Fidela Velázquez no dimitirá como alcaldesa en ningún momento, a pesar de la condena a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricar. Esperará a que el Pleno del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla declare su incompatibilidad y dice ser consciente de que su tiempo como regidora está a punto de expirar, pero su marcha está condicionada a las aclaraciones de la condena solicitadas a la jueza y a que la Junta Electoral informe sobre el proceso a seguir y los plazos. Justifica su continuidad hasta entonces para no dejar “descabezada” a la administración y para mantener el funcionamiento ordinario, de trámites y pagos.
Velázquez considera que no le es de aplicación el Código Ético del PSOE porque presentó su “baja provisional” como militante. El artículo 5.2 del mismo establece que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.
Aunque el lunes retiró las competencias propias de la Alcaldía atribuidas a los dos concejales de Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se Puede (SSP), Luis Piñero y Juan Siverio, Fidela Velázquez sostuvo ayer que “el Pacto de la Concordia continúa, pero sin la confianza de la alcaldesa”. Algo que transmitió a ambos ediles –a quienes mantiene el salario y la representación municipal en órganos externos– antes de comparecer ante los medios de comunicación. De hecho, espera que, tras su marcha, se reedite el pacto entre PSOE, AUP-SSP y AIS-CC.
El Ayuntamiento de San Juan de la Rambla no tenía constancia oficial (hasta ayer, al menos) de la sentencia que Fidela Velázquez recibió anteayer por la que está condenada a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricar al indemnizar con 4.220 euros al medianero de un terreno adquirido por el Ayuntamiento ramblero en 2005, en contra del criterio del secretario y del interventor, y por aprobar un decreto de pago a trabajadores municipales por horas o servicios extraordinarios sin seguir el procedimiento establecido. La sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que también condena a dos exconcejales a 7 años de inhabilitación, “omite que el decreto (los 4.220 euros) no se abonó”, por lo que “no existe el delito de prevaricación continuada”.
Sentencia incompleta
Lo señaló Javier González, asesor jurídico de la Alcaldía, quien explicó que el recurso de aclaración interpuesto se basa en que el artículo 42 del Código Penal especifica que las penas que privan de derecho deben fundamentar el alcance de la privación, algo que no ocurre en este caso, según su interpretación. “La sentencia está incompleta. No determina el alcance de la inhabilitación” e incurre en “falta de proporcionalidad”, señaló antes de afirmar que, al no ser firme, no tiene efectos jurídicos hasta que no se notifique la resolución de la aclaración.
González llamó la atención sobre el hecho de que el proceso comenzó en 2013, tardaron siete años en celebrar el juicio y la sentencia se dictó en solo 20 días. El abogado anuncia que, cuando la jueza emita la aclaración de sentencia, presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que no solo se basará en el impago de los 4.220 euros, sino en que la misma recoge que el secretario municipal declaró que no participó en ese expediente administrativo.
Fidela Velázquez interpondrá otro recurso, pero en defensa de los derechos fundamentales, ya que, según el abogado, la sentencia puede vulnerar los artículos 23.2 y 24.2 de la Constitución, referidos al derecho a participar en asuntos públicos y a la presunción de inocencia, respectivamente.
La regidora entiende que está condenada por querer resolver “cuestiones heredadas”. En el caso de la indemnización (no abonada, finalmente) al medianero, explicó que Manuel Reyes, exalcalde de San Juan de la Rambla y hoy concejal de Somos Todos, fue quien no pagó al afectado; Lidia Falcón, hoy edil del PP, redactó la denuncia contra la alcaldesa y Tomás Mesa, antecesor de Velázquez en el cargo, quien la presentó. Los tres fueron definidos por el abogado, Javier González, como el trío de ases enmarcados en lo que definió como la suciedad de la política local ramblera. A cada uno atribuyó un logro: a Reyes, “haber fracturado a este pueblo y a familias de él”; a Falcón, “su coherencia política al haber pasado por cuatro partidos”; y a Mesa, “haber sido condenado por conducir en estado de embriaguez”.
Fidela Velázquez aseguró que el apoyo que recibe es “abrumador”, salvo del Partido Popular; recordó que no cobra del Ayuntamiento y dijo que cuando llegó a la Alcaldía por primera vez “lo que había es falta de transparencia y adecuación, lo que hay detrás de la sentencia”.
