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la laguna

Lío en el control de las cuentas

El grupo de gobierno y CC chocan sobre la fiscalización que se está realizando de los gastos del Ayuntamiento

Jonathan Domínguez y Fran Hernández, de CC, en la rueda de prensa. | | E. D.

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna (PSOE, Unidas y Avante) y Coalición Canaria (CC) vuelven a chocar sobre la fiscalización del gasto económico municipal. CC denunció ayer en rueda de prensa que el pacto local ha gastado 500 millones de euros desde 2019 sin que haya existido un control previo, lo que negaron desde el Gobierno lagunero. Además, los nacionalistas afirmaron que el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), levantó un reparo a un gasto de 798.000 euros para las subvenciones al sector comercial, lo que también fue desmentido por fuentes oficiales del Consistorio lagunero.

El lío con el control de las cuentas no es nuevo. Para entenderlo hay que retroceder al menos hasta principios de marzo, cuando Coalición Canaria solicitó una sesión plenaria de carácter extraordinario en torno a la fiscalización del gasto económico consistorial. La cita se convocó y fue suspendida nada más comenzar porque desde el Gobierno entendieron, previa consulta a la Secretaría sobre si el Pleno era competente para adoptar los acuerdos que se planteaban, que se podía incurrir en una «ilegalidad» si se celebraba.

Los ediles del grupo de gobierno abandonaron el salón de plenos y la oposición mostró públicamente su enfado, y de la cita quedaron las manifestaciones de la responsable de la Intervención, el órgano encargado de la fiscalización del gasto económico del Ayuntamiento: «Hemos pedido incesantemente desde hace mucho tiempo medios, especialmente de personal, a Recursos Humanos. Se solicitaron por parte del interventor anterior y nunca lo han hecho. No he visto una respuesta por parte de Personal para dotar de medios y poder realizar las funciones que legalmente tenemos que ejecutar».

El asunto permaneció desde entonces en un segundo plano. Sin embargo, en la última sesión plenaria, celebrada el 12 de mayo y en uno de los puntos finales, la interventora volvió a ser preguntada y se pronunció de nuevo en similares términos. Señaló que a criterio de la Intervención se establece una planificación anual que es obligatoria, y apostillo: «Pero la planificación se tiene que hacer con medios». Precisó que en 2019 no se pudo realizar por esa falta de recursos, en 2020 hubo un plan pero que tampoco se pudo llevar a cabo y que en 2021 no se desarrolló. «En 2022, teóricamente, hay que hacer un plan, y en él se pondrán las prioridades según los medios». Y zanjó: «Si no hay medios, no se puede realizar un control tal cual dice la Ley».

Cambio de fiscalización

El líder de CC en La Laguna, Jonathan Domínguez, expresó este jueves que el Gobierno lagunero cambió, por la ralentización que suponía en los trámites, la fiscalización anticipada (en la que se formulaban los denominados reparos) por un sistema anual, que tampoco se está realizando por falta de medios. Manifestó que solo se están fiscalizando contratos de alta cuantía o con unas características determinadas.

Domínguez se refirió a la falta de personal de la Intervención, criticó el gasto de 500 millones de euros sin control, afirmó que el alcalde levantó un reparo (por haberse tramitado el expediente de las subvenciones comerciales para hacer frente a la pandemia, de 798.000 euros, «no conforme a la norma») pese a haber dicho que nunca ha recurrido a esa fórmula y anunció que pedirán un nuevo pleno sobre fiscalización. «¿Están esperando a que prescriban algunos delitos contables para poder hacer esas auditorías y que, posteriormente, hagamos un rey emérito; un sí, lo hice, pero ya prescribió?», se preguntó Domínguez.

Desde el grupo de gobierno negaron la mayor. «Las declaraciones de Jonathan Domínguez en rueda de prensa están plagadas de falsedades. En primer lugar, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, no ha levantado ningún reparo de la intervención», aseguraron fuentes oficiales. «CC confunde interesadamente auditoría con fiscalización. Todos los expedientes tienen informes de Intervención, a través de la fiscalización previa limitada, que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, incluyendo a CC. De modo que el Ayuntamiento no paga ninguna factura que no haya sido fiscalizada», afirmaron.

«La auditoría de las cuentas, que no es obligatoria, no corresponde a una decisión política, sino que es una decisión que se toma desde la Intervención, que es un órgano autónomo. La falta de personal en ese departamento (que es una demanda desde 2018) no es un obstáculo para realizar una auditoría, ya que esta se puede externalizar, pero debe hacerse a petición de la propia Intervención», indicaron.

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