Las jefas del Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife descargaron ayer en los técnicos toda la responsabilidad del traslado de la actividad del Hospital Febles Campos, un centro dependiente de la Corporación insular para mayores con enfermedades crónicas y mentales, a otra residencia situada en el Seminario Diocesano y administrada por Clece, sociedad del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez. En uno de los informes técnicos del expediente, sin embargo, aparecen hasta seis objeciones a la fórmula elegida.
Marián Franquet (PSOE), consejera de Acción Social y presidenta del IASS, y Yazmina León, gerente del organismo, son las primeras querelladas que declaran –lo hicieron ayer por la mañana– ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, en la investigación abierta por la juez tras admitir una denuncia del comité de empresa del IASS que ve graves irregularidades en la contratación a Clece, por 10 años, del cuidado de más de 200 mayores del Febles Campos. También declaró ayer Francisco Lázaro, director regional en Canarias de Clece, por una operación inmobiliaria en la que el comité ve indicios de los delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.
Ningún representante de la Fiscalía acude a la comparecencia tras apoyar el inicio de la investigación
Ningún representante de la Fiscalía acudió a la comparecencia judicial a pesar de apoyar el inicio de la investigación por indicios delictivos. Franquet y León se negaron a responder a las preguntas de la acusación particular, el comité de empresa del IASS. En esta operación, por la que también se investiga a otras ocho personas –entre ellas el presidente del Cabildo, Pedro Martín (PSOE), su vicepresidente, Enrique Arriaga (Ciudadanos), o el ecónomo del Obispado de Tenerife, Víctor Oliva– la juez y la fiscal observan movimientos «opacos» y «anormales» que deben estudiarse por si son constitutivos de delitos.
La juez preguntó a Franquet y a León por los pasos que dio el IASS y que desembocaron, el 17 de junio de 2021, en la aprobación de las condiciones de la subrogación a Clece por parte de la mayoría de los miembros del Consejo Rector del IASS, condiciones que el comité de empresa ha denunciado por «abusivas», «contrarias al interés público», realizadas «en connivencia con la empresa» y «sin concurso público». Por este acuerdo, el Cabildo se compromete a pagar 9,8 millones en 10 años a Clece, solo en concepto de arrendamiento, de las dependencias del Seminario, cuando la empresa paga por estas mismas instalaciones 290.000 euros de alquiler al Obispado. Es decir, el Cabildo pagará un 300% más. A estas cuestiones, Franquet y León respondieron que se basaron siempre en el criterio de los técnicos, que según ellas diseñaron la estrategia.
Algunos de los informes técnicos del procedimiento que investiga Instrucción 4 no son, sin embargo, favorables a la estrategia del IASS, en especial uno del Servicio de Ingeniería y Mantenimiento. Este informe pone seis reparos: la propuesta de plazas de Clece en el Seminario es inferior a las plazas mínimas solicitadas por el IASS, la empresa no oferta equipamiento ni mobiliario –del que tiene que hacerse cargo el Cabildo–, parte de las nuevas dependencias «no cuentan con autorización del Gobierno canario» y tampoco se acredita la adecuación del nuevo centro al planeamiento urbanístico de La Laguna. Asimismo, expone que no queda acreditado que uno de los módulos pueda ser ocupado en seis meses y tampoco la idoneidad de la fórmula elegida, un complejo contrato de subarriendo que implica una gran inversión de dinero público. La Corporación, además, no se reserva ningún derecho sobre la residencia del Seminario acabado el contrato.
El Servicio de Ingeniería expuso que la oferta de Clece no se ajusta a las demandas del IASS
La presidenta y la gerente del IASS, que acudieron juntas al Palacio de Justicia y fueron abucheadas por una veintena de trabajadores de este organismo a su llegada a las 10:15 horas, basaron también su defensa en que la tramitación de este contrato a Clece aún no ha concluido y no se ha aprobado de forma definitiva, las mismas argumentaciones de su recurso para evitar la apertura de las diligencias previas que la juez rechazó.
Franquet detalló a la juez que el IASS está pendiente de recibir informes cruciales para la aprobación definitiva de la operación inmobiliaria y que incluso algunos de los que acaban de llegar han puesto objeciones a la fórmula elegida, sobre todo al hecho de que dentro de la partida económica del arrendamiento el Cabildo también se haya comprometido a pagar las obras de adecuación del Seminario Diocesano sin un concurso público y con unos costes que el comité de empresa del IASS considera «desproporcionados». El comité calcula que el Cabildo deberá abonar por este contrato 20 millones de euros.
Aunque Franquet aclaró a la juez que el traslado de los mayores del Febles Campos de Santa Cruz al centro de Clece en el Seminario de La Laguna está todavía en fase de tramitación, e incluso podría rechazarse si así lo solicitan los informes técnicos pendientes, lo cierto es que el presidente del Cabildo, Pedro Martín, lo adelantó hace un año y medio. En rueda de prensa el 19 de junio de 2020, Martín aseguró que quedan «simplemente unas pequeñas obras de acondicionamiento» y «cerrar el acuerdo» para hacer al traslado de los mayores.
La presidenta del IASS también subrayó la urgencia de llevar a cabo el realojo de los enfermos del Febles Campos a otras dependencias pues el edificio de este hospital, que antiguamente albergó el que se conocía como manicomio de Santa Cruz, se encuentra en muy malas condiciones. El Cabildo lleva años tratando de buscar una alternativa. El gobierno insular actual (PSOE y Ciudadanos) cree haber encontrado la mejor solución: la residencia de Clece en el Seminario Diocesano, situado en el barrio lagunero de La Verdellada.
También declaró ayer como querellado en el Palacio de Justicia Francisco Lázaro, director regional en Canarias de la empresa Clece, quien negoció el contrato de la residencia del Seminario con el Cabildo. Lázaro aseguró que el procedimiento se ha realizado con «total transparencia» y que la empresa se ha limitado a seguir los pasos que le ha marcado el IASS.
