La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se tramita a nivel estatal, obligará a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones como muy tarde en 2023, lo que supondrá establecer espacios donde el tráfico podrá estar limitado, sobre todo en aquellos momentos en los que la contaminación supere ciertos valores, como ya ocurre en ciudades como Madrid o Barcelona. En Tenerife, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo cuatro municipios tienen que pensar en adaptarse a esta normativa y lo cierto es que ya están haciendo los deberes para adelantarse a las exigencias que establecerá esta nueva ley.
Santa Cruz y La Laguna ya han encargado un sistema de sensores a través del que se medirán las emisiones. El concejal de Seguridad, Movilidad y Medio Ambiente del Consistorio chicharrero, Florentino Guzmán, afirma que además se instalarán cámaras de alta resolución capaces de detectar a los vehículos más contaminantes.
A través de la puesta en marcha de este sistema se podrá controlar el acceso de coches a Santa Cruz de Tenerife, una ciudad que solo el año pasado experimentó 78 millones de movimientos de vehículos que entraron o salieron de la capital. "Esta cifra aumenta año tras año y se debe regular", manifiesta el edil.
Por eso, la intención del Ayuntamiento es ir restringiendo progresivamente el acceso de vehículos a la zona histórica para que finalmente solo puedan circular por ella el transporte público o los coches eléctricos.
Sin embargo, advierte que para ello primero será necesario tomar medidas que ya se están implementando como la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios, la apertura de carriles bici o la implantación de una extensa red de puntos de recarga eléctrica.
En este mismo sentido trabaja el Ayuntamiento de La Laguna, que también implantará una red de sensores que aportará en tiempo real datos sobre la calidad del aire. El edil de Bienestar Animal y Lucha Contra el Cambio Climático, José Luis Hernández, explica que una vez estén en funcionamiento el Consistorio podrá tomar "medidas restrictivas de tráfico, así como reducir la velocidad en determinadas zonas".
Hernández mantiene que el Ayuntamiento no se plantea limitar el uso del vehículo privado solo en el centro, sino que también piensa aplicarlo en otras zonas del municipio si los niveles de contaminación se exceden, aunque reconoce que el principal foco de contaminación lo supone la TF-5 a su paso por la ciudad.
Para el edil lagunero la puesta en marcha de estas medidas "debe realizarse sin ningún pero", a pesar de que puedan considerarse algo impopulares por una parte de la población. "La sociedad tendrá que ir adaptándose", ya que los vehículos son los culpables de la mayor parte de la contaminación que se concentra en las áreas urbanas.
Granadilla de Abona superó por primera vez en su historia en 2019 los 50.000 vecinos, lo que hace que este municipio del Sur de Tenerife también se vea obligado a aplicar esta norma. El concejal Delegado de Servicios Generales y Medio Ambiente, Marcos Antonio Rodríguez, asegura que la localidad ya está trabajando para elaborar un Plan de Movilidad Urbana, que dará al Consistorio las herramientas para mejorar la sostenibilidad del transporte en el municipio.
Entre las medidas que se tendrán que poner en marcha se encuentra el fomento del transporte público, así como posibles restricciones al tráfico en zonas como San Isidro o El Médano, que en la actualidad se encuentran muy congestionadas.
A pesar de que el borrador de la ley estatal establece la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes, el Gobierno de Canarias ya ha matizado que habrá que adaptar esta normativa a las particularidades de un territorio insular. Por lo general, los índices de contaminación del aire solo superan los valores límite en las Islas cuando se producen episodios intensos de calima, por lo que este puede ser uno de los condicionantes que se tenga en cuenta en el Archipiélago para aplicar las restricciones.
Por eso, José Luis Gómez, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arona, el cuarto municipio que tendrá que aplicar la norma, afirma que todavía hay que esperar para ver cómo quedan esas zonas de bajas emisiones en la ley y a su posterior reglamento o adaptación a las Islas. Aún así, manifestó que el municipio turístico se adaptará a ella cuando esta sea aprobada, aunque de manera consensuada con todos los sectores de la sociedad.
