La deuda moral del Iders

La pesadilla del edificio Iders comenzó en octubre de 1991 cuando el exalcalde Félix Real (PSOE) dictó la orden de desalojo de las plantas bajas del inmueble por una supuesta aluminosis generalizada que, años después, se demostró que sólo afectaba a menos del 10% del edificio y no existía un daño estructural grave. La Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias declaró no habitable el inmueble en enero de 1992 y el Ayuntamiento portuense ordenó su desalojo total en febrero de 1992. Los propietarios de los apartamentos y locales comerciales comenzaron entonces una batalla judicial y administrativa que ha durado casi 30 años y que aún no ha dado frutos. El actual alcalde, Marco González (PSOE), considera que el Ayuntamiento tiene «una deuda moral» con los afectados y espera resolver «lo antes posible» la emergencia social y sanitaria de este inmueble ocupado, en ruinas y lleno de basura para, posteriormente, concretar una solución urbanística «satisfactoria para todas las partes», a través del Plan de Modernización y Mejora de la ciudad (PMM II), aún en periodo de trámite.

Momentos claves

Entre las numerosas vicisitudes vividas en torno al Iders en estos 30 años, hay varios momentos claves, como el periodo entre 2001 y 2003, cuando los propietarios impulsan los estudios necesarios para solicitar una licencia de rehabilitación que bloqueó uno de los dueños mayoritarios (con en torno al 28% de la propiedad) tras solicitar la declaración de ruina del inmueble, aprobada en 2005. La propuesta de derribar y reconstruir (que obligaba a perder varias plantas), defendida por el empresario al que otros propietarios acusan de especular con su desánimo para comprar barato, chocó con la idea de rehabilitar el inmueble en su totalidad (para no perder metros cuadrados), que defendía la mayoría de la comunidad (72%), disuelta por una sentencia de 2013.

El enfrentamiento entre los pequeños propietarios y el empresario que ha ido adquiriendo a precios reducidos pedazos del ruinoso Iders ha sido el gran obstáculo para la rehabilitación, que ya impidió que este proyecto formara parte del PMM I y que ahora vuelve a amenazar la posible solución planteada en el PMM II. Sin la firma de todos los propietarios, cualquier alternativa que pongan sobre la mesa las administraciones será inútil.

Marco González (PSOE) espera que la propuesta del PMM II, «que posibilitará que ninguna persona pierda su propiedad en el Iders», cuente, esta vez sí, con el respaldo de todos. «Nunca vamos a poder compensar el daño moral que han sufrido durante estos 30 años, en los que muchas veces se sintieron desamparados, pero tenemos una responsabilidad institucional y queremos plantear una solución que consiga el 100% de los apoyos y nos permita, por fin, avanzar. Creo, de verdad, que estamos ante la gran oportunidad para el Iders. Y no se puede desaprovechar».

Mientras se avanza en una última solución urbanística, que tendrá un coste económico para los propietarios, el Ayuntamiento portuense afronta otros dos retos. La intervención social para buscar una alternativa habitacional a los ahora en torno a 15 okupas (llegaron a ser casi un centenar) que residen en las ruinas del Iders, y la urgente intervención en el ámbito de la salubridad, la seguridad y la imagen del municipio. Con el reciente informe de Salud Pública, del día 5 de julio, comienza un proceso administrativo para limpiar y desinfectar este inmueble de propiedad privada. En el Ayuntamiento confían en que la cara de este inmueble cambie radicalmente este verano.

El edil de Urbanismo entre 2015 y 2019, Juan Carlos Marrero (CC), recuerda que en su mandato se dieron «algunos pasos urbanísticos claves» para encontrar una solución al endiablado conflicto del Iders gracias a la aprobación del primer Plan de Modernización y Mejora de la ciudad (PMM I) y de la Ley del Suelo. «Fueron avances importantes para conseguir una solución técnica para el edificio Iders, sin olvidar todos los hitos vividos anteriormente, como cuando el exalcalde Marcos Brito se desvivió para conseguir la rehabilitación con la concesión de licencias, la declaración de ruina y la anulación de la aluminosis decretada en 1991».

Denuncias públicas

A juicio de Marrero, el camino emprendido por el gobierno PP-CC «se para en seco con la llegada del nuevo gobierno PSOE-ACP en junio de 2019, ya que todo lo trabajado hasta entonces se queda durmiendo el sueño de los justos hasta que, tras las denuncias públicas por mi parte y por parte de las comunidades de vecinos del entorno del Iders, el gobierno local solicita un informe a Salud Pública en diciembre de 2020».

Marrero acusa al gobierno de faltar a la verdad cuando asegura que el informe de Salud Pública era imprescindible para actuar, «puesto que se olvidan de la Ordenanza de Edificación y de que, en el mandato anterior, nos daban a nosotros tres meses para solucionarlo y ellos llevan en estos momentos dos años y un mes y todo sigue igual, o peor, pues han permitido un descontrol en el edificio con puertas abiertas y muros rotos, algo que no sucedía con anterioridad, y han permitido la mayor concentración de basura, ratas, escombros y enseres abandonados en 30 años».

Retraso en el convenio

«El 19 de marzo de 2019 se produjo una reunión definitiva para concretar el borrador definitivo del PMM II, que recoge como uno de los convenios a firmar el documento que quedó en las fichas indicativas del Tomo 9 del PMM I sobre el edificio Iders. Con todo terminado y consensuado entre Gobierno canario, Cabildo, Ayuntamiento y el propio Consorcio, solo se puede deber a una incapacidad política manifiesta que el convenio entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias no haya sido aprobado en el pleno insular hasta el 31 de julio de 2020, 16 meses después del envío del documento y 13 meses después de la llegada del actual gobierno local. Además, fue aprobado con errores, teniendo que volver al pleno del Cabildo el 28 de septiembre de 2020», lamenta Marrero.

A juicio del exedil de Urbanismo, «la mentira más grave es escuchar de boca del alcalde, Marco González (PSOE), que la solución urbanística está al llegar con el PMM II, dado que el documento urbanístico de planeamiento sigue aún en trámite de redacción, y aún requerirá de los informes sectoriales y de la firma de los convenios necesarios en cada una de las fichas urbanísticas que se incluyan, algo que en el PMM I tardó casi dos años y medio. Si se cumple el mismo plazo, al menos hasta 2024 no se aprobará el PMM II, siempre y cuando todos los propietarios actuales estén dispuestos a firmar el convenio».

Marrero considera que «se han perdido dos años importantes, porque si se hubiera iniciado el expediente de infracción urbanística conforme a la ordenanza de Urbanización en el verano de 2019, tal y como teníamos previsto, ya se podría haber actuado no solo en la limpieza y el ornato sino también en la seguridad, procediendo a tapiar los pisos inferiores, las puertas y muros de acceso. Algo que con el informe de insalubridad no se va a conseguir ya que, si todo sigue igual, limpiarán y desinfectarán con dinero público para que todo quede nuevamente listo para que lo vuelvan a ensuciar».