El Grupo Viqueira restituyó los 401 metros de vallado que limitan el solar en el que construye el complejo turístico La Tejita Luxury Beach Resort y el paseo costero en el plan parcial Costabella, en Granadilla de Abona. Lo hizo después de presentar una denuncia porque las vallas fueron derribadas durante las primeras horas del 31 de julio por quienes se definen como activistas contrarios a que se realice esta construcción en este emplazamiento, según publicaciones realizadas en las redes sociales.
La reposición del mismo vallado por parte de la propiedad del solar se llevó a cabo con presencia de fuerzas y cuerpos de seguridad. Efectivos de la Guardia Civil intervinieron conminando a algunas personas a desistir en su actitud obstruccionista, al parecer, con el derecho al trabajo de los operarios que procedían a colocar las vallas. Ambas partes argumentaron la existencia de coacciones y amenazas por parte de la otra en algún momento del incidente, según se constata en varias grabaciones hechas públicas.
Aunque no se expuso documento alguno al respecto, la Guardia Civil transmitió a quienes trataban de impedir la colocación del vallado que, para hacerlo, la empresa contaba con autorización de la «Subdelegación del Gobierno», que representa a la Administración del Estado en Tenerife.
El pasado 12 de junio, la Asociación Ecologista Salvar La Tejita denunció ante el Servicio Provincial de Costas y la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural «la existencia de 401 metros de vallado en situación irregular». El colectivo argumenta que «desde que se aprobara el nuevo deslinde» costero aplicable en la zona desde el pasado día 17 de febrero, «todo este vallado queda dentro del nuevo dominio público marítimo terrestre». Salvar La Tejita se mostró rotunda ayer: «Para el levantamiento de esa valla, es necesaria una autorización expresa de Costas, que no tenían esta mañana (por ayer)».
El Grupo Viqueira continúa con la construcción del hotel, en base a la licencia municipal otorgada el 21 de diciembre de 2018. El psado mayo, el Gobierno canario ordenó paralizar la obra después de emitido el nuevo deslinde marítimo-terrestre porque dice que se precisa revisar esa licencia. El 3 de julio, el TSJC anuló la primera orden de paralización que emitió Costas, el 13 de junio de 2019.
