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Investigación judicial | Denuncia por irregularidades en el traslado de los mayores al Seminario Diocesano

Indicios delictivos en la gestión del Cabildo con el Hospital Febles Campos

Presidente, vicepresidente, dos consejeros y el Obispado, implicados en una operación inmobiliaria «opaca», según la juez y la fiscal, con una empresa de Florentino Pérez

Hospital Febles Campos eldia.es

La titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, investiga la gestión del presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), en el traslado de la actividad del Hospital Febles Campos –un centro dependiente de la Corporación insular donde se atiende a pacientes, sobre todo a mayores con enfermedades crónicas y mentales– a otra residencia en el Seminario Diocesano administrada por Clece, sociedad del grupo ACS, presidido por Florentino Pérez.

La investigación, que afecta también al vicepresidente del Cabildo, el líder de Ciudadanos, Enrique Arriaga; y a dos consejeros insulares socialistas, Marián Franquet (Acción Social) y Nauzet Gugliotta (Participación), se inició tras una denuncia del comité de empresa del Febles Campos por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

La actividad de un hospital público se cede a un gestor privado inquilino de la diócesis nivariense

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La juez y la fiscal Tania Pérez sostienen que tras la querella presentada por los trabajadores existen «circunstancias opacas» o cuanto menos «anormales» para abrir una investigación penal y determinar con exactitud los presuntos delitos cometidos. Hoy comienzan las comparecencias de los querellados después de que la magistrada abriera las diligencias previas en septiembre y rechazara los recursos para archivar la causa. En el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife está citada hoy a declarar como querellada Marián Franquet, que como consejera de Acción Social es presidenta del Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS), al que pertenece el Febles Campos.

La juez también ha llamado a declarar hoy como querellados a Yazmina León, gerente del IASS, y a Francisco Lázaro, director regional en Canarias de la empresa Clece que negoció el contrato de la residencia del Seminario con el Cabildo. Son los primeros en ser llamados a declarar en una investigación judicial que se extiende además a los otros tres integrantes del Consejo Rector del IASS que el 17 de junio de 2021 respaldaron la operación –Miguel Montero, hasta diciembre director general de Dependencia del Gobierno canario por Podemos; Ignacio Rodríguez Jorge, alcalde socialista de La Matanza, consejero en representación de la Federación de Municipios de Canarias (Fecam); Isabel León, secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad– y a Víctor Oliva, ecónomo diocesano del Obispado de Tenerife, entidad que alquila desde 2018 parte del Seminario a Clece.

La magistrada –que ya el 5 de octubre en un auto confirmó suficientes pruebas como para indagar una presunta «prevaricación administrativa»– y la fiscal constatan «circunstancias opacas o cuanto menos anormales» en la compleja fórmula elegida por el Cabildo para resolver el problema del hospital sociosanitario Febles Campos, un centro con edificios deteriorados y obsoletos. Las instalaciones, con defectos estructurales graves, se tienen que demoler de forma urgente. Con un siglo de antigüedad, hay que levantar un nuevo hospital. Mientras, se tiene que buscar otro edificio para reubicar los servicios y los pacientes.

Desde hace años, el traslado de la actividad del Febles Campos a una nueva ubicación provisional, a la espera de construir los nuevos centros, ha sido una de las preocupaciones del Cabildo. Cómo se ha ejecutado es lo que preocupa ahora a la juez y a la fiscal.

Un alto cargo de la Consejería de Sanidad y el alcalde de La Matanza están también denunciados

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La investigación judicial se inicia tras una denuncia del comité de empresa del IASS y el sindicato Asamblea de Trabajadores de Canarias. Hace cinco meses –septiembre de 2021–, los representantes de los trabajadores del IASS, el organismo del Cabildo que gestiona los servicios públicos a los más vulnerables de la Isla, presenta una querella por presuntas irregularidades en la contratación a la empresa Clece de la gestión de las dependencias del Seminario de La Laguna en las que serán realojados los mayores del Febles Campos.

Tras admitir a trámite la querella, la titular del juzgado de instrucción número cuatro investiga ahora por qué el Cabildo ha acordado pagar a Clece un precio «abusivo», unos 20 millones de euros durante diez años, por la gestión del nuevo centro para mayores del Seminario cuando estas instalaciones son, en principio, provisionales, mientras se rehabilita durante cinco años el Febles Campos, en una adjudicación que «no se ha sometido a concurso público» y de acuerdo a unas condiciones que se han ido modificando «en connivencia con la empresa Clece para ajustarlas a sus exigencias económicas».

La magistrada ya ve al menos una presunta prevaricación tras la denuncia del comité de empresa

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El nuevo centro del Seminario dispone de menos plazas que las actuales, incluso de las fijadas en las bases iniciales del anuncio publicado por el Cabildo de Tenerife en el que buscaba un edificio provisional para albergar 150 camas sociosanitarias para enfermos crónicos, cuando los pacientes del Febles Campos necesitan al menos 240 plazas.

Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, está entre los querellados porque el comité de empresa le advirtió, junto al resto de consejeros y técnicos insulares antes de la celebración del Consejo Rector el 7 de junio de 2021, de las posibles responsabilidades penales si aprobaban la subrogación a Clece.

Martín no estaba convocado por el Consejo Rector –lo preside su consejera Marián Franquet– pero recibió hasta cinco escritos en los que el comité le advirtió de las presuntas irregularidades. El presidente del Cabildo no contestó a ninguna, según la denuncia. Pese a estas advertencias del comité de empresa, consejeros y técnicos aprobaron las condiciones del contrato con Clece en el Consejo Rector.

La causa indaga un realquiler del 300% en el Seminario, pagos de obra privada y un contrato sin concurso

El comité de empresa califica la operación de «fraude descarado y grosero» en favor de Clece y «a costa del erario público». En su denuncia concluye que hay indicios de los delitos de prevaricación –aprobar resoluciones a sabiendas de que son injustas–, malversación de fondos públicos –gestión impropia o apropiación indebida de los recursos públicos–, administración desleal –exceso de una autoridad en las facultades para administrar lo público– y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

La denuncia del comité de empresa del IASS se detiene en varios puntos de la subrogación a Clece, con pruebas documentales creíbles tanto para la fiscal como para la juez como para abrir una investigación. Uno de los hechos más relevantes es cómo el Cabildo se compromete a abonar cada año a Clece solo en concepto de arrendamiento de una parte del Seminario 980.000 euros, cuando esta empresa paga solo 290.000 euros de alquiler al Obispado de Tenerife por las instalaciones. Es decir, el Cabildo paga un 300% más por el mismo concepto a la empresa de lo que ésta paga al Obispado. Diez millones en diez años que salen de las arcas públicas para compensar el subarriendo de una empresa privada.

La juez analiza además otros gastos que pueden alcanzar los diez millones. El Cabildo asume todas las obras de acondicionamiento de la residencia de Clece, impuestos y licencias, los costes de los suministros, el mantenimiento, los gastos comunes –jardines, vigilancia– y todos los generados por la explotación del centro, desde el equipamiento y el mobiliario hasta la contratación de personal, los suministros y los seguros. Todo.

La presidenta, la gerente del IASS y el director regional de Clece comparecen hoy como querellados

Para el comité de empresa del IASS, son «unas condiciones económicas desproporcionadas con el objeto de defraudar el erario público» propias «de un negocio complejo contrario al interés público» y hecho a medida de la empresa. Las dudas judiciales tratan de solventar la idoneidad de una operación por la que se paga tan elevado alquiler durante tantos años, una década, y se sufragan unas obras de acondicionamiento, sin mediar licitación, que serán propiedad de una empresa privada.

La querella incide en que durante el procedimiento no se sacó a concurso público ni la adjudicación del nuevo centro ni las obras para su acondicionamiento, que además se encargan a la propia empresa del grupo ACS. Por eso se observa «un fraude» de las leyes que regulan las administraciones públicas. «Si a cualquiera de las residencias actuales de la Isla se les ofreciera cumplir estas expectativas de negocio, y obtener beneficios sin realizar ningún trabajo y además durante 10 años, todas las empresas del sector se habrían presentado, poniendo a disposición del IASS sus centros sanitarios», se expone en la querella.

Un alto cargo de la Consejería de Sanidad y el alcalde de La Matanza están también denunciados

El Cabildo de Tenerife lleva años buscando alternativas provisionales al Febles Campos, hospital situado en el barrio de Salamanca de Santa Cruz. También busca la forma de abrir otros centros con los que poder resolver las graves carencias de plazas públicas. Hace solo un mes, Marián Franquet, la consejera citada hoy a declarar, daba el dato actualizado de la lista de espera por plazas sociosanitarias: 7.100 tinerfeños, la mayor cola de la historia del instituto sociosanitario IASS.

Esta investigación judicial llega además en un momento crítico para las residencias de mayores por la catástrofe que ha provocado la pandemia de la covid-19 en los geriátricos españoles. Más de 30.900 mayores que vivían en residencias geriátricas de España han fallecido a causa del coronavirus hasta el pasado día 14.

Los querellados

Pedro Martín (PSOE)

Pedro Martín (PSOE) Andrés Gutiérrez Taberne

Pedro Martín (PSOE)

Presidente del Cabildo

  • La denuncia del comité de empresa del IASS asegura que Pedro Martín no contestó a 5 escritos que advertían de presuntas irregularidades.
Enrique Arriaga (CS)

Enrique Arriaga (CS) Daniel Millet

Enrique Arriaga (CS)

Vicepresidente Cabildo

  • Aparece como querellado por votar a favor de contratar a la empresa Clece la atención a los mayores en el Consejo Rector del IASS (21-7-21). 
Marián Franquet (PSOE)

Marián Franquet (PSOE) Daniel Millet

Marián Franquet (PSOE)

Consejera Acción Social

  • También votó a favor de la operación con la empresa Clece en el Consejo Rector del IASS que ella lideró al ser presidenta también del IASS.
Nauzet Gugliotta (PSOE)

Nauzet Gugliotta (PSOE) Daniel Millet

Nauzet Gugliotta (PSOE)

Consejero Participación

  • También votó a favor de que la empresa Clece se haga cargo de los mayores del Febles Campos en el Consejo Rector del IASS que se investiga.
Miguel Moreno (Podemos)

Miguel Moreno (Podemos) Daniel Millet

Miguel Montero (podemos)

Exdirector Dependencia

  • Apoyó la operación en el Consejo Rector como director de Dependencia de Canarias, cargo que acaba de dejar.
Isabel León

Isabel León Daniel Millet

Isabel León

Secretaria general. Consejería de Sanidad

  • Representó en el Consejo Rector del IASS a la Consejería de Sanidad como secretaria general técnica.
Ignacio Rodríguez (PSOE)

Ignacio Rodríguez (PSOE) Daniel Millet

Ignacio Rodríguez (PSOE)

Alcalde de La Matanza

  • Representó a la Federación de Municipios de Canarias (Fecam) en el Consejo Rector que aprobó la operación.
Francisco Lázaro

Francisco Lázaro Daniel Millet

Francisco Lázaro

Director de la empresa Clece en Canarias

  • Llevó las negociaciones que culminaron con la aprobación de la contratación de su empresa por parte del Cabildo.
Víctor Oliva

Víctor Oliva Daniel Millet

Víctor Oliva

Ecónomo del Obispado

  • El Obispado de Tenerife cobra a Clece 290.000 euros de alquiler al año por las dependencias que van a pasar a los mayores del Febles Campos.

Yazmina León 

Gerente del Instituto de Atención Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife

  • La gerente del IASS, Yazmina León, visitó las instalaciones del Seminario de La Laguna , a donde van a ser trasladados los mayores del Febles Campos, y supervisa desde el principio toda la tramitación de la subrogación del cuidado de estos mayores a la empresa Clece de Florentino Pérez. Es la operación que ahora investiga la justicia. 

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