El consejero para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha asegurado que el gas natural no tiene cabida en el modelo energético del Ejecutivo. “El gas no aparece como alternativa; está totalmente descartado”, agregó. El representante del Gobierno que preside Ángel Víctor Torres ha detallado que siempre han estado en contra del proyecto de la planta regasificadora (la instalación industrial que convierte el gas natural licuado, el que vendría en los buques suministradores, en gas natural) en Granadilla de Abona. Un proyecto que “ha recibido informes negativos”, recordó, y que no tiene encaje alguno en la planificación de su departamento.

Valbuena ha expuesto que el modelo al que aspira el Gobierno regional se fundamenta en un uso cada vez mayor de las energías renovables. Los defensores del gas natural aluden a la necesidad de que esta sea una fuente energética que sirva de puente entre el actual modelo (donde predomina el uso de combustibles fósiles) y el modelo basado en renovables. Sin embargo, el Ejecutivo canario apuesta por una transición rápida en la que no tendría sentido invertir en una regasificadora. Para esa transición rápida, el Gobierno cuenta con el impulso de los fondos europeos. Los fondos React-EU, el mayor paquete de estímulos nunca antes puesto en marcha por la Unión Europea, tiene como objetivo reactivar la economía comunitaria, pero, también, contribuir a su transformación hacia la sostenibilidad, entre otras metas. En este sentido, Valbuena está convencido de que el Ejecutivo va a “aprovechar” las ayudas comunitarias para la reconversión.

Reunión con empresarios

Días atrás, el consejero se reunió con empresarios regionales y nacionales, una cita en la que salió a colación el asunto del proyecto de la regasificadora. Hay empresas que ven una oportunidad en el gas natural y en el proyecto previsto para el sur de Tenerife y que no entienden que el Gobierno descarte de plano la regasificadora. Insisten en que por mucho que el Ejecutivo acelere el cambio de modelo, siempre se contaminará más durante la transición sin el gas que con el gas.

En noviembre del año 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó el informe en el que analizaba la solicitud para construir las instalaciones de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Granadilla. Un año antes, el mismo organismo concluyó que el proyecto no era viable, ya que generaría más costes que ingresos. Además, la CNMC señaló que Enagás (Gascan), compañía impulsora del proyecto, debía detallar el mercado al que abastecería la planta, la previsión de demanda de gas y los ingresos de los peajes por el uso de la planta.

En el segundo informe, la CNMC estudió los cambios que la Dirección General de Política Energética y Minas introdujo en la propuesta de autorización del proyecto y sus justificaciones económicas. Entre otras, que el uso de gas abarataría los costes de generación de energía eléctrica en sus ciclos combinados al sustituir el gasoil por el gas. La CNMC contrapuso el aumento del déficit del sistema gasista, ya que la previsión de utilización de Granadilla se mantenía como insuficiente para cubrir los costes del proyecto. Ese año, el Supremo anuló el proyecto y uno después, la Autoridad Portuaria se plantea una regasificadora flotante.