La ganadería de Tenerife «es un sector muerto». La frase de Juan Pelayo, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), es concluyente y resume el espíritu apocalíptico que reina entre las asociaciones de productores profesionales isleños al lanzar un SOS desesperado. Si no se pagan las ayudas pendientes con urgencia «muchos no llegarán ni al verano». Lo representan gráficamente con una cajita llena de género de la tierra y unas cántaras con leche. Lo explican: «Sin esas subvenciones de la administración pública y la aplicación de una vez de la Ley de la Cadena Alimentaria, la próxima vez, la caja estará vacía».
A Pelayo le acompañan Theo Hernando (Asociación de Agricultores y Ganaderos, Asaga-Asaja), Miguel López (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG) y José Manuel Expósito (Asociación de Ganaderos, Agate). Hoy mismo registran la petición de reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, como ya hicieron el pasado 10 de marzo para reiterar la necesidad de afrontar una situación que desde entonces «incluso ha empeorado» apuntan.
La clave de esta crisis está en el elevado precio de las materias primeras. Consideran los colectivos que la recepción de estos fondos, destinados a rebajar el sobrecoste de la alimentación animal, y el control en los contratos de compraventa con la distribución «aportarían liquidez y contribuiría a desahogar a las explotaciones de la actual espiral inflacionista». Avisan de que «no pueden ser las únicas medidas, ya que hace falta reducir beneficios a los productos lácteos y cárnicos importados y gravar su entrada a las islas».
Pelayo advierte de que alimentar a los animales tiene «asfixiados» a los ganaderos porque «no saben a qué precio compran de un día para otro». Sentencia: «Un saco de millo ha pasado de valer de 3 a 12 euros en tiempo récord».
López, por su parte, valora que los distintos eslabones de la cadena de producción tienen que asumir los sobrecostes en una política de reequilibrio porque «ahora mismo recaen exclusivamente en consumidores y ganaderos». Insiste en que «todas las propuestas han sido tomada en asambleas» y, en caso de que Torres no las atienda, «no descartan ninguna acción de respuesta», que será nuevamente decidida en asamblea.
El secretario general de Asaga-Asaja, Theo Hernando, considera que las medidas a nivel regional y estatal se articulan «con excesiva lentitud y muchas no llegarán a tiempo». Además, considera primordial «implicar a la hostelería y que se consuma vino, queso y carne en los hoteles y restaurantes a unos precios dignos». Hernando aboga por campañas de promoción que informen de que producir en Canarias «es más caro que en otros lugares por la calidad de sus productos y por los derechos laborales de los trabajadores.
José Manuel Expósito, de Agate, advierte de que «la situación no es ninguna broma» y pide «que se tomen medidas ante la gravedad de los hechos».
Las ayudas
Las organizaciones agropecuarias instan al Gobierno de Canarias a «tramitar, por la vía urgente, los 8,2 millones más los 2,5 del Estado destinados a rebajar el sobrecoste de la alimentación animal». A esa cantidad hay que añadir los 1,3 del Cabildo que «tampoco se han cobrado todavía». En paralelo consideran vital garantizar la aplicación y cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria «para que los ganaderos perciban una remuneración por encima de sus costes de producción».
El encarecimiento de los piensos y forrajes ha sido «brutal» con subidas desde 2021 que alcanzan el 70%. El sector está formado en el Archipiélago por 4.100 explotaciones, un 24% menos, sobre 1.000, respecto a 2014 cuando eran 5.300. La tendencia al descenso es similar en Tenerife. Consideran los ganaderos que la guerra de Ucrania es una losa más porque ha generado una espiral inflacionista de los insumos «de efectos impredecibles en el futuro sin que puedan repercutir la subida en sus precios de venta al consumidor». En este escenario de incertidumbre, el retraso administrativo en la tramitación de los fondos «agrava la situación, ya que la alimentación animal representa entre un 65% y un 70% de la totalidad de los gastos de una explotación ganadera».
El sector demanda una estrategia con medidas que van a detallar al presidente de Canarias. Entre ellas, el «pago inmediato» de las ayudas y un aumento de un 20% en su cuantía; la reducción de las ayudas provenientes del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) a las importaciones de productos lácteos y cárnicos y la imposición de un gravamen, a su entrada a las islas.
Los ganaderos reclaman la ampliación de hasta un 25% en el apoyo a la importación de alimento para el ganado. Entienden clave «fomentar la producción local de forrajes» y ponen el ejemplo de Fuerteventura. Allí hay unas 80.000 cabras que necesitarían 1.600 hectáreas en la Isla y solo se destinan algo más de cien. Por último, exigen campañas de promoción para concienciar sobre el consumo de productos locales.
