Unas 150 personas participaron en la concentración de este martes 28 de junio en la avenida Familia Betancourt y Molina para exigir por primera vez en la calle una solución inmediata y definitiva a los problemas que causa el edificio Iders a los vecinos y negocios de esta zona de Puerto de la Cruz. Residentes, trabajadores y empresarios el entorno de este inmueble, declarado en «ruina inminente» desde el pasado 7 de junio, entonaron un «basta ya» para reclamar el desalojo, la limpieza, desinfección, desratización, desinsectación y tapiado de este edificio. En la actualidad, y desde hace años, está repleto de basuras; afectado por plagas de roedores e insectos, y cuenta con un número de ocupantes ilegales que oscila entre 2 y 9 personas que viven en condiciones insalubres y en grave riesgo para su integridad física.
En la protesta coincidieron afectados del entorno con algunos propietarios, a los que agentes de la Policía Nacional solicitaron que retiraran una pancarta en la que podía leerse «¡El Iders no se tira!». Pese a que los dueños del inmueble y los residentes en la zona podrían chocar en la defensa de determinados intereses, la convivencia de ambos colectivos fue pacífica y no se produjo ningún incidente más allá de la retirada de la citada pancarta.
Una media hora antes de lo previsto empezaron a llegar personas a la concentración, que en el momento de máxima afluencia llegó a reunir a unos 150 participantes. Justo enfrente del Iders, donde no hicieron acto de presencia los ocupantes, se colocó una gran pancarta en la que podían leerse frases como «El edificio Iders, la vergüenza del Puerto de la Cruz», «Los vecinos de la zona piden soluciones», «Señores políticos, actúen ya» y un reiterado «¡Basta ya!», que también aparecía en multitud de pequeños carteles. Hubo otros lemas como «Stop basura», «31 años de sufrimiento» y una apelación a todas las administraciones públicas: «Alcalde, actúa», «Cabildo, actúa», «Diputado del Común, actúa», «Gobierno de Canarias, actúa». Los pitos y la canción que denuncia la situación del Iders fueron la banda sonora de la protesta, animada por las palabras del portavoz de los convocantes, Eduardo Luis.
En la parte final del acto, el propio Luis leyó un breve manifiesto en el que señaló que «la situación del Iders está perjudicando, en primera persona, a los propietarios y al resto de vecinos colindantes: comunidades de propietarios, hoteleros y negocios. En definitiva, a todo el municipio del Puerto de la Cruz».
«Queremos sensibilizarnos con estas familias que hace 31 años tuvieron que abandonar sus casas porque dictaron que el edificio tenía aluminosis y luego se ha demostrado que no», recordó Eduardo Luis, quien también mandó un mensaje a los políticos: «Ser político es ser servidor de tu pueblo. Es gestionar bien los intereses generales de la ciudad. Es velar por todos y cada uno de los ciudadanos, tomando decisiones que les beneficien». Y concluyó: «Señores políticos, se lo podemos decir gritando, bailando o con música, pero hay una cosa muy importante: una imagen vale más que mil palabras y ahí lo tienen, a la vista de todos. Les pedimos desesperadamente que actúen. No podemos aguantar más. Ratas, basura, peleas, incendios y drogadicción. ¡Basta ya! No merecemos esto».
"Les pedimos desesperadamente que actúen. No podemos aguantar más"
El alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González (PSOE), se presentó en la parte final de la protesta y dio la cara ante los vecinos y propietarios presentes. Durante unos 20 minutos estuvo respondiendo dudas y quejas de los asistentes. Una conversación informal, sin incidentes, en la que el alcalde dejó claro que la declaración de ruina inminente «no tiene vuelta atrás» y que el único futuro del Iders pasa por su demolición y reconstrucción «con las mismas dimensiones actuales».
Autorización judicial
González confirmó que el Ayuntamiento portuense recibió en torno a las dos de la tarde de este lunes 27 de junio la autorización judicial para desalojar a los residentes ilegales del Iders. Una orden de desalojo que este martes la Policía Local se encargó de empezar a notificar a los últimos okupas que quedan en el edificio, donde llegaron a vivir unas 70 personas en los peores momentos de la pandemia de Covid-19. Recalcó que las personas que aún residen en el Iders merecen una atención social, ya que presentan diferentes problemáticas. Dijo que el Consistorio lleva meses trabajando para reubicarlos en otros recursos acordes con sus situaciones personales. Ante las críticas por el empadronamiento de algunas de estas personas en las ruinas del Iders, González respondió que «la legislación actual permite empadronarse hasta en un banco de la calle, pero eso no otorga ningún derecho adicional».
El alcalde, Marco González (PSOE), acudió a la protesta y respondió a las dudas de los asistentes
Según el alcalde, el desalojo se concretará en los próximos días. Paralelamente, se insta a los propietarios a que limpien, desraticen y desinsecten el edificio y lo tapien correctamente para impedir el acceso a nuevos okupas. «Si la propiedad no lo hace, entonces lo hará el Ayuntamiento», advirtió. No quiso concretar plazos, pero reconoció que el objetivo es que la limpieza y el tapiado sean una realidad a lo largo de este verano. El siguiente paso es la presentación de un proyecto de demolición (valorado en unos 130.000 euros), que también deben elaborar los propietarios o, de lo contrario, lo ejecutará de forma subsidiaria el Ayuntamiento portuense. Luego podrá reclamar su coste a los actuales dueños del edificio Iders, que ayer recordaron que en 1991 fueron víctimas de un desalojo injustificado, ordenado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. Se sienten víctimas y tampoco consideran justo que tengan que afrontar el elevadísimo coste que tendrá la limpieza, desinfección, tapiado, demolición y retirada de escombros de este inmueble de nueve plantas y 8.354 metros cuadrados.
Los propietarios son alrededor de 120 personas físicas y jurídicas, entre las que se incluye un propietario que, de forma directa o a través de diferentes empresas, ostenta algo más de una cuarta parte. La inversión necesaria para ejecutar todos los trabajos que reclama el Ayuntamiento portuense a través del decreto de declaración de ruina ronda los 2,4 millones de euros. Una media estimada de unos 20.000 euros por propietario para quedarse con un solar y unos derechos de reconstrucción que obligarían a asumir, posteriormente, otra cuantiosa inversión.
A la concentración también acudieron el presidente del PP de Puerto de la Cruz, Ángel Montañés, acompañado por el concejal popular Víctor Cabo, así como la exalcaldesa y concejala de CC, Sandra Rodríguez, y su compañero de partido y corporación Dionisio Acevedo. La portavoz nacionalista aseguró que «este es un problema que comenzó hace más de 30 años y todas las corporaciones, absolutamente todas, han trabajado por encontrar una solución que no vulnerara los derechos de los propietarios del Iders». Sin embargo, puso en duda la idoneidad del último paso dado por el Ayuntamiento portuense, con la declaración de ruina inminente, y se preguntó «¿por qué no se ha apuntalado y tomado otras medidas adicionales de protección si realmente ese edificio está en riesgo de venirse abajo?».
«CC ha presentado cinco propuestas desde diciembre de 2020 para resolver el creciente problema generado por la ocupación del Iders, pero lamentablemente, pese a que se han aprobado por unanimidad, el Grupo de Gobierno portuense (PSOE-ACP) no las ha cumplido. Si desde abril tenían el informe técnico, ¿por qué esperaron hasta el 7 de junio para firmar ese decreto?», cuestionó Sandra Rodríguez.
