Canarias necesitaría crear un total de 8.075 plazas residenciales para personas mayores, casi tantas como las que tiene en este momento (9.979), para alcanzar los criterios fijados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años de edad. Así se refleja en un informe recopilado por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. En el mencionado estudio, el Archipiélago aparece, además, como la única comunidad autónoma de España, junto a Madrid, donde las plazas en geríatricos de financiación privada superan a las generadas por administraciones públicas. En concreto, en las islas las plazas públicas representan el 41,5 por ciento del conjunto de la oferta.
En estos momentos, Canarias dispone, de forma global, de 2,77 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, de las que 1,15 son de financiación pública y 1,62 pertenecen a empresas privadas. En base a la información divulgada por parte del colectivo de directoras y gerentes en Servicios Sociales, en la década comprendida entre el 2010 y el 2020 se ha producido un incremento de más de medio millar de plazas en el Archipiélago. Pero esa evolución no se ha registrado siempre de forma creciente.
Evolución
En el ejercicio 2010 existían en las islas un total de 9.421 plazas residenciales, en recintos de carácter público y privado. Un año más tarde la oferta estaba compuesta por 8.987, que es la cifra más baja contabilizada a lo largo de la mencionada serie.
En el 2012, los centros residenciales dispusieron en total de 8.992 camas, mientras que en el 2013 el volumen de disponibilidad ascendió a 9.498. Tal cifra se mantuvo en el ejercicio siguiente, en base a las estadísticas conocidas ayer sobre Canarias. Las plazas registraron otro incremento en el 2015, cuando la oferta subió a 9.662. Y en el 2016 tal parámetro subió en doce unidades más. Al año siguiente se mantuvo la cifra en 9.674. Durante el 2018 se apreció un ligero retroceso, hasta las 9.665 camas.
El último avance
Un crecimiento relevante se apreció en el 2019, con un crecimiento en más de 300 camas, puesto que se llegó a las 9.979 plazas públicas y privadas. Y el 2020 cerró con ese mismo volumen de oferta en plazas residenciales en geríatricos de la comunidad autónoma.
España tiene en estos momentos un déficit de 75.000 plazas en este ámbito de los Servicios Sociales, según los criterios de la OMS, y, de ellas, 62.000 serían ocupadas de manera inmediata por personas que están en la lista de espera de la dependencia.
De acuerdo con los últimos datos del Imserso, a finales del 2020 se registraban 5.529 centros residenciales con 389.677 plazas, 643 más que un año antes, aunque insuficientes para alcanzar el incremento de personas mayores, por que lo que la ratio de cobertura siguió cayendo hasta 4,19–4,22.
Las regiones más deficitarias
A tenor de los datos recopilados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia son las comunidades con mayor déficit (30.236, 22.860 y 14.331, respectivamente), mientras que cinco regiones tienen más plazas que las fijadas por la Organización Mundial de la Salud, destacando Castilla y León, con 17.541. También tienen más plazas de las estipuladas por el citado organismo internacional, Castilla-La Mancha (7.484), Aragón (4.671), Extremadura (3.833) y Asturias (1.689).
El tamaño medio de los centros es de 70,5 plazas por cada uno de los recursos, alcanzado Madrid el número más alto con 110 y Extremadura el mínimo, con 46 plazas. Aunque entre 2010 y 2020 el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 1,5 millones de personas, el número de plazas residenciales ha aumentado 20.872. El 63,2 por ciento de las plazas residenciales son de financiación pública: en centros públicos, plazas concertadas en centros privados o plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Este porcentaje ha ido aumentado ligeramente en los últimos años, de manera que a finales de 2020 suponían 2,65 por cada 100 personas mayores de 65 años. Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Aragón y Extremadura. Las regiones con menos plazas de financiación pública son Canarias y Murcia, que no alcanzan un 1,5 por ciento de la población que tiene más de 65 años.
En Madrid las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,5 por ciento) que las de financiación pública (1,86 %), según el referido estudio.
El presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, destaca que un año y nueve meses después del inicio de la pandemia, todavía no se ha recuperado el número de plazas residenciales en el Sistema de Atención a la Dependencia: en febrero de 2020 eran 171.119 y en noviembre de 2021, 169.399; es decir, 1.720 unidades menos.
Los 5.529 centros residenciales que había en España al finalizar 2020 son trece menos que el año anterior, lo que confirma el estancamiento del sector, asevera Ramírez. Los centros públicos son 1.451 (16 más que el año anterior) y los privados 4.078 (29 menos que antes de la pandemia). El resultado es un mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit alcanza las 75.699.
Listas de espera
Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias de manera inmediata al menos 62.000 plazas residenciales para las personas con dependencia severa (Grado II) o grandes dependientes (Grado III) que están en lista de espera en estos momentos.
La última estadística del Imserso, actualizada en noviembre del 2021, registra 91.729 personas valoradas con Grado II y III sin recibir aún las prestaciones o servicios a los que tienen derecho y más de 67.000 pendientes de valorar, sumando un total de 158.729 personas en lista de espera. Los expertos en servicios sociales estiman que cuatro de cada diez demandarían un servicio residencial, por lo que serían necesarias entre 62.000 y 63.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda actual de personas en ese limbo de la dependencia, explican desde la mencionada Asociación de Directoras y Gerentes.
El PP critica la labor del Ejecutivo
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Poli Suárez, dijo que «el hecho de que Canarias sea la comunidad con menos plazas residenciales públicas para mayores de 65 años confirma «el fracaso de la gestión de este gobierno», al tiempo que evidencia que «los mayores y los dependientes» no «son una prioridad». Suárez se hizo eco del informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y añadió que «Canarias ha contado con 9.979 plazas residenciales, de las cuáles casi 6.000 son de financiación privada, y algo más de 4.000 públicas, y durante los años 2019 y 2020 el Gobierno de Canarias ha sido incapaz de crear ni una sola plaza pública».
