El alcalde de Arona, José Julián Mena, y el gerente de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), Víctor González García, se han comprometido a buscar una vía para destinar a la construcción de vivienda social en el municipio 2,7 millones de euros. Se trata de la misma cantidad que el Ayuntamiento aronero debería pagar en concepto de indemnización por la obra fallida de una promoción en La Camella, que se remonta al año 2008. Con ello, el cumplimiento de la sentencia judicial redundará en beneficio de los vecinos del municipio.
El origen de esta situación se remonta a 2002, cuando el entonces gobierno de Arona (formado por el pacto CDS-CC, con el nacionalista Miguel Delgado de alcalde en ese momento) firmó un convenio urbanístico con la empresa promotora del denominado Plan Parcial La Camella Baja, denominada Wolding Estudio SL. Por ese acuerdo, esta cedía al municipio una parcela de 1.039 metros cuadrados, correspondiente al 10% de aprovechamiento medio en cesión obligatoria que establecía le legislación.
El 23 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Arona suscribió con la empresa pública Visocan un convenio para la construcción de 35 viviendas de protección social dirigidas a jóvenes y el mismo número de plazas de aparcamiento. En ese acuerdo, el Consistorio procede a ceder para ello la parcela anterior y la Corporación municipal asume que removerá todos los obstáculos para que el suelo quede urbanizado y Visocan pueda poner a disposición de los usuarios esas viviendas.
Licencia en 2008
En septiembre del ejercicio de 2008, la Junta de Gobierno Local (con el nacionalista José Alberto González Reverón como alcalde) concedió la licencia urbanística para la construcción de estas viviendas, a pesar de que ya en esa fecha existía una advertencia del Área Jurídica de Urbanismo, en la que se hace constar que el plazo concedido a la promotora para urbanizar la zona había concluido en febrero de ese año sin que esto se hubiera realizado, según consta en la sentencia. No obstante, el grupo de gobierno de la época siguió adelante y otorgó el permiso.
Cuando concluyó la construcción del conjunto de las viviendas, en el año 2010, y Visocan solicitó al Ayuntamiento de Arona el enganche de al la red para acceder al servicio de abastecimiento de agua y de luz, este no se podía otorgar, puesto que, tal y como advertía el servicio jurídico, la urbanización nunca había se había completado. La consecuencia era que las viviendas no podían ponerse a la venta, lo que motivó un litigio en el que la Corporación aronera fue condenada al pago de casi 2,7 millones de euros de indemnización.
No obstante, miembros del gobierno municipal actual (PSOE) y representantes de Visocan han mantenido diversos encuentros en los últimos meses «con la intención de revertir la situación y de buscar una situación que beneficie, en lugar de perjudicar, al conjunto de la ciudadanía». El último de ellos lo protagonizaron tanto el alcalde, José Julián Mena, como el gerente de Visocan, Víctor González García, informó ayer el gobierno local en un comunicado.
10 millones de indemnización
Mena aseguró ayer que «desde que llegamos al gobierno municipal hemos tenido que abonar más de diez millones de euros en compensar a particulares por la mala gestión urbanística de gobiernos anteriores». El regidor expuso que, sin embargo, «en este caso hay que resaltar que la voluntad de este alcalde, así como de Visocan y de su gerente, es que esa indemnización por una promoción de viviendas fallida revierta en beneficio de los vecinos».
En su reflexión, José Julián Mena incide en que «es parte de la intención de este grupo de gobierno reescribir el pasado de una Arona que se redactó en blanco y negro en demasiadas ocasiones. Ahora, de lo que se trata es de que la mala gestión se reconvierta en una oportunidad para nuestros vecinos», apostilló. El alcalde defendió que, «si bien nunca se debió actuar de la manera que se hizo, sin garantías de que esas viviendas llegaran realmente a los ciudadanos, es fundamental buscar soluciones constructivas que nos permitan que los fondos públicos sirvan para mejorar la vida de la gente, incluso aunque esto se haga a través del pago de una indemnización».
