Una actividad que no para a pesar del Covid-19. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo ha agravado la situación de extrema vulnerabilidad que viven las mujeres que ejercen la prostitución en la Isla. La prohibición de libre circulación y permanencia en las calles, así como el cierre de los clubes, ha dejado a una parte de ellas sin posibilidad de obtener ningún ingreso económico y con dificultad para poder acceder a alguna de las ayudas que se están poniendo en marcha, ya que muchas se encuentran en situación irregular. A otras, en cambio, no les queda más remedio que seguir ejerciendo en pisos y viviendas particulares, a pesar de los riesgos para su salud y su seguridad.

Así lo han detectado algunas de las entidades que atienden a este colectivo en la Isla, como el programa La Casita de las Hermanas Oblatas. Su coordinadora Sara Baz Dávila advierte que tras unas semanas en las que la actividad pareció paralizarse casi por completo "algunas están retomando el ejercicio sobre todo en pisos, ya que nos vuelven a demandar material preventivo".

La misma percepción tienen desde la Fundación Cruz Blanca, que atiende sobre todo a mujeres en el Sur de la Isla. La mediadora del proyecto, Elena Pineda, explica que sobre todo se han puesto en contacto con la asociación "mujeres que ejercían en clubes y en la calle", para demandar ayuda para necesidades básicas como la alimentación al quedarse sin ingresos. Sin embargo, no han recibido tantas llamadas "de aquellas que lo hacían en viviendas privadas", lo que hace suponer que han mantenido la actividad. Pineda expone que la prostitución en pisos es "una práctica que se ha extendido en los últimos años porque hay un menor control y los tratantes saben que es más difícil de detectar".

Más desprotegidas

Para Pineda "si ya estaban totalmente desprotegidas", con la actual situación "lo están mucho más". "Están aisladas, no pueden salir a la calle y están solas con los clientes", insiste. Algo que ha detectado esta entidad es que "el confinamiento repercute de forma todavía más negativa en las mujeres víctimas de trata, se hacen más invisibles de lo que ya eran, les dificulta el acceso a información y ha roto la cadena de atención".

Baz Dávila, del proyecto La Casita, asegura que la situación que atraviesan muchas de estas mujeres está siendo dramática a raíz de la crisis provocada por el Covid-19. "Nos llaman con mucha angustia, son un colectivo de especial vulnerabilidad, y nos formulan peticiones que principalmente tienen que ver con cubrir necesidades básicas como la alimentación o la vivienda, pero también demandan atención a nivel emocional".

Insiste en que muchas de las mujeres que no están ejerciendo "siguen incrementando la deuda con los dueños de los pisos o clubes o con sus tratantes". La coordinadora del programa La Casita afirma que "muchas de las que residen en pisos y clubes se han quedado abandonadas a su suerte e incluso han tenido que racionar la comida, porque no les han cubierto sus necesidades" y advierte que se han dado situaciones en las que se han quedado en la calle por no poder pagar sus deudas.

Así lo corrobora también la Fundación Cruz Blanca que ha trabajado para darles alternativas residenciales a algunas mujeres en el sur de la Isla. "Hemos derivado a varias de ellas y otras no han llegado a los recursos porque han recurrido a su red de apoyo, pero nos preocupa que también estén siendo explotadas en los lugares a donde se han trasladado", valora.

Para darles respuesta a estas mujeres y ofrecerles una alternativa habitacional el Cabildo de Tenerife está acelerando los trámites de la vivienda que iba a poner en marcha para este colectivo. La consejera insular Marián Franquet señala que debido a la actual situación se ha tenido que replantear este recurso, ya que lo que en un principio iba a ser un alojamiento de transición para estas mujeres, ahora "lo tendremos que usar para sacarlas de la calle porque están cayendo en situación de sinhogarismo".

Tanto el programa La Casita como la Fundación Cruz Blanca coinciden en que la situación de estas mujeres se agrava, ya en la mayor parte de los casos de sus ingresos también viven otros miembros de su familia, que en ocasiones se encuentran en sus países de origen. "La mayoría son inmigrantes y al no poder ingresar no pueden mandar a sus familias un apoyo económico que es vital para ellos", sostiene Baz Dávila.

Sin embargo, las entidades que atienden a estas personas no están solo preocupadas por la situación durante estas semanas, sino también por lo que llegará tras la finalización del estado de alarma. "Muchas tendrán que volver al ejercicio en condiciones complicadas, la crisis económica que vendrá después les afectará mucho como colectivo en exclusión social", incide Baz Dávila.

Entidades como el programa La Casita o la Fundación Luz Blanca les prestan asesoramiento acerca de los recursos a los que pueden acceder para paliar esta situación. Pineda explica que el acceso a estas ayudas es diferente según cada caso y varían mucho dependiendo de si las mujeres se encuentran en una situación administrativa irregular. "Las que están solo con el pasaporte son las que tienen una situación más vulnerable ya que no pueden acceder a ningún tipo de ayuda", expone y añade que las personas que sí están regularizadas o son españolas también tienen dificultades para acceder a ellas porque "no tienen un empleo por el que coticen y no tienen beneficios", aunque aclara que ahora parece que sí podrán acceder al ingreso mínimo vital que ha anunciado el Gobierno de España, siempre que cumplan con los requisitos. "Tratamos de atenderlas con nuestros recursos y si no podemos las derivamos al banco de alimentos o a otras entidades", aclara Pineda.

Programa La Casita

La coordinadora del programa La Casita asegura que las administraciones ya se están poniendo en contacto con las entidades para garantizar la financiación y líneas de apoyo. En este sentido, Franquet afirma que en el caso del Cabildo ya se están articulando subvenciones para las ONG que trabajan en la Isla con colectivos especialmente vulnerables, como es el de las mujeres prostituidas. Durante el estado de alarma ambas entidades han mantenido la atención a estas mujeres de manera telemática, pero cuando las circunstancias lo permitan volverá n a salir a calle para seguir apoyando a estas personas como han hecho hasta ahora.