El grupo de gobierno portuense (PSOE-ACP) ha confirmado este lunes 5 de julio a EL DÍA que los técnicos de Salud Pública han certificado ya la evidente situación insalubre del edificio Iders, en plena avenida Familia Betancourt y Molina, lo que permite desbloquear la limpieza y desinfección que reclaman los vecinos del entorno desde hace años. Desde el Gobierno de Puerto de la Cruz se destaca la importancia de contar con el informe que acredita que, tal y como resulta evidente, el Iders es «un foco de insalubridad». Con este documento de Salud Pública, el Ayuntamiento ya está preparando «la contratación de una empresa para que ejecute la limpieza y desinfección del interior del edificio».
La intención del gobierno de Marco González (PSOE) es tratar de «reducir al máximo» los plazos legales para «intervenir lo antes posible». Reconocen que «hay pasos administrativos y legales que no pueden obviarse», pero recalcan que su intención es entrar a limpiar el inmueble «antes de que termine el mes de julio».
Vecinos del entorno del Iders han hecho llegar a EL DÍA su preocupación por lo que consideran los tres problemas fundamentales del edificio Iders: la situación de los okupas, «que son en su mayoría personas con problemas sociales y personales importantes»; la gran cantidad de basura acumulada durante años y la proliferación de ratas e insectos, y el deterioro de los puntales que sujetan las estructuras de lo que fueron los balcones, «y también de la vieja red protectora que cada vez está más dañada y está a punto de salir volando con el primer temporal que se produzca».
Para estos residentes en algunos de los edificios más cercanos, resulta fundamental que se produzca «cuanto antes» una limpieza en profundidad de un edificio que se ha convertido en «un auténtico vertedero, por lo que la labor del Ayuntamiento en el exterior no resulta suficiente».
El alcalde de la ciudad turística, Marco González, ha defendido la actuación de su gobierno desde junio de 2019 respecto al polémico edificio Iders y niega que haya existido pasividad por parte del Ayuntamiento, tal y como criticaron los vecinos del entorno recientemente. Ha insistido en que se trata de «un problema muy complejo que dura ya 30 años y que no se puede resolver por arte de magia». El 16 de diciembre de 2020, el Gobierno formado por PSOE y ACP solicitó un informe a Salud Pública sobre el estado de este inmueble, ocupado en la actualidad por unas 15 personas, según los últimos datos oficiales. La intervención de Salud Pública se demoró más de seis meses y ahora, por fin, el Consistorio norteño tiene en su mano el informe que permite una intervención pública en este bien de propiedad privada, cuya comunidad fue disuelta por orden judicial.
El Ayuntamiento portuense insiste en que el conflicto del Iders tiene tres cuestiones prioritarias que se deben resolver: la situación humanitaria de las personas que residen en el inmueble de forma irregular, que han llegado a ser casi un centenar en el pasado; el bloqueo urbanístico de la demolición y reconstrucción, que se espera resolver con el segundo Plan de Modernización y Mejora de la ciudad y un acuerdo entre los propietarios, y los problemas de limpieza e insalubridad, que por fin se encuentran en vías de solución a corto plazo. Lo urbanístico y la búsqueda de una alternativa habitacional para los okupas son ahora los dos grandes retos pendientes.
