El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), aseguró ayer que "nunca" va a imponer la prolongación del tranvía hasta el aeropuerto de Los Rodeos sin acuerdo ciudadano y con el Ayuntamiento de La Laguna, que había mostrado días atrás su rechazo público a esta infraestructura.

"Todos saben cuál ha sido siempre mi opinión: soy partidario de ese tranvía", admitió Martín en declaraciones a los medios durante una visita a las obras del enlace de Lora y Tamayo. "Pero el presidente del Cabildo nunca va a imponer una medida que no deseen los ciudadanos y que, en primer lugar, no quiera el Ayuntamiento de La Laguna", añadió.

El mandatario insular solo contempla el proyecto si hubiera entendimiento con el consistorio. "En todo caso, si se llegara a alguna conclusión con esto, tendría que ser una solución consensuada; pero repito: este no es un asunto que esté en la agenda para imponerse", sostuvo. "Si el acuerdo no se consigue, no será una obra que se le tenga que imponer a los ciudadanos de La Laguna", abundó.

Estas manifestaciones siguen a un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna instando al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que desistan en su petición de fondos europeos y a unas declaraciones de su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), rechazando la actuación.

El regidor, que había llegado a calificar el proyecto de "construcción faraónica", se reafirmó este viernes en su postura. "Nosotros hemos hecho un acuerdo de la Junta de Gobierno y se lo hemos comunicado al Cabildo", recordó al ser preguntado por los periodistas durante la visita a Lora y Tamayo, en la que también estaba presente el consejero insular de Carreteras y Movilidad, Enrique Arriaga (Cs).

"Entendemos que ahora mismo, en esta situación que estamos padeciendo, no cabe estar hablando de una obra de esta magnitud, máxime si no ha sido previamente consultada con los vecinos y las vecinas y que sean estos los que finalmente se pronuncien al respecto", señaló Gutiérrez ayer.

Todo esto se enmarca en una polémica que se prolonga durante meses, marcada principalmente por el malestar de colectivos laguneros ante la intención de poner en marcha un medio de transporte que entienden que es económicamente demasiado costoso y que perjudicaría, entre otros, al comercio local y al sector del taxi.

En junio, Pedro Martín anunció que el proyecto quedaba suspendido por la falta de consenso y ante la crisis económica, pero recientemente se conoció que el Cabildo y el Gobierno de Canarias habían acordado solicitar apoyo económico de Europa para la obra. Tras las afirmaciones previas de Martín y dado que no se había llevado a cabo una consulta ciudadana que se planteó meses atrás, esa reactivación generó el enfado no solo de entidades sociales de La Laguna, sino incluso del alcalde, que lo expresó públicamente.