema «¡El Iders no se tira!», así que la hoja de ruta que ha marcado el Gobierno portuense (PSOE-ACP) se enfrenta también a la amenaza de la judicialización, que podría suponer un nuevo freno a las soluciones que defiende el Ayuntamiento y que deben comenzar por el desalojo de los últimos okupas, la limpieza y cierre del inmueble y su posterior derribo por parte de los propietarios o, de forma subsidiaria, a cargo del Consistorio de la ciudad turística. Según el decreto de declaración de ruina inminente del Área de Ciudad Sostenible y Planificación, hay identificados un total de 117 propietarios del edificio Iders, de los que 94 son personas físicas, 7 son comunidades de heredederos y otros 16 son sociedades limitadas o sociedades anónimas. Al estar disuelta por orden judicial la Comunidad de Propietarios del Iders, el Consistorio afronta ahora un complejo proceso de notificación a los actuales dueños del inmueble.
