El procedimiento administrativo para el desalojo del edificio Iders continua por su cauce legal con la intervención judicial ante la negativa de dos de los allí alojadas a abandonar el inmueble, declarado en ruina inminente. El alcalde, Marco González, espera que la autorización judicial para seguir con el procedimiento estipulado llegue con prontitud.

«Seguimos trabajando para cumplir escrupulosamente con lo que la legalidad nos dicta», expone el regidor, quien explica que el Ayuntamiento prosigue con el dispositivo necesario para completar el desalojo, a la espera de que la autoridad judicial se pronuncie tal y como marca el procedimiento legal que se aplica a este tipo de desalojo administrativo.

En 1991 se decretó el desalojo del Iders por aluminosis. Las vicisitudes jurídicas complicaron una controversia que ahora «tiene una respuesta respaldada por todos los informes técnicos y jurídicos necesarios», señala el gobierno local.