La Plataforma Tenerife de Familiares y Usuarios de Residencias nace para impulsar la protección de quienes ocupan esos centros públicos, tanto los mayores como las personas con discapacidad. Sus promotores solicitan un mejor funcionamiento de estos espacios de atención y un nuevo modelo que pasaría básicamente por su reducción a un máximo de diez personas y por la participación directa en la gestión de usuarios y familiares. El colectivo ha buscado el amparo de la Diputación del Común para iniciar su andadura. Precisamente, un informe de la institución, firmado por Milagros Fuentes, adjunta segunda a Rafael Yanes, en noviembre de 2020, ha sido tomado como base para la estructura de esta nueva propuesta asociativa en la Isla.
Ofelia Aguiar es la fundadora de la Plataforma que registró en mayo de 2021, aunque insiste en huir de cualquier protagonismo y deja claro que su voz es colectiva, aunque se traduzca en primera persona. La asociación en pionera en la Isla aunque existe una estatal que reúne a 19 colectivos similares, uno de ellos en Gran Canaria, de 11 comunidades autónomas. Aclara que su fin es solicitar la mejora del sistema de atención sociosanitaria en Tenerife, así como la protección de los derechos de las personas mayores y dependientes que se encuentran en los centros de la Isla. Explica que “me movió haber descubierto graves irregularidades en una residencia concreta como la opacidad, la falta de veracidad en la información o el trato inadecuado”. Ante ello, prosigue, “decidí que no se podían tolerar estas actuaciones ni mirar para otro lado y que había que hacer algo para que no volviera a suceder”. Asimismo, subraya, “influyó mucho en mí leer el libro del periodista de investigación de Infolibre Manuel Rico “Vergüenza: el escándalo de las residencias”. Fue un revulsivo para fundar una asociación que defienda los derechos y la dignidad de las personas que están en residencias tanto mayores como con discapacidad “.
Las representante de los usuarios asegura que los tiempos de espera para el reconocimiento de la Dependencia y para la obtención de plazas en residencias en Canarias son muy superiores a la media del Estado, y que hay un déficit muy importante de plazas. Incluso apunta algo que considera inasumible: “A algunas personas las llaman para ofrecerles una después de que han fallecido”. Al respecto cabe recordar que la propia consejera insular de Acción Social, Maríán Franquet, ha reconocido de una lista de espera de más de 7.000 personas en Tenerife. Un objetivo fundamental de la Plataforma es “rebajar considerablemente el tiempo de espera por una plaza”.
En defensa de los usuarios
Ante estos hechos, Aguiar apunta: “Queremos visibilizar la situación de las residencias, y que las administraciones públicas sepan que existe una Asociación que defiende al residente, por lo que pedimos que nos tomen en cuenta a la hora de tomar decisiones”.
En esta línea, la Plataforma señala la importancia de sustituir las macro residencias por otras pequeñas, divididas en unidades de convivencia de hasta 10 usuarios. Además, piden la implicación de los ayuntamientos y los cabildos para la construcción y financiación de estos centros, así como para que no se haga negocio con las personas dependientes. Asimismo, destacan la necesidad de realizar un mayor número de auditorías en las que, sin previo aviso, se inspeccione y controle la gestión y funcionamiento de estos centros.
Solicitan, además, establecer órganos de participación de familiares y residentes en la gestión de los centros, por lo que reivindican disponer de una mayor información, puesto que “existe una falta de comunicación con el personal”. Por ello, entre otros aspectos, proponen la creación de una Unidad de Apoyo a los familiares, conformada por médicos, trabajadores sociales y psicólogos, con la finalidad de informar sobre las enfermedades que se sufren y cómo abordarlas. “No hay unificación de criterios” sentencia Ofelia Aguiar.
Otras tarea a acometer pasa por “terminar con las residencias alegales por silencio administrativo y endurecer las sanciones en aquellas en las que se detectan irregularidades e impedir abrirlas a personas que han sido denunciadas o a las que se les ha cerrado”. En cuanto a las plantillas se solicita que aumente la de gericultores, la dignificación de este colectivo, la mejora de su salario, así como la especialización en Geriatría o la titulación de Auxiliar de Enfermería. Las familias piden recuperar las visitas diarias a los residentes, así como la protección a los mayores y a las personas con discapacidad. Para prevenir el maltrato la propuesta es prohibir la sujeción mecánica y farmacológica.
Un informe clave
El Diputado del Común ha destacado que en el Informe Extraordinario sobre las Residencias que presentó la Institución se vieron dos claras deficiencias: con respecto al número de plazas en Canarias, ya que, apunta Yanes, “tenemos un tercio de la media española”; y en cuanto a la calidad de servicios, “hay un inspector por cada 46 residencias, mientras en Baleares, por ejemplo, tienen uno por cada cuatro centros”. La Plataforma valora que este informe refleja la realidad de las residencias e incluso creen que “puede ser todavía peor”. Confirman deficiencias como la opacidad, o no se informa o la información no es veraz como otras irregularidades”. Todas aquellas personas interesadas en contactar con la Plataforma Tenerife de Familiares y Usuarios de Residencias podrán hacerlo a través de Facebook o del correo electrónico plataformatfresidencias@gmail.com.
