La tragedia de la galería de Piedra de los Cochinos: 14 años sin perdón

Antonio Molina es el abogado de las familias de Ginés, Estefanía y Javier. Hace cinco años, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) fijó las responsabilidades económicas por la tragedia. En aquel momento, en enero de 2016, y en la actualidad, en febrero de 2021, este abogado insistía e insiste en la necesidad de una reparación moral: “Nadie ha pedido perdón a las familias. Ni el Gobierno de Canarias, ni los propietarios de la galería ni Atan, una asociación que no ha sido condenada a indemnizar a nadie, pese a que la sentencia sí dejó clara su responsabilidad”.

Un gesto de humanidad

Las familias aún sienten desazón e impotencia porque, tantos años después, nadie se ha dirigido a ellos para pedirles perdón. Ninguno de los condenados. Antonio Molina lo decía en 2016 e insiste en 2021: se echa en falta ”un gesto de humanidad” al menos por parte del Gobierno de Canarias. La Comunidad Autónoma asumió el pago de la totalidad de las indemnizaciones y las víctimas desconocen si en algún momento se ha tratado de repercutir la parte proporcional a la Comunidad de Aguas Heredamiento de Daute. Los dueños de la galería abierta y mal cuidada donde fallecieron seis personas y pudieron perder la vida muchas más, ya que accedieron por error casi una treintena de jóvenes mientras buscaban un canal de agua con salida que durante décadas se usó como atajo para pasar de un barranco a otro.

En un primer momento, esta Comunidad de Aguas se declaró insolvente y no constaban bienes a su nombre, según explicó el abogado de las familias de tres de las víctimas. Se esperaba que el Gobierno canario emprendiera acciones para tratar de que los propietarios asumieran su parte y todos los gastos “no corrieran a cargo del erario público”. El Gobierno de Canarias podría embargar al menos la galería de la tragedia y el resto de posibles bienes de la Comunidad de Aguas Heredamiento de Daute, de la que fue dirigente Luis Ignacio López de Ayala y Aznar, marqués de Villafuerte. Cuatro años después de abonar las indemnizaciones, no hay noticias al respecto.

Molina lamentaba y lamenta que los propietarios “se hayan empeñado en mostrarse como víctimas de no se sabe muy bien qué, pese a que la sentencia los responsabilizó de una gravísima negligencia”. La Consejería de Industria del Gobierno de Canarias fue condenada por no preocuparse durante décadas de la seguridad de las galerías de las islas y los propietarios de la explotación por mantenerla abierta de par en par pese a conocer su peligrosidad. Tras la condena, nunca llegaron las disculpas.

Esa falta de humanidad y empatía por parte de los condenados ha sido una fuente añadida de sufrimiento para estas familias, que han esperado en vano un gesto por parte de los responsables de unas muertes evitables. Isabel Febles, madre de Estefanía, reconoce que no tienen conocimiento de que los propietarios de la galería “hayan pagado nada” y espera poco de las administraciones públicas implicadas: “Ya estamos desconectados de los políticos y más aún de propietarios y supervivientes de la tragedia. Sólo mantengo contacto con Malena, la madre de Ginés, y así vamos dándonos ánimos mutuamente. Vivo aún inmersa en la tristeza sin apenas salir de casa, también por la pandemia del Covid-19, y siempre con el recuerdo de esa pareja que tanto añoramos –en referencia Ginés y su hija Estefanía, que eran novios– y del resto de los chicos que perdieron la vida junto a ellos”. Malena Alemán comparte con Isabel Febles tristeza y frustración, unos sentimientos ahora atemperados por el nacimiento de su primer nieto en el pasado año 2020.

Pese a los 14 años transcurridos, el duelo y la pena continúan marcando el día a día de estas familias rotas de repente, el 10 de febrero de 2007. Isabel Febles dice que para la gente “ya caducó el tiempo de pena, lástima y compasión, pero para nosotros esto no se acaba nunca. El dolor pervive porque nadie está preparado para ver morir a un hijo”.

“No eran unos irresponsables”

Su único consuelo ha sido que la justicia reparara, al menos, la memoria de las víctimas de Piedra de los Cochinos. No eran unos inconscientes ni unos irresponsables. Durante años se puso en duda su proceder, pero quedó claro que fueron víctimas de un accidente causado por la negligencia de otros. Todo se hubiera evitado con una puerta o, al menos, con un cartel que advirtiera del peligro de entrar a aquella gruta.

Tras las muertes de estos seis jóvenes se tomaron medidas y se cambió la legislación regional. Se puso fin a un vergonzoso vacío competencial que dejaba los pozos y galerías de la mano de dios. La tragedia alumbró el decreto regional 232/2008, de 25 de noviembre, por el que se regula la seguridad de las personas en las obras e instalaciones hidráulicas subterráneas de Canarias. Fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 10 de diciembre de 2008 con el objetivo de “tratar de garantizar la seguridad de las instalaciones subterráneas creadas por la industria canaria del agua tanto durante su vida útil como tras su agotamiento”. Ha sido un camino largo para las administraciones públicas, pero la situación ha cambiado mucho.

Una de las claves de este decreto está en su artículo seis, referido a la señalización exterior y el control de accesos. Dos cuestiones que, de haberse cumplido, hubieran evitado la tragedia de febrero de 2007. En la actualidad, toda instalación de captación de aguas subterráneas debe disponer de “la señalización exterior y de los elementos de control de accesos, que se mantendrán en todo momento en buen estado de conservación. El control de accesos incluye la constancia de que la puerta o mecanismo de cierre de la instalación se encuentra operativa y funciona correctamente”.

La responsabilidad sobre la señalización exterior y el control de accesos incumbe al titular y al encargado de seguridad de la instalación. La supervisión de este cumplimiento “corresponde al órgano competente en materia de seguridad minera en tanto se realicen labores mineras en la instalación y, una vez finalizadas o temporalmente interrumpidas, al Consejo Insular de Aguas del Cabildo Insular respectivo, como parte de sus funciones de policía de obras hidráulicas”.

Un cambio profundo

El actual consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo de Tenerife y responsable político del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Rodríguez (PSOE), define la tragedia de la galería de Piedra de los Cochinos como “un episodio traumático que todos recordamos con mucho dolor” y que, a su juicio, propició un cambio profundo en el trabajo de las administraciones públicas. “Desde entonces se ha hecho una labor muy seria y rigurosa que se pone en evidencia con un dato: en un primer censo se detectaron unas 135 galerías o pozos con un riesgo alto o muy alto, debido a la presencia de gases y a su cercanía a senderos o caminos, entre otros parámetros. En la actualidad sólo quedan cuatro infraestructuras consideradas de riesgo alto o muy alto, sobre las que hay expedientes abiertos. Ya están convenientemente señalizadas y ahora sólo falta que se cierren de forma definitiva”.

Estas cuatro últimas galerías o pozos de riesgo se ubican en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Adeje y Los Realejos, según detalla Javier Rodríguez. “En el primer censo se detectaron 1.525 obras de extracción de agua, entre las que había 1.122 galerías y 403 pozos. El 41% aún tenía agua y el resto, un 59%, se consideraban instalaciones secas. En este segundo grupo se concentraban las de mayor riesgo, que se han ido clausurando de forma progresiva. Entre 2007 y 2021 hemos pasado de 135 galerías y pozos peligrosos a apenas cuatro”.

Vigilancia y fiscalización

El consejero Javier Rodríguez quiere poner en valor “el rigor y la especialización” del “ejemplar” trabajo desarrollado por el personal del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, “que no para de vigilar y de fiscalizar estas infraestructuras para reducir los riesgos al máximo y contar con un escenario mucho más favorable que en 2007”, dentro de sus competencias como policía de obras hidráulicas. Recuerda que “el Archipiélago siempre ha sido un territorio pionero en la búsqueda del agua y, en islas como Tenerife, hay obras de captación ubicadas en lugares muy aislados, en zonas con una orografía muy difícil, lo que obliga al personal desplazarse a sitios remotos y de acceso complicado para luego acceder a ambientes subterráneos penosos, con condiciones de poca ventilación y mucha humedad”.